Sobre la dependencia

Alberto Pérez (coportavoz de EQUO Sevilla).

La reforma del gobierno del PP sobre el Sistema de Atención a la Dependencia supone un duro golpe para su supervivencia. En Andalucía, el recorte presupuestario del gobierno central asciende a los 220 millones de euros durante dos años.

Sin embargo, El gobierno andaluz, no puede escudarse en este recorte para mantener al Sistema en una situación de total paralización. Han cerrado la puerta de acceso, y eso provoca que actualmente haya menos personas atendidas que hace un año, a pesar de existir una lista de espera de más de 50.000 personas. Si se continúa en esta línea, se convertirá en un sistema residual al borde de la desaparición por falta de beneficiarios, además de vulnerar los derechos de las personas dependientes ya reconocidas. Eso sin contar las importantes deudas que la Junta de Andalucía mantiene con las empresas de servicios de ayuda a domicilio, para personas con discapacidad y residencias de mayores.

Entre unos y otros están metiendo a la dependencia en un callejón sin salida, cuyas consecuencias son muy graves. Las zonas rurales están perdiendo estos servicios y en Andalucía se está registrando una falta de atención generalizada a las personas dependientes y pérdida de la calidad de la misma.

Es el momento de dar soluciones a estos problemas que tienen en la cuerda floja al Sistema, más aún en Andalucía donde hay un gobierno de corte progresista que fue elegido por la ciudadanía para que desarrollara políticas distintas al ejecutivo central. Defender la Dependencia es hacer política de otra manera, porque además de atender a estas personas, supone apostar por un Sistema con clara orientación de género –permite la incorporación de la mujer al mundo laboral-, y que abre importantes posibilidades para convertirse en un sector emergente y que cree empleo de calidad.

Hay que mantener los niveles de calidad en la atención a las personas dependientes y en el empleo del sector para garantizar el Sistema, cuyo sostenimiento ha de pasar por la elaboración de un Plan de Financiación para el pago de las deudas de la administración con las empresas de servicios. Y por último, se debe mantener el sistema de prestaciones públicas, y hay que establecer medidas de transparencia en Andalucía y en España.

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