Desde EQUO calificamos como una vergüenza el desprecio que el gobierno andaluz hace a la Educación en igualdad, a nuestra Educación Pública para todas las personas de Andalucía, frente a los intereses de la Educación Privada concertada y subvencionada.
La política de la Junta de Andalucía en beneficio de la Educación concertada con centros privados es un ataque a la igualdad de oportunidades y reduce la educación pública a una educación para pobres. Por ello desde EQUO exigimos que no se amplíe ninguna línea de concierto y que se destinen de forma exclusiva los fondos públicos a ampliar y mejorar la red pública de enseñanza.
Así, denunciamos la creciente tendencia del gobierno de la Junta del Andalucía, supuestamente progresista, a destinar menos recursos a la red pública de enseñanza para promover una red concertada que no responde al interés general de la sociedad, sino sólo a las aspiraciones y necesidades de un sector muy concreto, unas clases medias que, frente a la creciente desigualdad, buscan distanciarse como sea del resto, menos favorecido, de la sociedad.
En palabras de la nuestra diputada autonómica y coportavoz, Carmen Molina, “Es una vergüenza que un gobierno que se dice socialista apueste por cerrar aulas y centros públicos, que son, junto con la salud pública, uno de los grandes pilares de un estado democrático y social. Con esta política de promover una educación concertada, en la que se busca en teoría una mayor calidad y en la práctica una exclusión social, Susana Díaz demuestra que no cree en una “escuela pública para todas”, sino sólo para quienes no puede escapar de la misma.”
El continuado goteo de cierres de aulas se quiere justificar con los cambios demográficos, pero es una excusa que no se sostiene, para promover un modelo neoliberal, segregado y antidemocrático. Así, para el actual curso 2016/2017 la Consejería de Educación prevé numerosos cierres de aulas, hasta llegar, posiblemente, a 600 unidades en toda Andalucía.
Por su parte, nuestra coportavoz Isabel Brito, reclama destinar “el gasto público a la red pública que, junto a las labores puramente formativas, cumple una función insustituible de cohesión social, reducción de las desigualdades y educación en valores democráticos ausente, en la mayor parte de los casos, en la concertada. Con esos fondos, se puede y debe mejorar la calidad de la educación, reduciendo la ratio, desarrollando proyectos educativos innovadores para mejorar el aprendizaje, implementando programas específicos, etc. También serviría para acercar la educación reglada a modelos educativos más abiertos y participativos, que hagan de nuestras niñas y niños mejores personas y ciudadanos.”
El asalto premeditado a la educación pública comienza, de forma escalonada en los niveles inferiores. Según datos de la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil, entre 2010 y 2015, el alumnado andaluz matriculado en la educación pública en segundo ciclo de educación infantil ha disminuido en 15.333 personas, lo que supone un descenso del 6,79 %. Frente a ello, la escuela concertada ha aumentado en 1.269 alumnos/as, un 2,53 % más. Esto ha supuesto que la escuela pública ha perdido 469 unidades en infantil, mientras que a la privada concertada la Junta le ha concedido 82 unidades más.
