Trabajo, economía y medio ambiente #CompromisoConAndalucía

COMPROMISO electoral de EQUO VERDES – INICIATIVA ANDALUCÍA

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES ANDALUZAS 2018

El programa gira en torno a cinco ejes fundamentales: Trabajo, economía y medio ambiente; ecofeminismo; derechos; sociedad, cultura y solidaridad; y finalmente democracia, autonomía y federalismo. (Aquí puedes descargarte completo el  programa electoral EQUO VERDES – INICIATIVA ANDALUCÍA)

Aquí te detallamos el primer bloque sobre trabajo, economía y medio ambiente:

programa a papel de EQUO VERDES - INICIATIVA ANDALUCÍA 2018Bloque 1: Trabajo, economía y medio ambiente

 

  1. TRABAJO, ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

Andalucía está en la actualidad muy por encima de la media española en cuanto a índices de paro se refiere y tiene una de las mayores tasas europeas.

Respecto al trabajo y el ámbito económico, las políticas de recorte y austeridad del Partido Popular han contribuido a agravar la situación y sectores económicos como la industria extractivista, han dejado poco valor añadido en el territorio o han estado sujetos a condiciones de gran estacionalidad, como el sector turístico. La crisis, el paro y la precariedad han tenido como protagonistas principales a las mujeres andaluzas puesto que las políticas de apoyo a la dependencia, o a la conciliación de la vida laboral y familiar han sido las primeras que se han recortado, incrementando aún más las desigualdades entre hombres y mujeres. La agricultura intensiva o la agroindustria tampoco han contribuido a conservar el territorio y la calidad de vida de las andaluzas y andaluces, sino a sobreexplotar bienes comunes como el agua y el suelo, a generar residuos no reutilizables ni reciclables, y a precarizar aún más el empleo, que en muchos casos ha terminado desarrollándose por personas migrantes en situación de máxima vulnerabilidad, mayoritariamente mujeres.

Si hablamos del medio ambiente no podemos olvidar el agua. El agua es un derecho humano universal y el acceso a la misma tiene que ser facilitado en condiciones de calidad. La única manera de lograrlo es que se recupere como servicio público y se remunicipalice. Andalucía cuenta con suficientes recursos naturales como el sol y el viento para generar el 100% de la energía a partir de fuentes limpias. Es necesario para ello disponer de un marco normativo estable, y una política de incentivos que impulse las tecnologías limpias, y el tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa. Al mismo tiempo es preciso impulsar la soberanía energética, reduciendo la dependencia energética del exterior de fuentes fósiles, como el petróleo o el gas, y democratizando el sector energético a través de fórmulas como las cooperativas energéticas al tiempo que se garantiza un consumo mínimo a las familias vulnerables. Electrificar el transporte público y adaptar nuestras ciudades y municipios para mejorar la calidad del aire y el metabolismo urbano, redundará en una mejora sustancial de la salud y la calidad de vida en Andalucía.

La planificación de la movilidad y las infraestructuras previstas tienen que atender la diversidad social y funcional y son herramientas esenciales junto al urbanismo sostenible para recuperar las ciudades y municipios como espacios amables para la convivencia y la construcción colectiva.

Capítulo 1: Trabajo para todas y todos. Derechos laborales contra la precariedad.

A) LA SITUACIÓN

Diez años después de la crisis, Andalucía tiene un 23% de paro, cerca de 8 puntos por encima de la media española: la tasa de paro mayor de todo el Estado y una de las mayores de toda la Unión Europea. Tenemos 910.000 parados y paradas sobre una población activa de 4 millones de personas. Además esta población activa es el 57% del conjunto de la población andaluza, es decir, 1,8 puntos inferior a la media del Estado, lo que significa que a las más de 900.000 personas en paro hay que sumar al menos unas 100.000 personas que están tan desmoralizadas que ya no buscan trabajo y, que por lo tanto, no figuran en las estadísticas como población activa.

Las políticas austericidas y destructoras de los derechos laborales en un contexto de consolidación digital y crisis económica han precarizado el empleo, aumentado la tasa de temporalidad, bajado los salarios y fomentado el empleo sumergido. La reforma laboral aprobada por el Gobierno central no va encaminada a crear un marco normativo de fomento del empleo si no que ha provocado un mayor desempleo y precariedad.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Nuevo modelo productivo para la creación de empleo

  • La creación de empleo es un objetivo prioritario de la coalición y está presente de forma transversal en todo nuestro programa y de forma especial en las propuestas de cambio de modelo productivo.
  • El nuevo modelo productivo exige cambios estructurales en el empresariado andaluz encaminados a su capacitación profesional, a su renovación. También el mundo laboral está necesitado de una recapitalización de sus conocimientos. Por otro lado, el sector público deberá reestructurarse para responder ágilmente a las nuevas necesidades. Y, por último, el sector financiero está obligado a reorientarse, haciendo que la financiación llegue a los proyectos dirigidos a esa nueva economía y creación de empleo.
  • Las Universidades públicas de Andalucía son un garante de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), por lo que deben contar con financiación suficiente para que las iniciativas empresariales surgidas de sus campus, muchas de ellas con poca demanda de insumos y con producciones de alto valor añadido, puedan nacer y mantenerse con posibilidades de éxito.
  • Potenciar el empleo verde e impulsar los sectores emergentes como palancas de nuestro desarrollo económico y del cambio de modelo productivo, representadas por la agricultura y ganadería ecológica, la silvicultura, la aeronáutica, las energías renovables, la movilidad sostenible, los servicios sociales, la biotecnología, la salud, las tecnologías de la información y la comunicación y las industrias culturales, son un potencial industrial válido para nuestra región.
  • El empleo de calidad y/o empleo verde, lo impulsaremos desde una economía baja en carbono, que reduzca el consumo de energía, materias primas y agua mediante sistemas productivos eficientes, que minimice o evite los residuos o contaminación y proteja los ecosistemas y la biodiversidad. Las formas tradicionales de producción y aprovechamiento agro-ganadero y silvícola son un valor.
  • La generación de riqueza, la diversificación y la dinamización de las economías de áreas rurales cuentan con un alto potencial de desarrollo, favoreciendo la cohesión territorial en Andalucía. Los nuevos yacimientos de empleo ofrecen múltiples oportunidades en el medio rural: sectores como la rehabilitación de viviendas, los servicios a personas en zonas envejecidas, la agricultura y ganadería ecológicas, los servicios medioambientales, los aprovechamientos forestales, la industria agroalimentaria, la producción de energía con biomasa, la conservación y gestión de los espacios naturales o los servicios turísticos sostenibles y de ocio, servicios de ahorro y eficiencia en el uso del agua, las empresas de servicios energéticos.

Derechos laborales contra la precariedad

  • La coalición EQUO – INICIATIVA defiende el empleo de calidad, el único que ofrece oportunidades para que los hombres y mujeres puedan desempeñar un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, en el que los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social.
  • Las reformas laborales de 2010 y 2012 han sido catastróficas y la tasa de desempleo alcanza el 23,1% en nuestra región. El diálogo social ha dado paso a la imposición, la articulación de la negociación colectiva ha sido desplazada por el ataque a los convenios colectivos de mínimos, la negociación en el seno de la empresa sobre la base de la flexiseguridad se ha sustituido por la modificación unilateral de las condiciones de trabajo sin causa suficiente. El objetivo ha sido la devaluación y el trasvase forzado de rentas de los asalariados a los detentadores del capital. Los bajos salarios son la verdadera causa de la puesta en cuestión del sistema de seguridad social. El segundo efecto ha sido un grave aumento del fraude empresarial. Medidas como la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial han permitido la proliferación de trabajo y salario no declarados, al prolongarse frecuentemente las jornadas pactadas a voluntad de los empresarios sin posibilidad de control de la Inspección.
  • La degradación de las condiciones de trabajo y del poder colectivo de los/as trabajadores/as se une a las facilidades para el fraude a causa de la desaparición de instrumentos de control, hasta el punto de que en muchos casos da la sensación de que el mayor éxito de la reforma es la generalización de la idea de que todo está permitido con total impunidad. A medida que nuestro trabajo se dificulta, las facilidades para el fraude se multiplican.
  • Debe iniciarse el camino hacia un modelo laboral solidario y sostenible apoyado en una jornada laboral de 35 horas semanales, explorando nuevas fórmulas de trabajo no presencial, facilitadas por las nuevas tecnologías, que incrementan la productividad, la calidad del trabajo realizado, la satisfacción de trabajadores y trabajadoras, la conciliación de la vida laboral y familiar y la corresponsabilidad en los cuidados.
  • Es preciso, que se promocione la seguridad y salud, que se alcance la igualdad en el trabajo de los hombres y mujeres, que se incorpore en plano de igualdad a la población migrante, que se disponga y se aplique un plan de formación.

 

Políticas activas de empleo

  • La coalición EQUO – INICIATIVA quiere ir más allá de acciones puntuales limitadas y con escasa permanencia en el tiempo. Por eso, en clave de políticas activas de empleo, propone una serie de medidas para la creación de empleo.
  • Defendemos que deben ponerse en marcha políticas de apoyo a la creación de empleo y a su efectiva distribución.
  • La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) dispone de competencia y capacidad para intervenir, pero su actuación está centrada en grandes planes de transferencia de dinero a las entidades locales para crear puestos de trabajo efímeros que desaparecen una vez finalizada la subvención, con lo que es necesario una reforma de esta institución.
  • De acuerdo con nuestro concepto federal del Estado, las medidas que proponemos son tanto competencia de la Junta de Andalucía como del Estado. Entendemos que no son compartimentos estancos sino que las que son competencias de la Junta serían de ejecución directa mientras que las que son competencias del Estado exigirían la posición activa del Parlamento y del ejecutivo andaluz en su reivindicación y del ejecutivo andaluz en su reivindicación y conquista.

 

C) MEDIDAS

Creación de empleo

  1. Plan especial de empleo para Andalucía. Articularemos un plan de choque con medidas urgentes para reactivar la economía, la generación de empleo y el reparto del trabajo, para reducir del paro. En este plan se deben considerar especialmente el sector dirigido a la rehabilitación de edificios y a la construcción de nuevas infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas, así como un nuevo modelo productivo basado en una economía del bien común, que permita conservar nuestro patrimonio natural, histórico y cultural para el presente y las generaciones futuras.
  1. Pacto por el Empleo en Andalucía consensuado con todas las fuerzas políticas y agentes sociales.
  1. Realizar una apuesta decidida por los nuevos yacimientos de empleo, con especial atención a la estructuración de un potente sector socio-sanitario y de servicios personales así como a las actividades en el ámbito rural.
  1. Impulsar fórmulas que permitan trabajar menos horas y emplear a más personas, para lo que es necesario incentivar acuerdos voluntarios de reducción de jornada laboral con la incorporación de más personas al trabajo y terminar con las horas extraordinarias.
  1. Implantar bonificaciones a la contratación de colectivos de personas en riesgos de exclusión. Estas ayudas ya existen, tanto por parte del Estado a través del SEPE y de la Junta.
  1. Ley de Juventud y Plan de Empleo Juvenil que tenga como uno de sus principales objetivos el fomento del empleo joven y la lucha contra la fuga de cerebros.

