EQUO Sevilla denuncia la falta de valentía de la Junta de Andalucía contra el fracking

EQUO Sevilla ha expresado su descontento y desilusión con la decisión final de la Junta de Andalucía de no aprobar el Proyecto no de ley sobre la prohibición de las técnicas de fracking en territorio andaluz debatida el día 28 de Mayo en el Parlamento Andaluz.

EQUO Sevilla considera que esta decisión evidencia que el gobierno de la Junta de Andalucía no quiere ni puede liderar la lucha social y política contra el fracking por la falta de valentía del PSOE y la escasa relevancia de IU en este tema.

EQUO considera que el decreto sobre la moratoria temporal de la técnica de fractura hidráulica anunciado hace unos días por el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila es claramente insuficiente. Como la misma Consejería ha admitido, es un decreto que afectaría a las concesiones de permisos que se presenten a partir de la aprobación del mismo, pero no a los permisos ya concedidos. En caso de que las prospecciones en curso atestiguaran la presencia de hidrocarburos, el permiso final dependería únicamente del Ministerio de Industria, gran defensor del fracking.

EQUO Sevilla ve intereses ocultos en la moratoria aprobada por el Parlamento Andaluz y presiones por parte del lobby energético. Según el coportavoz de EQUO Sevilla, Alberto Pérez: “No es responsable que desde la Administración se autoricen exploraciones a empresas con intereses económicos claros, sin atender a los perjuicios que esto acarrearía a las poblaciones afectadas”.

EQUO en su compromiso contra estas prácticas forma parte de la Plataforma Andalucía Libre de Fracking, y expresa que aún existe un gran desconocimiento del tema en la sociedad. Los retos energéticos que como sociedad nos enfrentamos exigen una participación colectiva y la desobediencia activa.

Desde Equo Sevilla abogamos por una energía renovable que no nos haga depender de combustibles fósiles. El gas natural no es una solución energética de futuro y reclamamos que mediante iniciativas políticas culminemos con la elaboración de una ley de obligado cumplimiento en Andalucía para que estas prácticas no se produzcan en nuestro territorio.

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