El día que el gobierno municipal se sacudió a parte de la oposición y un grupo de ciudadanos exigió su derecho a trabajar

Pienso que se refiere a la discusión sobre el cambio de regulación que busca reducir la participación de los partidos minoritarios, pero cuando se niega a enseñar en el control algo que lleva en el bolso –“son mis labores”, dice, dándose la vuelta y renunciando a entrar en la sala–, entiendo que debía ser una pancarta [una pena, ya no habrá color].
Entro y están discutiendo puntos de urbanismo, en concreto el expediente de regularización de unas viviendas en Haza Grande que, a pesar de aprobarse por unanimidad, no está exenta de cierta fricción: IU pide al PP que procure “más diálogo y menos alarma social”, el PSOE se queja de las formas de la concejalía al no proporcionarle las fotocopias del expediente y la concejala, Isabel Nieto, responde que no es la secretaria de nadie, y que si quiere fotocopias “se las hace usted con sus manitas”.

Las refriegas entre la concejala de urbanismo y la oposición parecen ser más que habituales, porque se acusan mutuamente de “no hacer los deberes” y el PSOE le recrimina que no es la primera vez que evita responder a sus preguntas. La legalización de una casa en la calle Virgen Blanca, en una zona de la Vega no urbanizable pero inventariada antes de 1985 –por tanto, legalizable según el plan de ordenación urbanística–, genera otro extraño debate: IU y PSOE muestran su preocupación por la intención del dueño de abrir un salón de celebraciones, lo que supondría problemas de residuos y de movilidad –además de una tentación de seguir urbanizando la Vega–, y Nieto asegura desconocer las intenciones del dueño; lo que resulta curioso porque, en el segundo turno de réplica, el PSOE aclara que la solicitud para el salón figura en el expediente.
La aprobación del Plan Especial Albaicín también genera un agitado debate, en gran medida propiciado por enfrentamientos partidistas que siempre terminan fraguando en el “y tú más”. Y una se pregunta: ¿por qué no son capaces, aunque sea de vez en cuando, de aparcar sus odios mutuos y pensar en el bienestar de los ciudadanos que pagan sus sueldos y que necesitan que solucionen sus problemas?