Derechos laborales contra la precariedad

  1. Restauración y avance en los derechos laborales. Derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.
  1. Participación de los trabajadores/as en las grandes empresas. En los consejos de administración de las empresas de más de 250 trabajadores/as se reservará un tercio de los puestos del consejo de administración para los trabajadores/as. Se creará un fondo de propiedad con parte de los beneficios para convertirlos en acciones para los trabajadores/as, que repartirá dividendos y se destinará una parte a mejorar los servicios públicos.
  1. Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros, de forma que se aproxime al 60% del salario medio neto, tal y como establece la Carta Social Europea suscrita por España.
  1. Creación de un marco andaluz de relaciones laborales.
  1. Desistimiento de las querellas contra sindicalistas e indulto a las personas que han sido condenadas por participar en movilizaciones.
  1. Asegurar la calidad en el empleo mediante la persecución del fraude laboral y los contratos precarios, así como la agilización de las demandas judiciales en el ámbito laboral.
  1. Dotación suficiente de la Inspección de Trabajo.
  1. Acabar con los falsos contratos temporales.
  1. Garantizar la salud y la seguridad mediante el refuerzo de los mecanismos de prevención de riesgos e inspección en el ámbito laboral.
  1. Revertir la reforma de las Mutuas, que supuso un recorte en los derechos de trabajadoras y trabajadores y sólo ha servido para invadir competencias de los servicios públicos privatizando la gestión de actividades que deberían ser exclusivas de la Seguridad Social.
  1. Dotar con suficientes medios, económicos y humanos, al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Establecer la figura del delegado y delegada de prevención territorial o sectorial.
  1. Aplicar decididamente las medidas de lucha contra la discriminación indirecta en el trabajo (promociones profesionales, permisos, reducciones de jornada…) y salarial entre mujeres y hombres.
  1. Reforzar los mecanismos de control del cumplimiento de la legislación en materia de igualdad en las empresas.
  1. Implantar políticas de apoyo a la Conciliación Laboral y Personal. Se ampliará la baja paternal a un mes, y la actual maternal a un total de dieciocho meses, de libre disposición y reparto entre los dos progenitores para fomentar la corresponsabilidad, proporcionando así las condiciones necesarias para seguir las recomendaciones de las principales autoridades sanitarias en materia de lactancia materna. Fomentar de manera efectiva la lactancia materna, como método eficaz de prevención de enfermedades.
  1. Apoyar económicamente a las familias que deseen tomar un paréntesis laboral hasta los tres años del hijo, a escoger por uno de los progenitores, teniendo derecho a recibir formación en este período y conservando el derecho a regresar a su puesto de trabajo.
  1. En el ámbito empresarial, fomentar el teletrabajo y la flexibilización de horarios, además de la creación de escuelas infantiles, ludotecas y salas de lactancia, incentivando fiscalmente a las empresas que incluyan en sus centros de trabajo estas medidas de conciliación. Crear ayudas para las pymes que contraten personal y lo formen antes de la baja maternal, especialmente a jóvenes.
  1. Mejorar la calidad asistencial de escuelas, garantizando la profesionalidad el personal y aumentando la ratio de profesorado por niño o niña y facilitando su formación continua en últimos avances en neurobiología y educación libre y mejorando las instalaciones.
  1. Reforma integral del sistema de desempleo que permita extender la acción protectora de las prestaciones de desempleo enmarcadas en la Seguridad Social y reorganización del conjunto de prestaciones de desempleo que actualmente existen para una reorganización integral de este sistema con la que se dé solución a las lagunas de protección que sufren de forma estructural las personas
  1. Medidas fiscales y legales para potenciar las cooperaticas.
  1. Defensa de las personas en régimen de Autónomos, garantizando sus derechos laborales y de la Seguridad Social.
  1. Recuperación de los derechos del personal empleado público.

Políticas activas de empleo

  1. Reforma del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE), introduciendo un análisis y evaluación de lo ya ejecutado que permita corregir y mejorarlo y revisión de la Estrategia española de activación para el empleo 2017 – 2020, con la participación en plano de igualdad de las AA.
  1. Reformas integrales en la gestión de las políticas activas de empleo, e implementar medidas para la reorientación y la evaluación continua de dichas políticas. Estrategia de Políticas de Activas de Empleo en Andalucía que articule el conjunto de medidas para favorecer el acceso al empleo de los andaluces y andaluzas. Para ello es fundamental planificarlas con antelación.
  1. Apuesta decidida por una formación profesional reglada y el reconocimiento de capacidades obtenidas por vías no formales orientada hacia una capacitación que garantice el futuro y autonomía de los profesionales andaluces.
  1. Convocar de manera inmediata las subvenciones del programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, proceder al pago urgente de los incentivos a la contratación del Bono Empleo Joven y de las Iniciativas de Cooperación Social en colaboración con ayuntamientos, así como de todas las cantidades adeudadas a los Centros Especiales de Empleo para personas con discapacidad, junto con la aprobación de las nuevas ayudas para garantizar el mantenimiento del empleo en dichos centros, y al pago de las nóminas que se les adeuda a los trabajadores de los Consorcios-Escuelas de formación.
  1. Reapertura del CIO de Mijas.
  1. Garantizar a las personas beneficiarias del PAE y el PREPARA la continuidad de la protección que ofrecen estos programas.

Capítulo 2. NUEVO MODELO ECONÓMICO

A) LA SITUACIÓN

La realidad es que todo modelo productivo es un modelo social, con un conjunto de relaciones de poder consolidadas, que destila consensos y normas que incentivan el nacimiento y la consolidación de actores económicos con unos rasgos singulares. En nuestro caso, el modelo asociado al “ladrillo” ha fomentado élites rentistas, empresariado con aversión al riesgo, actitudes clientelares y una clase política corrupta. Su pervivencia es en sí un ejemplo de las dificultades para cambiarlo si no se saben identificar y vencer las resistencias de grupos de poder con tendencia a perpetuarse en círculos viciosos recurrentes.

Andalucía, como otros territorios del Europa del Sur, ha sido una de las zonas más afectadas por la Gran Recesión y ha sufrido unas políticas económicas caracterizadas por la austeridad, entendida ésta como una suerte de deflación a largo plazo por la cual la economía entra en un proceso de ajuste permanente basado en la reducción de los salarios, paro masivo, descenso de los precios y un menor gasto público, a pesar del sufrimiento social que ha producido y de que todas las evidencias económicas mostraban lo equivocadas de estas políticas.

Somos el territorio que tiene más recursos energéticos renovables y sin embargo seguimos dependiendo del petróleo. El cambio climático amenaza nuestro territorio y no se hace nada efectivo para combatirlo. Perdemos biodiversidad, nuestros ecosistemas y espacios naturales están amenazados y nuestra economía consume recursos no renovables y provoca residuos y contaminación muy por encima de la media.

Andalucía continúa siendo un área marginal en la inversión pública y privada, con un bajo nivel de industrialización e innovación. La desigualdad se enquista y por eso la pobreza en Andalucía se está convirtiendo en un fenómeno de carácter permanente.

 

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • Un nuevo modelo económico, medio ambientalmente sostenible, sustentado en sectores de la economía verde con un alto potencial en Andalucía, que propicie la creación de empleo en sectores como las energías limpias, la rehabilitación de edificios, la movilidad sostenible, la agricultura y ganadería ecológicas, los servicios medioambientales o el turismo sostenible, impulsando también un fuerte apoyo a la investigación.
  • Nuestra propuesta para un nuevo modelo productivo sostenible económico, social y ambiental está alejada de cualquier dependencia y adaptada a la sociedad postindustrial, con los objetivos de crear riqueza y empleo, defender los derechos sociales y laborales, aumentar nuestra capacidad de decisión en el Estado y en la UE y profundizar en la democracia.
  • Este nuevo modelo económico andaluz ha de ponerse en la senda de la transición ecológica de la economía, una propuesta de salida ordenada de la economía del crecimiento, de las lógicas industriales y de los intereses de enriquecimiento obsceno de las grandes corporaciones internacionales hacia otra economía, otra sociedad, en la que prime la sostenibilidad, la calidad, la solidaridad y la participación ciudadana. Para emprender ese camino, es necesario deshacerse de algunos conceptos de la economía tradicional y plantear otros nuevos adaptados a los retos ecológicos y sociales del siglo XXI.
  • Es necesario un cambio de paradigma en el que la economía tenga como prioridad el mantenimiento de la vida y la sostenibilidad social.
  • Por todo ello, la coalición EQUO – INICIATIVA propone la construcción en Andalucía de un sistema económico en el cual la satisfacción de las necesidades humanas y la sostenibilidad social se conviertan en el eje de la organización social, poniendo en el centro la vida y no los mercados.
  • Proponemos que la economía genere recursos para satisfacer necesidades y crear condiciones para una vida digna de ser vivida, y que la sostenibilidad de la vida sea responsabilidad de toda la sociedad andaluza. Universalizar los cuidados, con corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y ponerlos en el centro de una Economía del Bien Común impulsada por las políticas públicas.
  • En estrecha relación con la economía de los cuidados está el llamado Tercer Sector, a medio camino entre el privado y el público, integrado por una diversidad de entidades de la economía social y cooperativa. La coalición EQUO – INICIATIVA lo reconoce como agente económico y social trascendental para la transición ecológica de la economía y de la sociedad, así como para el desarrollo de la inclusión social, de la inserción socio laboral y el desarrollo local y del empoderamiento femenino.
  • Este nuevo modelo productivo quiere dar una respuesta solidaria a los cambios que está sufriendo la realidad social andaluza y española, entre los que el desempleo, la desigualdad y el crecimiento de la pobreza son los más relevantes y urgentes.
  • Sentar las bases de un cambio de patrón, un nuevo modelo productivo para una economía más estable, y menos vulnerable a los cambios de ciclo, más justo y sostenible, que proporcione los recursos públicos necesarios para redistribuir rentas y financiar los servicios y derechos sociales.
  • Frente al modelo de bajos salarios y depredación de los recursos naturales y el territorio, defendemos el fortalecimiento del poder público para intervenir decididamente en la economía, impidiendo el expansionismo de los mercados hacia espacios sociales que no pueden estar sometidos a la lógica mercantilista; ejerciendo la planificación, reasignación de los recursos y llevando a cabo una redistribución efectiva de la renta.
  • Para ello es fundamental la democratización de la economía: fortaleciendo los nexos de unión entre economía y política democrática; dotando al Estado de un papel más relevante en el conjunto de la actividad económica; y buscando, mediante la democratización de la gestión empresarial, una mayor corresponsabilidad de los agentes sociales, sindicatos y empresariado en la modernización de la actividad productiva. Ello permitirá una mayor reinversión productiva de los beneficios, un incremento del capital productivo de las empresas y la obtención de ventajas competitivas mediante la innovación tecnológica y otros activos intangibles.
  • La clave del cambio de modelo consiste en integrar las razones medioambientales y culturales en la economía. El capital físico es un factor productivo que hay que cualificar y reponer como cualquier otro. Los precios deben decir la verdad ambiental. Dilapidar los recursos naturales y desequilibrar el clima global no puede seguir siendo gratis, porque no son gratis para la humanidad. Hay que preparar la transición hacia otro modelo de producción y consumo que respete los límites del metabolismo de la naturaleza, hacia otro modelo de progreso que asegure el presente y el futuro, como contribución a nuestra tierra y a la sostenibilidad del planeta, que garantice la conservación del patrimonio cultural y natural que nos identifica, para que sea disfrutado y valorado por la próximas generaciones, y la calidad de vida que permita la máxima felicidad y bienestar.
  • La clave del cambio es un nuevo modelo de industrialización basado en la innovación, la economía circular y la conexión con nuestros recursos y demandas para generar un alto valor añadido, en un contexto de transición energética para lograr producir el 100% de energías a partir de fuentes renovables. Este proyecto debe conectarse con los centros de investigación, las universidades y el conjunto de la oferta formativa y con una política de localización de actividades en un entorno que potencie la presencia de las Universidades y centros de investigación para crear sinergias y definir actividades productivas intensivas en conocimiento.

 

C) MEDIDAS

Las medidas que propone la coalición EQUO-INICIATIVA a continuación inciden sobre sectores que pueden ser el motor de esa transformación socio-económica, favorecida y potenciada por los poderes legislativo y ejecutivo en nuestra Comunidad Autónoma con una participación de la ciudadanía andaluza amplia y plural.

