Es preciso detener el decreto de Regulación y clarificación de la urbanización en suelo no urbanizable

Esteban de Manuel Jerez, co-portavoz de Equo Sevilla
 

El pasado día 10 de enero la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, presentó el 300.000 viviendas en mil urbanizaciones ilegales. Espero que la Consejería haga público un informe detallado sobre esta situación, que ubique las urbanizaciones ilegales en el plano para que todos podamos conocerlas y para que podamos comprender también la diversidad de situaciones y las distintas consecuencias de las distintas situaciones de ilegalidad. En esta situación nos encontramos casuísticas muy diferentes. Hay viviendas aisladas en el medio rural, viviendas diseminadas en suelo agrícola productivo, ligadas a vivienda de hortelanos, urbanizaciones dónde domina la segunda residencia en el medio rural, en parques naturales y en las costas y viviendas ubicadas en situaciones de riesgo ante desastres naturales anunciados (las que vemos inundadas periódicamente o arrasadas por torrentes cuando  hay lluvias torrenciales). Pero lo primero que uno se pregunta es cómo una sociedad democrática y con estado de derecho ha propiciado, consentido, hecho la vista gorda o favorecido esta situación de ilegalidad que crea agravio comparativo con quiénes actúan dentro de la legalidad. Es preciso delimitar responsabilidades y exigir que sean asumidas. Nada de esto se percibe sin embargo en el decreto. Y la razón es obvia. La principal responsable política de esta situación es la propia Junta de Andalucía, que tiene competencias  urbanísticas y de ordenación del territorio desde 1984. Y en este caso la responsabilidad es nítidamente del PSOE, partido que ha gobernado la Junta de Andalucía desde su inicio. Habría que preguntarle a la Consejera cuántas de estas 300.000 viviendas se han construido desde que la Junta asumió estas competencias y por qué no ha aplicado las herramientas legales de las que ella misma se ha dotado para hacer cumplir la ley. Esta responsabilidad de la Junta es compartida por los municipios en los que han surgido las  urbanizaciones ilegales, gobernados, ahora sí, por un amplio espectro de partidos políticos de todos los colores. Algunos, como señaladamente el Ayuntamiento de Vejer, no sólo ha consentido estas urbanizaciones ilegales en su litoral, no sólo no han tomado medidas para protegerlo, sino que promueven ellos mismos la destrucción salvaje del mismo, con operaciones como la macro urbanización del Palmar, al tiempo que urbanizan y asfaltan, a costa de los contribuyentes, las urbanizaciones ilegales, superando, en conjunto, todos los límites del despropósito en la administración de la cosa pública.

Pero las responsabilidades no sólo son políticas. Estas urbanizaciones han tenido promotores que han vendido a precio de “casi” urbano suelos rústicos, lucrándose en la operación con el consentimiento de la administración. Y ha habido consentimiento social, apoyado en la cultura de la picaresca, que ha visto en esta vía  una oportunidad de acceder más económicamente a una vivienda de segunda residencia en primera línea de playa o en medio de un parque natural de interior. Los propios notarios, registradores y jueces han sido colaboradores necesarios, por acción u omisión, tal y como resalta el informe Auken sobre sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario. Y ello pese al compromiso de algunos de ellos que, conscientes de la responsabilidad de los mismos, han hecho público los canales que tienen para hacer cumplir la ley y han dado orientaciones claras al colectivo.

Esta forma de urbanizar al margen de ley, en suelos no urbanizables declarados así por su valor paisajístico, productivo agrícola o forestal, o valor natural, o bien por encontrarse expuesto a inundaciones, ha creado un perjuicio medioambiental, patrimonial y social difícilmente reparable y ha creado una cultura de corrupción política con la que se debe tener tolerancia cero. Pero difícilmente podrá tomar una iniciativa audaz y  justa, que exija responsabilidades y trate de revertir o a menos compensar el daño realizado, quién ha tenido la responsabilidad de evitar esta situación y no lo ha hecho. Por ello el decreto, pese a reconocer el daño causado, se centra en regularizar y dotar de derechos a quiénes han actuado al margen de la ley.

Este hecho ha  motivado la reacción ante el decreto de movimientos sociales como Ecologistas en Acción, de partidos políticos como Equo y ha despertado el sentimiento de indignación de ciudadanos que han comprado sus viviendas construidas legalmente y que ven como se abre la puerta a la legalización y el reconocimiento de quiénes han comprado viviendas más baratas, por haberse evitado los costes que supone la construcción legal (proyectos, licencias, obras de urbanización, cesión de suelo para espacios públicos y equipamientos, cesiones de aprovechamiento para creación de patrimonio público de suelo en el que hacer promociones de viviendas de interés social). Esto crea una situación de agravio comparativo y puede ser corrosivo para el futuro dado que crea un precedente. Es este un tema puesto sobre la mesa en el Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre urbanizaciones ilegales en Andalucía, publicado en el año 2000, poniendo énfasis en su importancia para el estado de derecho y  la complejidad del tema por la corresponsabilidad público privada que ha llevado a esta situación.

Precisamente por ser un tema tan sensible pensamos que sólo puede ser en el marco de un debate público transparente, en un proceso participativo que busque soluciones al problema, diferenciadas según las situaciones, basadas en los principios de transparencia, de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de protección de los suelos de interés productivo agrícola o forestal, paisajístico o natural. Sobre la mesa hay propuestas y criterios muy meditados y equilibrados que han sido ignorados como los que expuso Ecologistas en Acción Andalucía en 2008. Por ello, dado que nos encontramos al final de una legislatura, lo sensato sería paralizar este decreto y esperar a que un nuevo parlamento, confiemos que renovado en profundidad, pueda acometer este tema con  mayor legitimidad.

Los contenidos que publica esta página son opiniones personales y no reflejan la posición oficial de EQUO Sevilla en ningún tema tratado.

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