Carta Social Europea: campaña por su cumplimiento en España

Desde EQUO Sevilla apoyamos esta campaña por el cumplimiento de la Carta Social Europea y te pedimos apoyo y difusión:

#ReclamaCartaSocial es una Campaña de Reclamación vía jurídico-administrativa que denuncia el incumplimiento de la Carta Social Europea en cuanto al sistema de Rentas Mínimas en España se refiere, si bien todas son manifiestamente insuficientes y no llegan al umbral de la pobreza fijado por EUROSTAT para el estado español (663,51€ para el año 2014).

En este enlace puedes obtener información sobre la campaña y apoyarla.

¿Sabías qué…?

La Carta Social Europea es una Carta de Derechos elaborada en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar un marco europeo de libertades y derechos un poco a semejanza de la Carta de Derechos Humanos de la ONU y en la perspectiva de superar la conflictiva historia europea anterior.

carta-social-europeaLos Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron en 1961 esta Carta Social Europea (CSE), que supone el segundo gran instrumento de derechos humanos de esta organización internacional después del Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950). Contiene una lista de 19 derechos sociales en el ámbito principalmente laboral y de la salud. En 1988 se adoptó un Protocolo adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 adoptó un nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea (revisada), hasta alcanzar los 31 derechos sociales.

España es Estado parte de la CSE (1961) y de su Protocolo (1988), pero no de la Carta revisada de 1996. Eso sí, ha aceptado íntegramente los 19 preceptos de la CSE y los cuatro del Protocolo y está obligada por ellos, formando parte del ordenamiento jurídico español.

Para el cumplimiento de la Carta o reclamar su cumplimiento existen una serie de instituciones y mecanismos, en lo que se refiere a la carta de derechos civiles está el tribunal de Estrasburgo, y en lo referido a la Carta de derechos sociales está el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este último emite unos informes anuales en los que manifiesta el grado de cumplimiento de los países y hace una serie de exigencias. En principio un incumplimiento de la CSE se podría reclamar a ese Comité pero España no tiene firmado el protocolo de reclamaciones colectivas, lo que obliga a hacer las reclamaciones a título individual por parte de las personas que consideran vulnerados sus derechos, siendo necesario para ello agotar todo el procedimiento legal dentro del propio país. Esto quiere decir que habría que empezar por una reclamación administrativa y continuar después con las sucesivas instancias judiciales. Podría suceder también que en el camino un juez se pronunciara a favor y determinara la necesidad de cambiar una ley y que se cumpla la CSE sin necesidad de llegar hasta el CEDS.

El Comité viene reclamando a España una serie de incumplimientos sucesivos desde el año 2000, en relación a una serie de cuestiones: laborales, protección de la familia, etc. En lo referido al derecho a una protección económica: prestaciones, ayudas y subvenciones, los informes del comité señalan muy claramente que éstas deben estar como mínimo en el umbral de la pobreza y que esto sólo se cumple en el País Vasco y Navarra (incluso se constata que desde hace algún tiempo ya tampoco se cumplen en estos terrirorios.)

En EQUO hemos sido conscientes de todo esto y hemos incluido en nuestros programas, entre otros el de las elecciones generales, el compromiso de hacer que se cumpla la Carta Social Europea en lo relativo a las rentas mínimas y otras prestaciones.

En este contexto, la Marea Básica contra el paro y la precariedad ha reconocido que ya están recogidos en el ordenamiento jurídico a través de la Carta Social Europea determinados derechos que permitirían un gran avance en el sistema español de protección social y un paso adelante en el camino hacia el objetivo principal de la renta básica.

Debido a las circunstancias de que no está firmado el protocolo de reclamaciones colectivas y que las reclamaciones se deben hacer a título individual, la campaña que planteamos es una asesoría jurídica a las personas que consideren vulnerados sus derechos, para que inicien el proceso de reclamación primero administrativa y luego judicial. Desde Marea Básica se hará un acompañamiento completo en los procesos, y se organizarán acciones que llamen la atención sobre esta situación, todo ello con el objetivo final de mejorar la situación de la gente necesitada, objetivo real de la campaña.

Más información en mareabasica.es

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