Devolver la economía a la democracia

  1. Supresión de la modificación del artículo 135 de la Constitución española.
  1. Plan Económico para Andalucía, consensuado con los partidos políticos, agentes sociales y económicos, Corporaciones Locales y Tercer Sector, en el que se sienten las bases de las reformas estructurales para el cambio de modelo productivo y para luchar contra el desempleo.
  1. Intervención pública en la predistribución de los recursos económicos.
  1. Cualificación de los factores productivos.
  1. Nacionalización de los servicios públicos como electricidad, agua, trenes con órganos de gestión compuesto por sindicatos, ayuntamientos, empresariado y consumidores.

Agricultura, ganadería y pesca.

  1. Aprobación de una Ley de Agricultura y Ganadería Ecológica que promueva un cambio de modelo agrario sustentable a escala productiva, ambiental y social y fomente la equidad en la distribución de la renta agraria. Con un marco normativo específico para la fabricación artesanal y la comercialización directa de productos
  1. Reforma agraria ligada a una nueva cultura del agua, a la agricultura ecológica, al acceso a la tierra mediante la creación de un banco de tierras y a una industria agroalimentaria de alto valor añadido y bajo impacto ambiental; soberanía en la producción de alimentos e impulso de la agricultura de calidad y proximidad.
  1. Establecer una moratoria para la apertura de nuevas explotaciones ganaderas intensivas, evitando la concentración y saturación de “macrogranjas” y exigiendo evaluaciones de impacto ambiental que garanticen la conservación de suelo, acuíferos y calidad del aire.
  1. Declarar Andalucía territorio “Libre de Transgénicos”. Mantener bancos de germoplasma de semillas locales que garanticen el mantenimiento de la biodiversidad.
  1. Proponer el reconocimiento de figuras de protección de interés agroecológico como patrimonio agrario, que puede ser introducido en la oferta de turismo sostenible. Promover la proliferación de los huertos urbanos en ciudades y pueblos de Andalucía, que además de su función social y ambiental, cumplirían un papel complementario de la economía familiar y contribuir a la salud alimentaria. Así como la figura de Parques Agrarios en áreas metropolitanas de ciudades en progresivo deterioro, poniendo en valor las producciones agroganaderas del entorno periurbano.
  1. Promover un banco público de tierras para el emprendimiento joven en el sector de la agricultura y ganadería ecológicas y en el marco de la economía social y cooperativa. Promover la ganadería ecológica en montes públicos.
  1. Desarrollar un Plan de Actuación que permita implementar en Andalucía la Estrategia 4Rs: reterritorialización de la producción, relocalización de los mercados, revegetarianización de la dieta y reestacionalización del consumo alimentario mediante:
    1. -Programa de apoyo a la producción y consumo local limitando la intermediación y fomentando un manejo ecológico por los productores/as en consumos de agua y energía, insumos y gestión de los residuos. Promoción de marcas y sellos locales.
    2. Impulso a iniciativas de Km. 0 para el fomento de canales cortos de distribución (bioferias, mercados municipales, cooperativas de consumo, centros públicos de restauración, ).
    3. Desarrollo de campañas de información a los consumidores y programas específicos de comedores ecológicos escolares y en centros hospitalarios, entre otros, para el fomento políticas públicas de consumo corresponsable. Tendrán un carácter transversal, debiendo involucrarse todas las Consejerías (especialmente Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Educación) y la participación activa de todos los agentes presentes en el territorio.
    4. Fomento de redes de plantas de compostaje a escala local que permitan mejorar la autosuficiencia de las explotaciones en la reposición de fertilidad (acceso a abonos orgánicos no industriales y reciclaje de residuos cosecha).
  1. Impulsar un Plan de dinamización para municipios menores de 10.000 habitantes que facilite el desarrollo de iniciativas por el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos, la gestión racional del patrimonio natural y la puesta en marcha de iniciativas agroalimentarias de bajo impacto que permitan diversificar la economía local (sectores del corcho, la seta, la castaña, ganadería y agricultura tradicional, apicultura, ).
  1. Promover un Pacto Andaluz por un Campo Vivo sustentado en la creación de alianzas entre la ciudad y el campo que garantice su conservación, la calidad de vida y su permanencia en el tiempo para las futuras generaciones. Bajo su marco se llevarán a cabo programas de actuación y medidas basadas el mantenimiento de los ecosistemas que lo conforman y en actividades que respeten su conservación. El turismo responsable, la prevención de incendios forestales, la correcta gestión del ciclo integral del agua, las actividades tradicionales que mantienen el suelo vivo y el fomento de las eco-aldeas como figura de protección, formarán parte de su contenido.
  1. Promover Planes de Ahorro y Eficiencia Energética y la autosuficiencia energética en el sector de la agricultura y la ganadería. Incorporación del uso de energías limpias en los sistemas de riego y bombeo agrícolas.
  1. Promover la investigación y la aplicación de medidas de control biológico que eviten la pérdida de biodiversidad de las dehesas y la fortalezca frente a las plagas.
  1. Implantar líneas de financiación o instrumentos económicos:
    1. -Pagos por los servicios ambientales prestados por las explotaciones agrícolas y ganaderas sostenibles para el mantenimiento de la biodiversiad.
    2. Líneas de apoyo a la producción ecológica y apoyo a las certificaciones.
    3. Introducción de una tasa por el uso de fertilizantes químicos nitrogenados y a la actividad ganadera intensiva.
    4. Incentivos al uso de energías renovables en explotaciones y fincas y para la introducción de semillas y razas ganaderas autóctonas.
    5. Promover desde el gobierno andaluz en coordinación con el Estado la reorientación de las ayudas de la PAC a cultivos con menor huella hídrica y de carbono. Igualmente a aquellos que generen empleo y producción, preferentemente ecológica, frente a la actual financiación a explotaciones orientadas exclusivamente al cobro de las ayudas sin apenas incidencia sobre la economía y el empleo.
    6. Limitar la extensión del olivar superintensivo y proponer la exclusión de este tipo de explotaciones, tanto en la producción como en la transformación de sus frutos de las ayudas o subvenciones de la PAC.
    7. Se aplicarán medidas a nivel andaluz que potencien el greening (incentivar las buenas prácticas medioambientales en los cultivos, así como el mantenimiento de superficies que sean beneficiosas para el clima y el medio ambiente) y se apoyará el capping (limitación del máximo de hectáreas por explotación que pueden recibir ayudas).
  1. Aprobación de una Ley de Pesca Sostenible que impulse y apoye la pesquería artesanal y la creación de áreas marinas de pesca gestionadas con la participación de los propios pescadores/as que garantice la biodiversidad y recursos
  1. Puesta en marcha de un etiquetado único para pescado procedente de pesca artesanal de bajo impacto y de pesquerías sostenibles; apoyo a la comercialización del pescado de pesquerías tradicionales y planes de formación permanentes para garantizar la seguridad y optimización de recursos.
  1. Programas de recuperación de caladeros. Revisión y mejora de la planificación de las “paradas biológicas”. Prohibición de la pesca de arrastre de fondo.
  1. Programa de Investigación sobre la producción pesquera, embarcaciones y artes de pesca. Estudio y resolución de los impactos directos e indirectos que inciden en la merma de los recursos pesqueros.

 

Nueva industrialización

  1. Plan integral para una nueva industrialización no contaminante adaptada a la era digital con una estructura industrial amplia y diversificada construida a partir de la incorporación de nuevas actividades, sobre todo las llamadas industrias en red y los servicios destinados a empresas, y la modernización de los sectores tradicionales y de respuesta prioritaria a la demanda interna andaluza, que logre alcanzar a la media europea del PIB propuesta para 2020 (20%).
  1. Potenciación de la industria no contaminante de capital andaluz de gran demanda, que requiere de mano de obra cualificada, por la transformación de los productos agrarios en nuestra propia tierra y por una sólida base tecnológica que incorpore los nuevos procesos de fabricación basados en el internet de las cosas (objetos conectados a la red de forma autónoma); el big data (análisis de grandes volúmenes de datos); el universo de la nube (almacenamiento digital) y la robótica
  1. Impulso de una industria inteligente. Es decir, aquella que obtiene altos niveles de productividad al haber accedido a ventajas competitivas sobre activos intangibles específicos, como el acceso a la tecnología, los conocimientos de gestión en equipo, las mejores ideas de comercialización, marcas bien conocidas.
  1. Afrontar los retos medioambientales potenciando la industria contra el cambio climático como un vector clave de la innovación tecnológica.
  1. Potenciación de clústeres, modelos colaborativos entre empresas con proximidad geográfica y afinidad sectorial, para obtener economías de escala.
  1. Plan de reforma de los polígonos industriales.
  1. Apoyo a la cooperación y asociación empresarial de las pequeñas empresas, promocionando una red social de pequeñas y medianas empresas que tenga como objetivo acceder de forma conjunta a contratos públicos. Apoyo a la artesanía facilitando sus vías de distribución.
  1. Plan para la reconversión de los astilleros.

Comercio de proximidad

  1. Ley de urbanismo comercial para potenciar el comercio de proximidad frente a las grandes superficies comerciales, evitando que el coste medioambiental que supone trasladarse hasta un gran centro comercial, generalmente situado en las afueras y que generalmente requiere el uso del vehículo personal, se transfiera a la sociedad.
  1. Desconcentración de competencias en los municipios para llevar adelante una política de apoyo al comercio local y fomentar la renovación de los mercados de abasto tradicionales.
  1. Conexión de la producción andaluza, la distribución y el consumo sobre la base de una estrategia de economía endógena.
  1. Impuesto a las grandes superficies comerciales que sirva para financiar la potenciación del comercio local y de cercanía.
  1. Acción pública decidida para la consolidación y creación de centros comerciales abiertos en todas las ciudades andaluzas.
  1. Sistema turístico y comercial sostenible con sus centros de decisión conectados al territorio donde prestan sus servicios.

 

Turismo sostenible

  1. Impulsar una oferta turística responsable y sostenible, basada en la preservación de los recursos naturales, como los espacios protegidos, el cielo nocturno, la observación de avifauna, etc., así como el patrimonio cultural, que sea respetuosa con el territorio y permita fijar la población en nuestros municipios más rurales.
  1. Profesionalizar el sector relacionado con el turismo, y acabar con la contratación precaria en el sector de la hostelería, impulsando la formación, la profesionalidad y las condiciones laborales dignas del mismo.
  1. Diversificar la oferta turística y puesta en valor de nuestro medio marino (lonjas, pesquerías artesanales, museos, acuicultura, salinas, etc).
  1. Diseñar planes transfronterizos para ofrecer alternativas turísticas entre Andalucía y Portugal basadas en los recursos naturales que tienen ambos territorios (espacios protegidos, cielo nocturno, patrimonio histórico, cultural, gastronómico, etc.). Explorar esas mismas posibilidades en relación con Marruecos en el contexto de la cooperación de la UE con países extracomunitarios.
  1. Promover el turismo gastronómico ecológico de la mano de mercados locales, grupos de consumo, etc.
  1. Plan de participación en el que participen todos los sectores y agentes presentes en el territorio, incluida la población habitual residente, para determinar la oferta turística que necesita y quiere ofrecer Andalucía.

