La frontera interior del ministro Wert

Concha San Martín.

Muchas de las antiguas murallas no se construyeron para defender la ciudad de un enemigo exterior sino que se alzaron contra sus propios habitantes, con una finalidad de control y exclusión social por parte de quienes detentaban el poder. Así los encastillamientos de los señores feudales o el amurallamiento de barrios y arrabales dejaban encarcelados a sus vecinos por las noches o en momentos de rebelión popular.

Aquellas murallas fueron sustituidas por fronteras inmateriales que cumplen la misma función de garantizar el mantenimiento y reproducción del poder político y económico dentro del grupo social que lo detenta. Una de las más eficaces es la que asegura que los sectores sociales más desfavorecidos se mantengan en el territorio de la ignorancia o, al menos, no alcancen una formación que les aporte calidad profesional, conocimientos útiles, capacidad de análisis y juicio crítico o de iniciativa personal y colectiva. De esta forma nunca faltarán empleados dóciles y sin aspiraciones ni una mayoría ciudadana controlada y silenciada.

El requisito de la nota media de un 6,5 para que los hijos de las familias con menos recursos económicos puedan seguir sus estudios hasta el nivel que deseen y al que tienen derecho a aspirar, en las mismas condiciones que los de las familias con mejor situación económica, es una hilada más en este “muro de la vergüenza” que el maestro de obras Wert construye para sus señores: oligarcas reaccionarios que quieren poner de nuevo al grueso de empleados, trabajadores autónomos y pequeños comerciantes en el “apartheid” del que nunca debieron haber salido, más allá de la frontera que les impide el acceso a la educación, la cultura y, consecuentemente, al libre pensamiento. Sin duda, esta no será la última; aún le quedan más hiladas que poner a maese Wert para completar el encargo de culminar esta frontera interior que garantizará un futuro de legiones de parados y empleados ignorantes, poco cualificados y peor pagados, al servicio callado e incondicional del engranaje neoliberal.

Wert y sus coristas repiten su machacona canción sobre el exceso de licenciados universitarios y el problema que esto representa ¿Un problema para quién? ¿Qué mejor que un país con una población altamente educada y formada? Estará lleno de trabajadores inteligentes y cualificados, tendrá más emprendedores, no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. Puede que muchos universitarios no puedan trabajar en algo directamente relacionado con el campo disciplinar de sus estudios, pero seguramente la formación universitaria les aportará conocimientos y procedimientos que podrán aplicar en cualquier ámbito laboral o profesional y, sobre todo, les abrirá las puertas del enriquecimiento personal y cívico.

La educación pública de calidad y accesible a toda la ciudadanía es requisito imprescindible de la verdadera libertad de un pueblo, de una nación. Y es también factor determinante del desarrollo social que, a su vez, es cimentación de un progreso económico al servicio del bien común. Porque el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de la mayoría solo puede calificarse de regresión histórica. Y en Europa la brecha entre las rentas más altas y las más bajas no ha dejado de crecer desde los años 80, pasando casi inadvertida en los tiempos de la burbuja especulativa y ensanchándose bruscamente por efecto de la crisis desatada por quienes la crearon. España tiene uno de los indicadores de desigualdad más altos de la Unión Europea, según diferentes informes, entre ellos uno de Cáritas.

Pero el Gobierno de Rajoy no persigue el progreso económico general. Solo quiere que las cosas vuelvan a estar como estaban hace un siglo o más. Y para ello, sus ministros se afanan en remarcar con trazo fuerte esas fronteras inmateriales que, con mucho esfuerzo y lucha de varias generaciones, habíamos empezado a desdibujar. Fronteras invisibles pero mucho más infranqueables que las antiguas murallas o las modernas alambradas electrificadas. Como aquella que, me contaron, existió en un pueblo minero del sureste español, a finales del siglo XIX. En determinados horarios y festividades, a los vecinos de los barrios más pobres no les estaba permitido atravesar las calles y plazas más céntricas, para que la oligarquía local pudiera pasear tranquilamente sin ser molestada por la visión de la miseria producto de su despiadada explotación e injusto enriquecimiento.

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