Reforma del ROM: el gobierno se sacude a parte de la oposición
Pero la Gran Tensión surge en el punto relacionado con el cambio del ROM (Reglamento Orgánico Municipal), que propone el PP en aras de la austeridad (en un Ayuntamiento con más tenientes del alcalde que concejales rasos) y de la agilidad en los plenos. Un cambio en el reglamento que supondrá que, a partir de las siguientes elecciones, los partidos que no obtengan tres concejales no puedan formar grupo propio, lo que les negará la posibilidad de plantear enmiendas y propuestas así como el derecho a un segundo turno de réplica –si esa nueva normativa pudiera aplicarse en esta legislatura, Izquierda Unida (con dos concejales) y UPyD (con uno) quedarían en esta situación, y tampoco podrían disponer de despacho y asesores. [Ante esto, y considerando la mayoría absoluta del PP, pienso: “vale, los plenos son largos y el PP se aburre oyendo quejarse al resto de cosas que, obviamente, va a ignorar; pero, ¿por qué no quedar como unos señores y fingir que respetan el juego democrático, leer algo en el iPad, comentar sus cosillas con el concejal de al lado –cosa que ya hacen– o refugiarse en Babia un par de horas mientras la oposición se desgañita en vano? Pues no, parece que la oleada de mano dura y del “tengo mayoría absoluta y los demás os chincháis” está calando].
La oposición, en efecto, se desgañita ante lo irracional de esta modificación del ROM: UPyD habla de dictadura, de atentado contra la democracia y de la prepotencia del gobierno al considerar nulas las ideas de los demás grupos. Izquierda Unida considera este el día más triste de la democracia en Granada, al establecer una distinción entre concejales de primera, segunda y tercera –cuando NO hay votantes de primera, segunda y tercera, o no debería haberlos–, y recuerda que los grupos pequeños ya han pasado el 5% que fija la ley electoral y que están ahí representando a parte de la ciudadanía. El PSOE apunta que esta normativa pone de manifiesto la forma de entender la política del PP, que por sistema ignora al resto de grupos políticos y se niega a escuchar a la ciudadanía (como en casos como la Carrera del Darro, la defensa de la Vega o la biblioteca del Zaidín); recuerda también que el ROM actual fue fruto del consenso, y que ahora se rompe.
Pero el PP, representado en este caso por Juan García Montero, se limita a felicitar a los servicios jurídicos que han realizado el informe y a recordar que les corresponde a ellos la iniciativa reglamentaria. También, para mi estupor, señala que los comunistas no son quiénes para dar lecciones de democracia dado su pasado [cuando, si nos remitimos a otro espacio o tiempo en busca de malas lecciones de política, en realidad no hay que irse muy lejos: ahí está el fundador de Alianza Popular, ahora Partido Popular, que aseguraba que la calle era suya como ministro de Franco]. García Montero también afirma no haber recibido aportaciones sobre el borrador entregado a los portavoces, ante lo que –asegura– hubieran abierto el diálogo, y que en cambio presentaron un escrito pidiendo la paralización.
Tras otro poco de farfolla sobre los defectos de forma de este escrito y sobre la garantía jurídica de su informe, la oposición aprovecha el segundo turno de réplica (ese que está en vías de extinción para los partidos minoritarios). UPyD asegura que nunca hubo intención de diálogo, puesto que entregaron el informe una hora antes de la junta de portavoces (“¿se piensan que somos tontos?” les pregunta Mayte Olalla; respondo yo misma: “sí”). IU les conmina a retirar la norma y negociar, ya que con ella el alcalde será poco menos que “primo de dios” al decidir sobre el derecho de réplica o las preguntas de los periodistas. El PSOE les exige que respondan por qué introducen esta normativa ahora (“¿a qué tienen miedo?”, les pregunta), a despachar en una semana cuando el ROM actual tardó un año en acordarse.
Ante esto, García Montero ofrece un poco más de lo mismo (bueno, un poco más irrespetuoso): “Todos mienten menos yo, es un texto previsor, responsable, ágil, blablabla…”. Votos a favor: 15; en contra: 11. Normativa aprobada. Y SE ACABÓ (se te hiela la sangre con algo así).
Después de este punto se discute sobre el nuevo plan Granada Turismo, que la oposición tilda de “chiringuito del PP” en varias ocasiones al faltar organismos como la Junta o la Universidad y al mostrar una “superrepresentación” del Ayuntamiento; pero el cansancio va haciendo mella y se oye un murmullo de fondo que casi impide atender. Y quien escribe siente cada vez más tristeza y no puede dejar de pensar cuánto les cuesta a los ciudadanos este gobierno repleto de gente que se aburre y pasa de ellos. En ocasiones, y dado el surrealismo de algunas situaciones y la duración de las sesiones (ya es casi la una y la sesión comienza a las diez), da la sensación de participar en una especie de realidad paralela –algo curioso, porque ahí es donde se decide nuestra realidad.
Entonces reparo en que la señora que no pudo entrar ha vuelto. Me pide unas hojas en blanco y veo cómo un grupo de personas se las reparte y empieza a escribir en ellas. Dado lo heterogéneo del grupo no hay forma de saber qué causa iban a reivindicar, pero varios sonríen irónicamente cuando, ante una pregunta de IU, la concejala de Protección Ciudadana, Telesfora Ruiz, asegura que no existe ni ha existido nunca abuso de autoridad por parte de la policía local.
Cuando se discute el nuevo Plan Joven Municipal, que tampoco cuenta con muchos apoyos, el grupo de levanta en silencio y enseña sus cuartillas. Desde mi posición apenas distingo el texto, más allá de las palabras “huelga de hambre”, e interpreto que buscan apoyo para los parados de la Asociación Casería de Montijo que comenzaron una huelga de hambre a principios de semana. Se les dice que deben retirar las pancartas y abandonar la sala, pero una mujer exclama que su hijo está en huelga de hambre y que tienen derecho a un trabajo. Aunque algunos del grupo obedecen y comienzan a retirarse (varios policías se han acercado ya a ellos), la mujer se planta y dice que no se irá, les exige que hablen menos y que busquen más soluciones. Desde la tribuna le exigen que desista, pero se agarra al banco y se niega a que la saquen (¡bravo!). Finalmente, conminada por varios guardas, se dirige a la salida gritando que quieren soluciones, que “vosotros tenéis el estómago lleno y nosotros la nevera vacía”.
Y yo miro a los que se van y a los que se quedan (que observan el drama de esta gente como si fuera un mero espectáculo), y decido irme con ellos –a fin de cuentas, esa señora me representa mucho más que ese gobierno municipal. Algunos son, en efecto, integrantes de Casería de Montijo –que ocuparon hace unos meses una zona abandonada a orillas del Beiro para cultivar huertos de subsistencia (bravo otra vez) –, y otros son parte del grupo Stop Desahucios del 15M. Me acerco con ellos hasta la sede del Arzobispado, donde Santiago, Isaac y Alberto hacen huelga de hambre indefinida desde el martes. La señora me presenta a su hijo, Isaac, y bromea sobre su delgadez (“mira, lo flaco que es y cómo se me va a quedar”). Él me cuenta cómo llegaron a esta medida desesperada, que les han permitido dormir en la sala de exposiciones (“como no hay exposición, nos tienen expuestos a nosotros”) y que ya no saben qué más hacer. Y, al escucharle, siento la misma impotencia que ellos al vivir en un sistema que obliga a los ciudadanos a tener que paralizar un pleno para que los políticos, que deberían estar al servicio del pueblo, se enteren de que estos problemas existen, que gran parte de la población se encuentra en una situación de desamparo absoluto y que tienen la obligación de buscar soluciones.