Economía circular

  1. Prohibición del uso de bolsas de plástico en el comercio. Erradicación progresiva del uso de envases de plástico mediante la combinación de incentivos y penalizaciones, recuperando modelos de comercio tradicionales en la dispensación de productos perecederos (pescados, carnes, frutas) que, además de eliminar la producción de envases de plástico no retornables, generan puestos de trabajo.
  1. Implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases de bebidas antes de 2011.
  1. Promover e impulsar desde Andalucía la aprobación de una normativa legal de envases que fomente la reutilización, el reciclado y la separación. Fomentar la recompra obligatoria de envases de bebidas en los puntos de venta.
  1. Prohibir la incineración de residuos en Andalucía y en particular el uso de residuos como combustible en hornos de residuos como combustible en hornos de cementera.
  1. Aprobar un Plan de Prevención de Residuos en Andalucía que tenga por objetivo reducir la producción de residuos mediante la fabricación sostenible de productos de múltiple uso y larga vida, la utilización de materiales no tóxicos, biodegradables, reciclables, el ahorro de recursos naturales y energía y la apuesta por el reciclaje de materia orgánica para hacer compost.
  1. Aprobar una Ley Marco de Recogida Selectiva basada en el principio de jerarquía de residuos.
  1. Fomentar el consumo responsable a través de campañas de educación ambiental basado en las 3 S: Sostenible, Solidario y Saludable.
  1. Impulso público y fomento de procesos de biometanización y aprovechamiento de biomasa como alternativa a la incineración.
  1. Revisión de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que favorezca una estrategia global para la producción limpia.
  1. Revisión de las concesiones mineras y llevar a cabo un plan de cierre de cementerios nucleares.
  1. Desarrollar e impulsar la aplicación por las administraciones públicas de Andalucía de los criterios de adjudicación: ambientales, sociales y de género previstos por Ley de Contratos del Sector Público.

Economía de los cuidados y tercer sector

  1. Producir información y diagnósticos sobre la situación actual de la organización social del cuidado y visibilizar cuantitativa y cualitativamente el aporte del trabajo no remunerado al funcionamiento económico en Andalucía.
  1. Favorecer políticas públicas de los cuidados que permitan su redistribución entre todas las integrantes de la sociedad, garantizando entre otras:
  • Que por ley autonómica los permisos de crianza sean iguales e intransferibles para un reparto más igualitario en la corresponsabilización de las tareas de cuidados.
  • Que se implanten programas formativos en todos los niveles educativos y en el ámbito laboral especialmente dirigidos a los varones para construir una convivencia igualitaria, y en equidad que transforme los estereotipos de género en torno a los cuidados, desnaturalizando su feminización.
  • Que se favorezca la corresponsabilidad doméstica y el reconocimiento del trabajo reproductivo.
  1. Puesta en marcha de un Plan de Apoyo al Tercer Sector de acción social, con una Ley de Tercer Sector, potenciando su papel como interlocutor y mejora de su financiación y fiscalidad.
  1. Se establecerán sistemas de interlocución estables entre el Tercer sector de acción social y el sector público para el conjunto de las políticas sociales.
  1. Para su mayor suficiencia financiera se regulará normativamente la igualdad de oportunidad de organismos de este sector en el acceso a contratos públicos mediante criterios de valoración de impacto social en el conjunto de licitaciones del sector público, el desarrollo de un marco de financiación más estable para convenios y programas marco de carácter plurianual, el establecimiento de fórmulas específicas de acceso al crédito oficial y la equiparación de las deducciones fiscales para donativos de personas físicas y jurídicas elevando las desgravaciones hasta el 35%.

Fomento de la economía social

  1. Crear una instancia de alto nivel político de Economía Social con competencia en Economía Social con el objetivo de prestar una mayor atención a las medidas destinadas a garantizar un nivel adecuado de recursos, así como la supervisión y la elaboración de políticas a favor de las empresas de Economía Social de tal forma que la Economía Social esté de forma trasversal en todas las políticas relacionadas con el desarrollo económico.
  1. Desarrollar la figura del emprendedor/a
  1. Incentivar a las cooperativas y dar todas las facilidades necesarias para su creación.
  1. Creación de cláusulas sociales que garanticen el acceso de propuestas sociales a los concursos públicos, ya que estos tienen compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión social o Responsabilidad Social Corporativa.

 

Capítulo 3. ENERGÍA RENOVABLE 100%

A) LA SITUACIÓN

La lucha frente al cambio climático es un reto global de primera magnitud y la única solución para combatirlo es reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta reducción debe ser al menos del 55% para 2030, para cumplir los Acuerdos de París y no superar en 2ºC el aumento de la temperatura de la Tierra.

En Andalucía los escenarios climáticos previstos prevén aumentos generalizados de temperatura, y una reducción de la precipitación media de un 26%. Para contrarrestar los efectos previstos con estas previsiones, una herramienta fundamental es la promoción de un cambio de modelo energético que pase por democratizar el sistema energético, el impulso al autoconsumo, la generación distribuida, la producción energética a partir de fuentes renovables y limpias y avanzar hacia la electrificación progresiva del transporte, básicamente el público y colectivo.

Por otra parte, es también muy importante reducir la dependencia de la energía exterior y avanzar hacia la descarbonización total de la economía en 2050, sustituyendo progresivamente la utilización de combustibles fósiles, a los que hay que dejar de subvencionar o apoyar definitivamente.

Andalucía presenta una elevadísima tasa de dependencia energética exterior superior al 80%. El modelo energético de la economía andaluza continúa estrechamente ligado a los combustibles fósiles, principalmente al petróleo y sus derivados. Establecemos como prioridad lograr que las energías renovables superen el 50% del gasto energético en un horizonte de 100% energías renovables.

El tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente es debido en primer lugar a las importaciones de combustibles y lubricantes, que representan el 6% y el 5,5% del PIB, respectivamente. La alta dependencia energética exterior de las actividades industriales y de servicios, particularmente de un modelo de transporte que está excesivamente concentrado en la carretera (y no la evolución de los salarios), es lo que ha determinado el desequilibrio estructural exterior de nuestra economía y, por tanto, la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior.

Tenemos además un sistema de retribución de la generación de electricidad que no ha incentivado el uso de las energías más renovables y que en gran medida está hipotecado por los compromisos de importación de gas derivados de un exceso de capacidad de potencia instalada en centrales de ciclo combinado que lo utilizan como combustible.

Las razones del predominio del gas y el petróleo en el suministro energético y las causas reales de la falta de impulso político efectivo para una transición hacia las energías renovables, hay que buscarlas los intereses de las oligarquías energéticas en España desde hace décadas.

Las “puertas giratorias” han sido especialmente escandalosas en la presencia de ex- altos cargos de diversos gobiernos, desde el tardofranquismo hasta el gobierno de Rajoy, en los consejos de administración de las principales empresas energéticas españolas. Empresas cuyos beneficios dependen en gran medida de la regulación y de las inversiones públicas.

Una consecuencia son los superbeneficios que obtienen las empresas del sector, que muestra que la regulación a la que está sometido el sector es ineficaz para el conjunto de la sociedad, del medio ambiente y de la actividad económica. Las situación de oligopolio que se vive en el sector eléctrico es lo que permite que los enormes beneficios brutos de explotación y la razón que explica los altos precios que pagamos por la electricidad.

 

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • La energía es un bien básico de primera necesidad y por tanto garantizar el acceso a la misma debe ser una prioridad para cualquier gobierno andaluz, sobre todo teniendo en cuenta los altos índices de precariedad, pobreza y paro que sufre Andalucía. Promover fórmulas como las cooperativas energéticas permitirán a la población andaluza empoderarse, ser soberanos energéticamente y romper los vínculos actuales con el oligopolio eléctrico.
  • Defendemos una nueva política energética que reduzca la alta dependencia exterior que tiene la economía andaluza y española de los combustibles fósiles, impulsando las energías renovables en las que podemos ser altamente competitivos, lo que permitiría reducir el déficit comercial, y por tanto las necesidades de financiación exterior de la economía andaluza y española.
  • Llevaremos a cabo un programa de transición energética que descarbonice el sector eléctrico, que aporte energía renovable al transporte y que contribuya a un cambio del modelo productivo en relación con: reindustrialización, tejido empresarial, empleo de calidad, innovación y desarrollo tecnológico.
  • Incentivaremos la electricidad frente a los combustibles fósiles en todos los consumos, incluido el transporte por ferrocarril y los vehículos eléctricos e híbridos. La electricidad es la energía compatible con la calidad del aire de las ciudades y es el vector fundamental para incorporar las energías renovables a nuestra dieta energética, por lo que constituye la piedra angular del modelo energético del futuro.
  • Impulsaremos un cambio radical en el sistema de transporte basado casi en exclusividad en el consumo de productos petrolíferos y derivados por ello, para sustituirlos por medios de transporte más eficientes energéticamente, como el impulso al ferrocarril y a medios de transporte colectivos en los núcleos urbanos.
  • Impulsaremos la eficiencia energética tanto en los edificios como en la industria y el transporte.
  • Llevaremos a cabo una política social que haga realidad el derecho de toda persona a tener electricidad suficiente.
  • Impulsaremos el diálogo y el consenso para definir una senda flexible de transición energética que oriente la actuación de los reguladores, reduzca la incertidumbre de los inversores y movilice la energía renovable hacia un modelo energético descarbonizado, factor de competitividad y generador de empleo.

C) MEDIDAS

  1. Traspaso de competencias para la soberanía energética. Le energía es un bien y un derecho básico que debe ser gestionado por la sociedad en su conjunto.
  1. Energías renovables que superen el 50% del gasto energético, en el horizonte de 100%
  1. Modificar la Ley de Medidas frente al Cambio Climático, estableciendo objetivos de reducción de emisiones difusas en Andalucía acordes con los escenarios climáticos más desfavorables previstos y en sintonía con las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). El objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante de GEIs) en 2030 será del 55% y del 100% en 2050.
  1. Impulsar el desarrollo de tecnologías de generación eléctrica limpias mediante la I+D+i como oportunidad para un desarrollo industrial de nuestra economía.
  1. Reforma del sector eléctrico adaptada a un modelo federal que promueva e incentive las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.
  1. Uso, gestión y control de las redes de distribución y transporte de energía eléctrica. Que se desarrollen redes inteligentes a fin de facilitar la generación distribuida.
  1. Remunicipalización de las redes de distribución. Aprovechamiento de la transición energética para vertebrar democráticamente las comunidades y que mantengan una monitorización permanente sobre la gestión.
  1. Se articularán los mecanismos fiscales necesarios que faciliten el ahorro e inversión en el mercado eléctrico distribuido y la financiación de organismos públicos.
  1. Inclusión del eje Caparecena-Baza-La Ribina, en la planificación energética por ser una auténtica autopista eléctrica de 400 kv llamada a permitir la evacuación de los proyectos, sobre todo eólicos, en la parte oriental de Andalucía.
  1. Contratación de suministros energéticos por la Administración autonómica que garantice el origen renovable de la energía. Tal que en 2030 el 70% del consumo de energía eléctrica total del conjunto de edificios autonómicos proceda de fuentes renovables y el 100% en 2050.
  1. Garantizar el acceso universal a un consumo mínimo vital de los recursos básicos como la energía. Cambiar el actual bono social eléctrico por un mecanismo que incluya todos los consumos energéticos del hogar y no deje a ninguna familia vulnerable fuera de su cobertura.
  1. Impulsar la democratización de los servicios energéticos a través de la promoción de cooperativas ciudadanas de energía renovable y de pequeñas y medianas empresas instaladoras, de generación eléctrica, ingenierías, etc., para una generación eléctrica distribuida eficiente. Promover el autoconsumo y oponerse a cualquier tipo de peaje o medida desincentivadora por parte de la Administración del Estado.
  1. No se autorizará por el gobierno andaluz ningún proyecto de infraestructura o instalación para la extracción, generación, transporte y distribución de combustibles fósiles ni ampliación de los existentes. Se establecerá un objetivo de reducción de la demanda de energía primaria de un 50% para 2050, un objetivo de consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables del 100% en 2050 y un objetivo de autosuficiencia energética de Andalucía, tal que el 50% de la energía final consumida se genere en territorio andaluz en 2050.
  1. Adaptar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la implementación de energías limpias y sistemas de ahorro y eficiencia energética en comunidades de propietarios.
  1. Financiación adecuada de la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro de investigación de energía solar de concentración en Europa.
  1. Impulsar mecanismos de desgravación fiscal que faciliten la inversión en industrias que promuevan la consolidación tecnológica de nuevos equipamientos para generación y distribución de energía renovable para hacer competitivas las nuevas tecnologías.
  1. Fomento del autoconsumo abierto, que democratice el sector energético en igualdad de condiciones con el resto de agentes del sistema, que contribuya a erradicar la pobreza energética, con un procedimiento administrativo sin barreras y sin limitaciones, ni en el tamaño de la instalación ni por la relación entre energía generada y la energía consumida. Facilitar el almacenamiento energético y que el tratamiento fiscal de estas iniciativas fomente su uso mediante esquemas de retribución sencillos y estables en el tiempo que favorezcan la participación ciudadana y que faciliten la transición hacia un modelo energético sin combustibles fósiles.
  1. Implementación del Plan andaluz de industrialización y desarrollo tecnológico para el impulso a las tecnologías de aprovechamiento de fuentes de energía renovable tanto en la fabricación de equipamiento como en la promoción de iniciativas de generación. La recuperación industrial y de emprendimiento irá de la mano de la seguridad jurídica y por la capacidad de generar un mercado real que permita dar salida a la producción de la industria localizada.
  1. Rescate de los aprovechamientos hidroeléctricos.
  1. Política de “energía nuclear cero”. Moratoria de cementerios nucleares en territorio andaluz. Plan para cerrar progresivamente el cementerio nuclear de El Cabril.
  1. Cierre de las centrales nucleares al final de su licencia.
  1. Limpieza de los residuos nucleares de la pedanía de Palomares, donde hace ya medio siglo cuatro bombas termonucleares cayeran en la zona a consecuencia de un accidente por parte de dos aviones del ejército americano. Debe “formalizarse” el acuerdo de buenas intenciones que se firmó en octubre de 2015 y convertirlo en un contrato sobre cómo se va a proceder a la descontaminación de la pedanía: la limpieza de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada y el traslado de los residuos a EE.UU.
  1. No se concederá en Andalucía ningún permiso o autorización para el fracking. Y se prohibirán las prospecciones de hidrocarburos en el litoral tanto para investigación como para extracción.
  1. Eliminación de todas las subvenciones directas o indirectas a los combustibles fósiles, las energías contaminantes y la energía nuclear. Evaluar y publicar el coste real de todo el parque de generación energética incluyendo costes de residuos nucleares, de hidrocarburos,
  1. Eliminar todas las ventajas fiscales para los medios de transporte más contaminantes, favoreciendo paralelamente los medios más eficientes y respetuosos con el medio ambeinte.
  1. Desmantelamiento progresivo del parque de centrales térmicas de hidrocarburos.
  1. Desarrollar un Plan Andaluz de Rehabilitación de Edificios:
  • Objetivo: Rehabilitar anualmente 6000 edificios industriales o del sector servicios y 100.000 viviendas (aprox. el 2% del pobreza energética.
  • Programa de Medidas: mejora del comportamiento térmico y acústico de la envolvente de las edificaciones, incorporación de la cultura de la sostenibilidad a la rehabilitación de edificios (técnicas y sistemas constructivos tradicionales, materiales ecológicos, instalaciones registrables (cambiables), mejora la eficiencia energética de las instalaciones e incorporación equipos de generación de energía de fuentes renovables, mejora de la accesibilidad.
  • Actuaciones para lograr Edificios de Consumo casi nulo.
  1. Promoción de las cooperativas energéticas en Andalucía 100% renovables, que posibiliten no sólo la transición hacia las energías renovables sino también promover la transformación social. No tendrán ánimo de
  1. Creación de una Oficina de Energía Andaluza que asesore sobre los tipos y modelos de cooperativa energética y facilite el procedimiento y trámites administrativos para su constitución.
  1. Impulso desde el gobierno andaluz a la reforma urgente del sector energético por parte del Estado, para que se auditen los costes el sistema, se restablezca la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en materia de energía renovable y se promueva el autoconsumo.

 

Capítulo 4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

A) LA SITUACIÓN

La brecha tecnológica de Andalucía (representa tan sólo el 7,7% de gastos totales en actividades innovadoras de las empresas respecto a España) es un impedimento para el cambio.

En España la inversión en I+D se ha reducido en más de 40% desde 2009 y 2013. La edad media de nuestros investigadores en los organismos públicos de investigación, incluyendo el CSIC alta mientras que investigadores jóvenes muy brillantes están siendo expulsados de España en una sangría incesante.

La investigación está mal financiada en España, y sufre en los últimos años el impacto de una miope política de recortes. La evolución del gasto público en I+D+i en los últimos años de fuertes reducciones, presenta un panorama desolador: reducción masiva de las plantillas de jóvenes investigadores y técnicos que son expulsados del sistema al término de sus contratos, laboratorios desiertos, convocatorias aplazadas cuando no anuladas, universidades y los OPI en estado de hibernación.

La participación del sector privado en el gasto en I+D es la menor de la Unión Europea, con la excepción de Polonia: un 43% del total, frente a un 69% en Alemania.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • El ritmo de cambio es impresionante. La acción pública y privada debe tender a la convergencia tecnológica y a la articulación de una red de centros científicos de Andalucía coordinados con las universidades y los espacios tecnológicos industriales, orientados a la investigación en sectores y actividades sostenibles.
  • La capacidad del sector público para asegurar una investigación científica y técnica de alto nivel es una condición para que se produzca la innovación en las empresas y los mercados, y se acelere, consiguientemente, el desarrollo productivo.
  • Desde Internet a las redes móviles, pasando por la biomedicina, las nanotecnologías, la navegación por satélite, las energías renovables, la robótica y otras aplicaciones de inteligencia artificial, el protagonismo de los Gobiernos y sus organizaciones en esas fases del proceso innovador es imprescindible.
  • Es necesario revertir esta situación para incorporar ciencia y conocimiento a la cadena de valor en Andalucía

C) MEDIDAS

  1. Conexión entre los sistemas de innovación de las CC.AA., el Estado y la UE para impulsar sinergias, articulando vías de participación de abajo arriba, según el modelo federal.
  1. Una potente política de I+D+i que, en todo caso, tenga como objetivo que se alcance una inversión anual no inferior al 3% del PIB, y que se mantenga de forma sostenible. Prioridad a la inversión en ciencia y tecnología para superar la brecha tecnológica. Adaptación a la nueva era digital.
  1. Desarrollar un Plan de Priorización de Sectores Estratégicos de Andalucía (energías renovables, tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) y la investigación en células madre), pionera en Andalucía.
  1. Plan de Mejora de la participación de las empresas en actividades de I+D+i. Aumento del apoyo a los parques tecnológicos de Andalucía e impulso a la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA).
  1. Impulso a la I+D+i en materia de ecodiseño de productos, vehículos eficientes, nuevas tecnologías, técnicas de riego que ahorren agua y energía, arbolado urbano como sumidero de CO2, etc.
  1. Plan para atraer a técnicos e investigadores seniors a Andalucía aprovechando nuestras ventajas en calidad de vida.
  1. Quinta generación de telefonía móvil (5G). El 5G está llamado a revolucionar no solo la telefonía móvil sino, en general, todo el mundo tecnológico, pues de este nuevo estándar depende el desarrollo del llamado Internet de las Cosas (IoT).
  1. Estímulos al I+D en la fiscalidad y en la compra pública de tecnología:
  • Con la fiscalidad se aumenta la propensión a innovar de las empresas.
  • Con la compra pública de tecnología innovadora se consigue no solo fomentar la innovación, sino también obtener mejores servicios públicos.

 

Capítulo 5. POR BANCA PÚBLICA ANDALUZA

 

A) LA SITUACIÓN

La reestructuración del sistema financiero español ha conllevado el fin de casi todas las cajas de ahorros que eran las entidades que más crédito concedían a las pymes y a las familias, y ha convertido al sector prácticamente en un oligopolio. Tres entidades (Santander, BBVA y Caixabank) controlan ya más de la mitad del mercado.

En Andalucía muchas cajas de ahorro han desaparecido y del sistema financiero andaluz sobreviven, por ahora, dos entidades medianas, Unicaja Banco y Cajamar, y otras dos Cajas Rurales, Caja Rural del Sur y Caja Rural de Granada.

Las cajas sevillanas agrupadas en Cajasol fueron absorbidas por la catalana La Caixa, la cordobesa Cajasur pertenece a la vasca Kutxabank, y la granadina Caja Granada, después de pasar por la fusión fría con el control de Caja Murcia y por la intervención estatal, ha quedado dentro del ámbito de la madrileña Bankia que tuvo que ser rescatada con 23.000 millones de euros.

Tres importantes elementos del sistema financiero andaluz que han desaparecido engullidos por los tres centros económicos clásicos de la España contemporánea: Cataluña, País Vasco y Madrid.

El ahorro de los andaluces es ahora gestionado fuera de nuestra Comunidad y millones de euros de Obra Social se han perdidos. En la Europa del siglo XXI no se puede ser competitivo sin un sistema financiero propio potente e impulsor de actividad económica endógena.

La mala gestión y la crisis han dilapidado buena parte de nuestro tejido financiero con la consiguiente pérdida de empleo en el sector y el destierro forzoso de miles de personas por movimientos de personal indiscriminados de las entidades financieras absorbentes.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • Muchos Estados de la UE cuentan con banca pública. Una de las grandes fortalezas de la economía alemana son los Mittelstand, empresas de mediano tamaño pero con gran capacidad de innovación y exportación apoyadas por un sistema bancario público de ámbito regional. La cuota de mercado de la banca pública alemana ronda el 25%.
  • En Francia, existen tres entidades financieras públicas de relevancia, como la Caisse des Depôts, la Banque Postale y el Crédit Municipal de Paris. La primera compite en igualdad de condiciones con la banca privada, el Credit Municipal de París es una caja de ahorros propiedad del Ayuntamiento de la capital y la Banque Postale fue creada a partir del servicio público postal.
  • En Italia, Banco Posta también nació del servicio de correos y sus características son muy similares a la entidad francesa del mismo nombre. La Caja de Depósitos y Préstamos (CDP) es un banco público fundado en 1850. El 80% de su capital pertenece al Estado, y el 20% restante a varias fundaciones vinculadas a la banca privada. Hay, además varios ejemplos de colaboración público-privada en el ámbito financiero, como la Banca del Mezzogiorno- Medio Crédito Centrale, FinPiemonte y FinLombarda.
  • Los Bancos públicos de inversión (Países Bajos, países nórdicos, Dakota del Norte) inicialmente se nutren de depósitos de diferentes administraciones públicas, o de ingresos de empresas públicas. Gracias a su elevada solvencia obtienen una alta calificación financiera que les permite obtener recursos financieros en los mercados interbancarios a bajos tipos de interés. El destino prioritario de su crédito es la financiación de infraestructuras públicas e impulsar el desarrollo. En algunos casos también juegan un papel importante en la refinanciación de los créditos a corto plazo de las empresas, de forma que estas puedan conseguir una financiación a más largo plazo.
  • Una banca pública de inversión puede jugar un papel muy relevante, dentro de una política industrial coherente, para lograr la financiación a largo plazo que requiere el cambio de modelo productivo de alta productividad que necesita Andalucía. En sentido contrario, la inexistencia de instituciones financieras eficaces en la atracción del capital exterior a largo plazo, y los grandes bancos privados hoy no cumplen ese papel, hará imposible se puedan resolver las actuales insuficiencias productivas, sobre todo en relación con el sector energético y su alta dependencia de combustibles fósiles importados, y con las carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes sectores productivos.
  • Proponemos crear una banca pública andaluza con un comportamiento crediticio diferente al de la banca privada, más orientado a financiar infraestructuras y equipamientos públicos, proyectos empresariales de pymes que estén relacionados con objetivos estratégicos, así como hacia colectivos con problemas de acceso al crédito, principalmente en relación con la vivienda.
  • Para que la banca pública pueda realizar estas funciones, y para evitar que puedan surgir casos de corrupción en relación con su utilización partidista, es necesario un correcto diseño institucional, en el que haya suficientes instrumentos de control democrático sobre su gestión y en el que la norma sea la transparencia de sus actividades frente a la sociedad y sus representantes.
  • La banca pública también puede ser un útil instrumento para mantener un control público accionarial de empresas estratégicas por su capacidad tecnológica.

C) MEDIDAS

  1. Creación de una banca pública al servicio de la sociedad y la economía del bien común, con regulación y control de su independencia respecto a la instrumentalización partidista por el gobierno andaluz, mediante rigurosas medidas de transparencia y participación ciudadana. Una banca pública profesionalizada y blindada frente a la posible integración laboral o en su Consejo de Administración de cargos o ex -cargos políticos.
  1. La banca pública andaluza estaría dotada con ficha bancaria propia para que pueda, al igual que las grandes empresas y Bancos de Europa, pedir los créditos al BCE de una forma barata y rápida bajo la supervisión de los reguladores institucionales normales, y tomaría de forma profesional las decisiones respecto a la concesión de préstamos y financiación dentro de otro “marco conceptual” distinto al mercado financiero tradicional. La Junta de Andalucía no sólo será accionista principal del banco sino que además será su principal cliente y proveedor, ya que todos los organismos públicos andaluces usarán dicho banco para todas sus transacciones financieras así como se impulsará por parte de la Administración su uso con todos aquellos proveedores y clientes con los que trabaje.
  1. Facilitar la creación y la actividad de las empresas agilizando y simplificando los trámites para su constitución haciendo accesible el crédito a las pequeñas empresas, especialmente a las sociales y cooperativas.
  1. Participación de las CC.AA. en la gestión del Banco de España según el modelo federal. De esta forma el Banco de España será gestionado por el territorio y no al revés.
  1. El fin de esta Banca Pública Andaluza no estará dirigido a la maximización del interés del/la accionista, tal y como ocurre con la Banca Privada, sino más bien a dar liquidez, dentro de los ámbitos de seguridad crediticia y rentabilidad, a los sectores productivos que realmente o bien generen valor añadido elevado, puestos de trabajo consolidados, etc., o a aquellos que por su propia naturaleza sean deficitarios de forma puntual y no estén atendidos por el sector privado, tales como mantenimiento de bosques, costas, arquitectura urbana sostenible, etc.
  1. Dicho Banco Público tenderá a ser el mayor oferente en el mercado inmobiliario andaluz y se coordinará con las distintas agencias públicas del suelo para la promoción y construcción de vivienda pública social, actuando de esta forma como contrapeso a la depredación de recursos financieros por parte de la banca privada.
  1. El Banco Público andaluz prestará especial atención a financiar proyectos energéticos que se basen en los principios de sostenibilidad, eficiencia y mínima huella ecológica, generando oportunidades de negocio en nichos de mercado no afrontados por el capital privado debido a su dependencia del oligopolio energético-industrial imperante actualmente.

Capítulo 6. JUSTICIA FISCAL Y FISCALIDAD VERDE

A) LA SITUACIÓN

La globalización y el neoliberalismo han conseguido por una parte el desplazamiento de la carga tributaria desde las rentas del capital hacia las del trabajo gravando con tipos menores a las rentas del capital que a las del trabajo y se reduce la tributación sobre los rendimientos del capital extranjero.

Por otra parte han tratado de no gravar las actividades contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente.

Actualmente el peso del sostenimiento del gasto público recae de forma casi exclusiva en las cotizaciones sociales que soportan de forma directa o indirecta los salarios medios y bajos.

En resumen, las rentas salariales medias y bajas soportan directamente el 90% de la presión fiscal, en torno a nueve de cada diez euros recaudados.

Han impuesto una dinámica que reduce la progresividad fiscal e incluso elimina la imposición patrimonial, y fomenta el fraude y la evasión fiscal para las rentas de las grandes empresas multinacionales. El conjunto de estos pasos ha dado como resultado una extraordinaria acumulación de renta y riqueza en los niveles altos y muy altos, lo cual ha generado una gran influencia de las élites económicas sobre la política, restando efectividad a esta última.

El actual sistema fiscal necesita una reforma en profundidad por el fraude, por las oportunidades de elusión que ofrece, por los privilegios que concede a los grupos poderosos, por su falta de transparencia, por su complejidad y costes para los empresarios y trabajadores cumplidores, por sus contradicciones territoriales, por los errores en las previsiones y por su débil imposición ambiental.

Los impuestos son un buen indicador del estado de la democracia, ya que la calidad de ésta aumenta en la medida en la que los ciudadanos tengan más igualdad de oportunidades.

El sistema fiscal en España es además muy centralista dejando apenas espacio para la fiscalidad autonómica. Además la ausencia de mecanismos federales genera una dinámica de competencia a la baja entre las CC.AA.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • Es imprescindible una reforma fiscal y no los parches que se han dado hasta ahora. Defendemos la reforma del sistema fiscal para hacerlo más progresivo, federal y verde, y que se aproxime a la media europea de presión fiscal. Ello permitiría financiar un eficiente y reforzado Estado de Bienestar que para cubrir las crecientes necesidades de una población que por su evolución demográfica demandará más servicios sociales relacionados con la salud, las pensiones y la dependencia; y por el empobrecimiento al que le han sometido las políticas de ajuste, requiere en la actualidad unas políticas públicas más ambiciosas sobre el derecho a una vivienda, incluido el alquiler social, y sobre la Renta Básica. Únicamente las cotizaciones sociales están a nivel europeo y que son la única fuente de ingresos que ha mantenido su peso respecto al PIB durante el periodo de crisis.
  • También deben introducirse mecanismos que progresivamente mejoren la eficiencia de la gestión pública, en especial mecanismos federales que conecten la gestión, local, autonómica, estatal y europea.
  • La reforma fiscal debe abarcar las diferentes dimensiones del problema, refundando su estructura:
    • En primer lugar debe enfocar la lucha contra el fraude fiscal como la principal lacra del sistema y como primer objetivo de la reforma.
    • En segundo lugar necesita reformar la estructura global del sistema impositivo para recuperar el gravamen equitativo de todas las rentas, persona y sociedades reformando las principales figuras tributarias.
    • En tercer lugar, el sistema debe ser más eficiente, sencillo e incentivador de las actividades económicas que creen riqueza, al tiempo que penalice las que generan externalidades negativas.
    • En cuarto lugar, el sistema fiscal debe ser más transparente y sencillo para el ciudadano, y su manejo por parte de los gobiernos más responsable.
    • En quinto lugar, los ingresos fiscales deben ser sostenibles y su predicción creíble.
    • En sexto lugar debe incorporar la tributación ambiental y en séptimo lugar debe dotarse de una estructura federal.
  • Especial importancia tiene establecer un sistema impositivo verde ya que la imposición medioambiental en España es inferior a la media de la UE en particular en materia de transporte e impuestos sobre las emisiones contaminantes. Los nuevos impuestos sobre la energía, lejos de solucionar el problema del denominado déficit tarifario, no atacan el problema real de falta de transparencia y competencia en el sector, recaen sobre el consumidor final y perjudican relativamente a las energías renovables. Dentro del marco de una reforma que abarcaría aspectos no meramente fiscales, España debe reforzar el papel de los impuestos medioambientales ligados directamente a las emisiones contaminantes, incluyendo una tasa de CO2, que ya existe ya en muchos países europeos, coordinando y homogeneizando las figuras tributarias desarrolladas a nivel autonómico y local y fomentando el uso de renovables. En un estudio publicado por la Comisión Europea sobre el potencial recaudatorio que tendría una reforma fiscal verde en la UE apuntaba que España podría ingresar 13.365 millones (1,13% del PIB) adicionales en 2018 si incrementara la imposición medioambiental. Y, en 2035, el impacto alcanzaría los 32.801 millones (1,75% del PIB).
  • España es uno de los Estados miembro que más uso hace de las subvenciones a los combustibles fósiles. El diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental: el diésel emite niveles superiores de varios contaminantes atmosféricos y debería estar sujeto a impuestos más elevados. Además una reforma fiscal verde nunca será completa sin medidas reales que fomenten y posibiliten hábitos de vida saludable en el conjunto de la población y, en particular, entre los ciudadanos de menor renta.
  • La coalición EQUO – INICIATIVA propone para el proceso de cambio de modelo económico requiere unas políticas públicas fiscales y financieras independientes de los intereses de las poderes empresariales y financieros, sin perjuicio del necesario diálogo y cooperación con estos, siempre al servicio de la Economía del Bien Común, poniendo los intereses de las personas y de lo público por encima de los particulares. La Fiscalidad verde  unida a la justicia fiscal serán motores de esa transición ecológica de la economía.

C) MEDIDAS

  1. Reforma federal del sistema fiscal y de la Administración tributaria, articulando la participación de las CC.AA. y dela Administración Local en el Agencia Estatal Tributaria.
  1. Reforma fiscal basada en la suficiencia de recursos, en criterios de justicia distributiva que impida el fraude, incentive la economía productiva y sostenible y penalice las actividades especulativas, contaminantes y destructoras de los recursos naturales. Impulsar las reformas legales necesarias para el desarrollo de políticas fiscales progresivas y redistributivas con medidas que gradúen la presión fiscal hacia las rentas más altas del capital y del trabajo y que favorezca la economía social y cooperativa en sectores social y ambientalmente sostenibles, creadora de empleos verdes, inclusivos e igualitarios.
  1. Desarrollo de una fiscalidad verde que impulse nuevos impuestos y tasas en el ámbito autonómico que complementen los impuestos de emisión de gases de efecto invernadero, el impuesto sobre vertidos a aguas litorales, el impuesto sobre depósitos de residuos peligrosos, sobre depósitos de residuos radiactivos y que graven la utilización de recursos naturales y el uso de tecnologías contaminantes.
  1. Ley de fiscalidad a la contaminación y al consumo excesivo de recursos. Aprobar una ley de fiscalidad que desplace la carga fiscal desde el trabajo hacia la contaminación y el consumo excesivo de recursos para establecer impuestos que estimulen los comportamientos respetuosos con el medio ambiente, así como destinar la recaudación a compensar el impacto negativo de las actividades sobre los recursos naturales.
  1. Tasa sobre las emisiones del CO2.
  1. Impuesto sobre bebidas azucaradas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a los gobiernos que graven las bebidas azucaradas como medida para luchar contra la obesidad, después de que varios estudios hayan puesto de manifiesto que la industria alimentaria hace años que maniobra para ocultar los riesgos de un consumo excesivo de azúcar.
  1. IVA reducido para los productos con bajos impactos ambientales (canales cercanos, economía circular).
  1. Tasa por los impactos de las líneas telefónicas.
  1. Equidad en el tratamiento de las rentas del trabajo y el capital. Reforma de la imposición sobre las rentas del capital para que sea homogénea y equitativa con el gravamen de las rentas salariales. Elevación del tipo impositivo a aquellas compañías que paguen salarios que sean 25 veces más altos que el salario mínimo de la empresa.
  1. Reforma en profundidad del Impuesto de Sociedades. Reforma del régimen de tributación de las denominadas “rentas irregulares”. Incremento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas y de las entidades de crédito.
  1. En relación a las SICAV, se requieren modificaciones de su regulación para evitar que sigan actuando como refugio de grandes fortunas individuales en, al menos tres ámbitos: incrementando la tributación de la propia SICAV; estableciendo un porcentaje de participación máximo para cada inversor y; fijando en todo caso un periodo de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen. Además, para conseguir un efectivo control de las SICAV, se debería habilitar legalmente la posibilidad de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria las controle fiscalmente y, en caso de detectar fraude en su constitución, pueda exigir la aplicación a éstas del tipo normal del Impuesto de crédito.
  1. Reforma y refuerzo de la contribución fiscal del sector
  1. Impuesto sobre transacciones financieras.
  1. Incrementar la vigilancia ambiental para hacer efectivo el principio de quien contamina paga.
  1. Lucha contra el fraude fiscal. La actual legislación, pese a los avances parciales realizados, permite que ciertas modalidades de tributación generen vías de fraude y elusión, como la tributación por estimación objetiva, la constitución de sociedades instrumentales, el aprovechamiento de los regímenes privilegiados y paraísos fiscales, la manipulación de los precios de transferencia entre entidades vinculadas, la simulación de gastos financieros, la triangulación de operaciones con empresas fantasma, etc. En este sentido es esencial exigir en todos los foros la supresión tanto de territorios calificados de paraísos fiscales como de los regímenes especiales para la atracción de capitales existentes en países como Gran Bretaña, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Países Bajos, etc. España debería condicionar su apoyo a cualquier medida de carácter comercial que implique a jurisdicciones que protejan y amparen el fraude a la consecución de la información fiscal relevante para avanzar en la lucha contra el fraude. En concreto, exigencias de consolidación fiscal de la Unión Europea deberían tener como contrapartida avances en materia de información y lucha contra el fraude. Por otra parte, debe mejorarse la información de base para la lucha contra el fraude, incrementando la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio y ampliando la información sobre transacciones internacionales de capital.

  1. Endureceremos las sanciones contra el fraude y el delito fiscal, ampliando sustancialmente el plazo de prescripción, rebajando y homogeneizando las cuantías, y reforzando las medidas que permitan llegar al cobro efectivo de las deudas y eviten el vaciamiento patrimonial
  1. Dentro del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.
  1. Incrementar los recursos de la agencia tributaria teniendo en cuenta la infradotación en inversiones y personal creando unidades especializadas para los fraudes más complejos como son aquellos relacionados con transacciones internacionales y reforzarse los programas de cooperación con la inspección de la Seguridad Social.
  1. Apoyo a la pequeña y mediana empresa toda vez que en Andalucía más del 95% de las empresas andaluzas tienen menos de 10 trabajadores/as.
  1. Simplificación de las obligaciones tributarias, generalización de la factura electrónica, refuerzo de los sistemas de asistencia a los contribuyentes, flexibilización de los aplazamientos en caso de probada necesidad y con garantía, y avances en los mecanismos que deben dotar de seguridad jurídica a las empresas y particulares en el ejercicio de su actividad económica.
  1. Articulación de un sistema de cuenta corriente tributaria entre los diferentes niveles de administración que permita que los contribuyentes puedan compensar devoluciones pendientes con pagos, sin tener que soportar un coste financiero extra en sus relaciones con la Administración.
  1. Profundización en los mecanismos de apoyo para el inicio de la actividad empresarial reforzando las oficinas de asesoramiento e inicio de la tramitación y ventanillas únicas para las obligaciones fiscales y administrativas.
  1. Ley de Responsabilidad Fiscal que limite las discriminaciones y sea transparente en la concesión de los beneficios fiscales. Adicionalmente, el ciudadano tiene el derecho a conocer la responsabilidad social en materia fiscal de las empresas a las que compra sus bienes y servicios. Publicación de las contribuciones fiscales de todas las grandes empresas en los últimos 5 años y anualmente en el futuro, para el conocimiento público ciudadano, así como las condenas por delitos fiscales.
  1. Impulsar, mediante instrumentos fiscales, el incremento de la reinversión productiva de los beneficios de las empresas.
  1. En la educación sobre valores cívicos debería incluirse una materia relacionada con el fraude fiscal, y sus negativos efectos en el conjunto de la sociedad, y el significado de los tributos como derecho de ciudadanía.

Capítulo 7. MODELO DE CIUDAD Y MUNICIPIO: URBANISMO

A) LA SITUACIÓN

Las ciudades absorben hoy las tres cuartas partes de los recursos globales y solamente en la construcción y mantenimiento de sus edificios, se consumen el 40% de los materiales utilizados, el 33% de la energía consumida y el 50% de las emisiones y desechos producidos en el mundo. No parece posible, por lo tanto, seguir reproduciendo un modelo urbano excesivamente consumidor de recursos y energía, generador desproporcionado de desechos, basado en la lógica de un crecimiento cuantitativo y sin límites que no desarrolla una visión integrada y a largo plazo de sus efectos, y que ignora sus impactos hacia el medio ambiente.

El crecimiento sin límites, desarrollista e intensivo en consumo de recursos (naturales y económicos ha tocado techo, por lo que es necesario impulsar la idea de calidad en la gestión de la ciudad, que nos lleva simultáneamente a desarrollar modelos de calidad en la gestión de las instituciones y agentes públicos que han de liderar esos desarrollos.

En Andalucía se ha legislado por motivo de urgencia, más que desde la planificación estratégica e integrada, desde que se tienen las competencias transferidas, por lo que es conveniente y necesario que esto cambie.

Hay unos supuestos de partida que hay que resaltar, ya que los procesos urbanizadores han predominado desde la vertiente especulativa y generadora de desigualdad territorial y social.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • La sostenibilidad urbana constituye un objetivo estratégico clave que va a requerir un importante cambio de mentalidad en el quehacer urbano. Por ello el camino hacia la sostenibilidad de nuestras ciudades no parece ni corto ni fácil y, lo que es más importante, exige hoy centrar los esfuerzos en renovar los valores que lo definen, y alumbrar y divulgar experiencias concretas que apunten en dicha dirección.
  • Las claves de una ciudad sostenible se basan en el equilibrio entre calidad medioambiental, estructura espacial, cohesión y calidad de vida social y economía local, pero si hay voluntad política otro tipo de progreso es posible. Por ello llevaremos a cabo las siguientes líneas de actuación:
    • La necesaria implicación efectiva y sostenida en el tiempo de la sociedad en su conjunto, ejerciendo su derecho de ciudadanía (reconstruyendo la polis) y hasta ahora sin haber sido tenida en cuenta en el proceso.
    • Un diagnóstico cualificado y una estrategia de intervención sostenible e integrada, como resultado de una combinación sinérgica de políticas intersectoriales: energéticas, económicas, de vivienda, de transporte y movilidad, agroalimentarias, educativas, sociales y ambientales. Las estrategias de Desarrollo Urbano e Integrado que promueve la estrategia europea en el horizonte 20/20, propician un marco metodológico y conceptual para lograrlo, con o sin financiación europea. Es esta una perspectiva que no se deduce de los supuestos manejados en la propuesta de revisión normativa.
    • Desde la capacidad de implementar nuevos modelos urbanos que logren un mayor equilibrio con los recursos bio-productivos de los territorios. El reto es volver a establecer un vínculo estrecho de los asentamientos urbanos con su territorio, en interacción responsable.

C) MEDIDAS

  1. Modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LO.U.A.) desde los principios de igualdad, legalidad, sostenibilidad y seguridad jurídica. Articular las determinaciones de la L.O.U.A. con la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (L.O.T.A.) con sus desarrollos reglamentarios y revisar y actualizar los estándares dotacionales, para zonas de nuevo crecimiento y para la rehabilitación, contemplando nuevas necesidades y nuevas figuras de equipamiento.
  1. Establecer en la Ley que sea requisito previo a la redacción de un plan de ordenación urbana, la elaboración de una Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible e Integrada, de rango municipal o supramunicipal. La ordenación territorial de Andalucía debería fijar el ámbito de planeamiento y gestión tanto de las estrategias como de los planes, de acuerdo con las características de los núcleos urbanos, sus comarcas o aglomeraciones urbanas y para una gestión comarcal que aúne recursos de cercanía en ámbitos territoriales colaborativos y no competitivos, en donde se puedan superar las deficiencias locales y reforzar las sinergias comunes que les doten a los territorios de autonomía funcional.
  1. Plan de recuperación de espacio urbano para uso público en la costa.
  1. Reconectar la ciudad con su territorio incorporando los suelos agrícolas a los sistemas generales de la ciudad, mediante la figura de Parques Agrarios Periurbanos, permitiendo la recuperación de la agricultura urbana y periurbana.
  1. Priorizar la rehabilitación de barrios como ámbito idóneo para pilotar procesos de transición a la sostenibilidad.
  1. Revisar y actualizar el planeamiento urbanístico y reactivar el sector de la construcción desde criterios de mejora de la ciudad preexistente y de calidad de vida mediante estrategias que prioricen la activación de alquileres asequibles de las viviendas vacías y la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de barrios y edificios.
  1. Desarrollo de programas y herramientas para activar la gestión pública de la vivienda y el suelo entendiendo el territorio y el urbanismo desde la concepción de “Bien Común”.
  1. Nuevo impulso a los procesos de participación ciudadana a través de las Agendas Locales 21, Foros de Participación, Consejos Locales de Medio Ambiente, que deben adquirir un papel fundamental en los procesos de elaboración, aprobación, ejecución y revisión de los instrumentos de planificación urbanística. Reglamentar y garantizar dicha participación desde el diagnóstico y definición de estrategias, continuando con el seguimiento y evaluación de los planes y figuras de desarrollo, con especial atención a los planes de rehabilitación urbana a escala de barrio.
  1. Impulsar Planes de protección del arbolado urbano. Regulación legal en todo el territorio andaluz de la prohibición de las talas, así como de las podas incorrectas o fuera de temporada, salvo excepciones por seguridad.
  1. Impulsar una gestión comarcal que aúne recursos de cercanía en ámbitos territoriales colaborativos y no competitivos que permita superar las deficiencias locales y reforzar las sinergias comunes, dotando a los territorios de autonomía funcional.
  1. Avanzar hacia un planeamiento más ágil, estratégico y flexible. Especialmente en municipios pequeños establecer rangos de población por escalas y tipos de plan correspondiente. Explorar el universo intermedio entre el PGOU convencional y un Plan Base.
  1. Orientar los planes territoriales a la construcción y determinación de bio- rregiones y bio-comarcas, necesarias para sustentar nuestro sistema de ciudades. Orientar los planes de vivienda a la activación de vivienda vacía a precio asequible para la población y a la rehabilitación, con prioridad a la rehabilitación de barrios.
  1. Impulsar la participación ciudadana durante todo el proceso de planificación con especial atención a los planes de rehabilitación urbana a escala de barrio con criterios objetivos de calidad urbana (adaptación a CC, perspectiva de género y generación, accesibilidad, proximidad, seguridad, compacidad, complejidad y mezcla social). Creación de oficinas de Planificación de rango metropolitano y comarcal con entidad de “bio-región”. Desarrollar herramientas de evaluación y planificación con criterios de género y de generación.
  1. Regular la coordinación del planeamiento urbano, con los planes que regulan el metabolismo urbano (energía, movilidad, residuos, agua, agroalimentarios) y asegurar su coherencia con los planes territoriales regionales y subregionales. Asegurar la coherencia de los planes urbanísticos con los planes municipales de vivienda y suelo, subordinándolos a estos.
  1. Agilizar mecanismos de protección efectiva del suelo, necesarios para sustentar nuestro sistema de ciudades (reserva de bienes naturales, paisajísticos, etnográficos y bioproductivos). Así como la disciplina urbanística para paralizar, y revertir cualquier nuevo proceso de urbanización ilegal en Andalucía.
  1. Agilizar la desclasificación de suelo urbanizable no desarrollado y la disciplina urbanística para perseguir, paralizar y revertir cualquier nuevo proceso de urbanización ilegal en Andalucía.
  1. Sustituir los criterios y parámetros de (edificabilidad, ocupación máxima y densidad), y los (porcentajes mínimos globales de equipamiento, usos permitidos y compatibles) por los de compacidad y complejidad respectivamente, estableciendo distancias máximas a servicios y equipamientos públicos y porcentajes mínimos y máximos de actividades económicas.
  1. Agilizar la transformación del espacio público de nuestras ciudades para destinar la mayor parte de los espacios públicos a peatones, cualificando los mismos para que sean accesibles y vivos.
  1. Desarrollar instrumentos para la regeneración y rehabilitación de barrios y urbanizaciones para recuperar el modelo de ciudad mediterránea, compacta y compleja, con las aportaciones del urbanismo social y ecológico.
  1. Evitar procesos de gentrificación en los barrios regulando el número, modalidad y distribución de las plazas hoteleras, incluyendo apartamentos turísticos y tipo Airbnb.

Capítulo 8. NUEVA CULTURA DEL AGUA

A) LA SITUACIÓN

El agua es un derecho universal y la gestión de su ciclo integral no puede seguir privatizándose. Este fenómeno está encareciendo el servicio, y está reduciendo la calidad del agua. El 74,8% de los municipios andaluces tienen una gestión pública del agua pero sin embargo, el 44,6% del agua que llega a la población andaluza está en manos privadas.

De otra parte no se están completando las instalaciones depuradoras de aguas residuales al ritmo que establece la Directiva de Aguas, que data del año 2000, lo que está generando graves impactos a los ríos y costas andaluces, además de importantes expedientes sancionadores por parte de la Comisión Europea.

La afección de la mala calidad del agua afecta no sólo a la salud de la población, sino a la biodiversidad y a sectores económicos importantes para Andalucía como la pesca o el propio turismo.

Seguir aceptando en Andalucía, la existencia de miles de hectáreas de olivar en régimen superintensivo, o todas las hectáreas de subtropicales o las de frutos rojos que consumen cantidades de agua por encima de la que el sistema hídrico es capaz de sostener, es una necedad. Supone una incoherencia ecológica que compromete el futuro socioeconómico de nuestra región.

El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación, han generado una grave situación de insostenibilidad, lo que es una amenaza, para el territorio y para la población que lo habita. Y la Junta de Andalucía no está cumpliendo con su papel de gestión y planificación en materia de agua.

La sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo, de la agricultura. Es necesaria una Planificación y Gestión Territorial que contemple la viabilidad de la agricultura a largo plazo, adoptando medidas que no comprometan el futuro de los recursos hídricos y de las actividades que de estos dependen.

En este sentido, los sistemas históricos de regadío de Andalucía Oriental son socio- ecosistema singular que atesoran una gran cantidad de valores culturales y ambientales y que generan numerosos servicios ecosistémicos esenciales en el contexto actual de cambio global.

Son un ejemplo de sostenibilidad y resistencia, en muchos casos durante más de 1000 años y una parte esencial de nuestros paisajes. La mayoría tienen un origen medieval y se concentran en Andalucía Oriental coincidiendo con el territorio del antiguo reino nazarí de Granada.

Hay al menos unas 600 comunidades de regantes históricas y tradicionales que suponen más de 200.000 hectáreas de regadío, la mayoría en grave riesgo de desaparición. Se trata de zonas modificadas hidrológicamente por los seres humanos pero de forma sostenible y manteniendo prácticas de cultivos no intensivas y tradicionales. Su abandono podría llevar a una sustitución en las tierras más apropiadas por sistemas agrícolas menos respetuosos con el medio ambiente.

El Gobierno Andaluz y las Confederaciones Hidrográficas, hasta ahora, han negado el problema de sobreexplotación. Y hay que encarar la situación existente para darle un adecuado tratamiento. Hay que replantear los regadíos actuales y adaptar el número de Hectáreas a la capacidad de nuestras cuencas y acuíferos de mantenerlas.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • ”El agua no tiene precio: las sociedades que sacrifican las fuentes de agua por dinero pagarán un precio terrible”. Así se expresaba el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza cuando dictó sentencia contra la sobreexplotación de un acuífero en Andalucía, el Aguas, y el expolio de tierras y recursos hídricos. Aunque no fuese una sentencia vinculante, sí ayuda a que la dramática situación se conozca y sea tenida en cuenta. Este tribunal trata casos de violaciones cometidas contra los derechos de la Naturaleza en Europa. Un aspecto relevante de la sentencia es considerar la vulneración de derechos de las generaciones futuras.
  • Es fundamental garantizar el acceso al agua y no cortar el suministro a ninguna familia andaluza, siendo fundamental fijar un mínimo vital de agua por persona y día, además de completar las instalaciones de depuración de agua en Andalucía.
  • Es tarea imprescindible proteger y regenerar las masas de agua subterránea declaradas en mal estado, no permitir que, los derechos de los propietarios de concesiones causen la pérdida del derecho al agua de los habitantes de amplias comarcas andaluzas. Hay que conseguir que la situación de sobreexplotación se revierta porque las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad real.
  • Lo preocupante es que la solución que apuntan los Planes Hidrológicos de las Cuencas Andaluzas al agotamiento de acuíferos, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensivo, propone traer más agua de otros lugares o de desaladoras, todo un despropósito que no cuestiona la lógica del modelo.
  • Por otra parte, siendo un bien básico para sostener la agricultura y otras actividades económicas, es fundamental avanzar en sistemas de riego eficientes y en cultivos diversificados que no sigan potenciando la sobreexplotación de un bien tan preciado como el agua. La agroindustria y la agricultura intensiva necesitan grandes insumos para sostenerse y genera graves impactos en el suelo por el uso de fertilizantes y sobreexplotación de los acuíferos, tal es el caso de la fresa o el fruto rojo, además de trabajo precario y residuos plásticos de difícil gestión. Esta actividad, tiene que sustituirse progresivamente por una agricultura de bajo impacto, que necesita menores consumos de agua, energía y fertilizantes químicos, y que promueve circuitos cortos de distribución y consumo.
  • Las actuaciones de modernización no pueden exclusivamente centrarse en incrementar la eficiencia del riego sino abordar de forma integral los efectos sobre el entorno y sobre otros dos recursos fundamentales además del agua, el suelo y la energía, que pueden suponer inversiones elevadas sin apenas reducciones en el consumo, comprometiendo los objetivos de recuperación de costes del uso del agua.
  • El suelo es un recurso vivo fundamental que sustenta la agricultura y la vida en la Tierra, pero que no se ha considerado como elemento clave en las políticas agrarias. La erosión de suelos, su contaminación y pérdida, es un grave problema que afecta a la productividad de los agros ecosistemas. Se precisa adoptar medidas para su defensa, ya que es un recurso finito, minusvalorado, seriamente amenazado y que estamos agotando a un ritmo acelerado. Los suelos de todo el mundo y también los de Andalucía están siendo contaminados y sufren la depredación de su biodiversidad debido a procesos de deforestación, desmontes para establecimiento de monocultivos o para extracción de áridos o de recursos minerales, impermeabilización con cemento o asfalto por el urbanismo depredador o las infraestructuras viarias o industriales, que en la actualidad está reactivándose tras el parón que provocó la crisis capitalista. Estas acciones generadas por actividades extractivas y productivas intensivas ponen en serio riesgo la conservación de suelos de vocación agraria, valiosos y fértiles. Por ello, el acceso y defensa de la tierra y el territorio es un tema fundamental que evaluar y regular. Precisamos conservar nuestros suelos vivos.

C) MEDIDAS

  1. Establecimiento de un mínimo vital que permita de forma accesible y asequible que las personas andaluzas puedan cubrir sus necesidades básicas domésticas de agua.
  1. Regulación de los cortes de suministro por impago previendo situaciones de vulnerabilidad.
  1. Política de aguas que impulse las medidas necesarias para la recuperación y conservación de ríos, humedales, riberas y acuíferos incrementando la eficacia en su utilización y propiciando un cambio de modelo de gestión de los recursos hídricos que priorice los usos sociales y ambientales sobre los productivos. Dicha política incluirá:
  • Plan de Regulación de captaciones de agua, ajustando las cifras de concesiones y derechos de agua a los recursos disponibles.
  • Abandono definitivo de la política de construcción de más presas y trasvases.
  • Revisión de las concesiones de explotación de las hidroeléctricas (canon de uso del agua a las hidroeléctricas).
  • Promoción sistemas urbanos de drenaje sostenible; inspección y eliminación de las captaciones ilegales.
  • Eliminación de cierres y construcciones de cauces, restaurando riberas.
  • Apoyo a la agricultura de calidad frente a la de cantidad que conlleva el despilfarro de agua y un aumento de producciones que se desechan si los precios bajan.
  1. Recuperar los sistemas históricos de regadíos como las acequias milenarias de Andalucía Oriental -Sierra Nevada, Alpujarras y Vega de Granada- para mantener la necesaria multifuncionalidad de la agricultura. Reconociendo los valores agronómicos, culturales, paisajísticos y ambientales y que cumplen funciones y servicios ecosistémicos esenciales.
  1. Proponemos un programa de actuaciones encaminada a la preservación y mejora de los sistemas históricos de regadío conformado por la red de acequias, elementos hidráulicos asociados a ellas y terrazas de cultivo) cara a un uso eficiente del agua desde una perspectiva integrada, a las condiciones de trabajo y renta de las personas agricultoras y a la gobernanza del agua a través de las comunidades de regantes. En ella intervendrán las administraciones agraria, ambiental y de cultura, así como la sociedad.
  1. Implementar una serie de medidas que garanticen su preservación, dado que tal y como indica la Directiva Marco de Agua hay que mantener en buen estado las masas de agua y esto no se consigue transformando y destruyendo para “modernizar” regadíos, sino teniendo en cuenta la multifuncionalidad de la agricultura, los ciclos integrales del agua y los servicios ambientales como parte de los mecanismos de gestión y mejora de la eficiencia.
  1. Se establecerán sistemas de pago por servicios y contratos de custodia del territorio como medida de apoyo a las comunidades de regantes para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y los valores que generan.
  1. Impulsar y promover a nivel normativo la prevalencia de la gestión pública directa del agua en los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.
  1. Garantizar procesos activos y operativos de participación pública tanto en la planificación del agua como en los Consejos de Administración garantizando la participación en la toma de decisiones (principio de proactividad).
  1. Alinear los Planes Especiales de Sequía con las recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia, tanto con los requisitos de protección de ecosistemas acuáticos que establece la Directiva Marco de Aguas como con los escenarios de cambio climático previstos en Andalucía.
  1. Ejecutar y poner en marcha el 58% de actuaciones autonómicas pendientes vinculadas a la depuración de aguas residuales sin iniciar de aquí a 2020. Y reutilizar las aguas depuradas devolviéndolas al ciclo hidrológico.
  1. Completar la depuración de las zonas litorales andaluzas e impulsar la depuración de municipios de menos de 2000 habitantes.
  1. Aprobar el Plan de Protección del Corredor Litoral que salvaguarde el litoral del urbanismo salvaje y prevenga la contaminación de las aguas litorales y preserve la actividad de las instalaciones agroalimentarias dedicadas al sector marisquero.
  1. Aprobar una Estrategia Andaluza de Regadío Sostenible que permita controlar la demanda de nuevos regadíos y no incremente una oferta inexistente, y reduzca la demanda de agua para regadío por agricultura y ganadería intensiva.
  1. Fijar un precio real del agua que contemple todos los costes del ciclo integral del agua.
  1. Implementar sistemas de ahorro y eficiencia de agua en todos los sectores productivos.
  1. Eliminar las pérdidas y fugas de las conducciones de agua de muchos municipios.
  1. Impulsar la remunicipalización del suministro de agua potable y la depuración de aguas residuales para ofrecer un servicio de calidad y eficiente a la ciudadanía, sin sobrecostes, sin deficiencias, sin precariedad laboral y sin corrupción.

Capítulo 9 DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD

A) LA SITUACIÓN

Los patrones de producción, distribución y consumo actuales, heredados del tipo de industrialización de alto impacto ambiental, son la prueba más evidente del fracaso del modelo neoliberal. En Andalucía padecemos un modelo económico extractivo que está destruyendo el medio ambiente de consecuencias a veces irreversibles y, en todo caso, muy duraderas. Estas políticas irresponsables que no cuidan nuestro patrimonio natural están produciendo una catástrofe medio ambiental y territorial, esquilmando el litoral, amenazando la supervivencia del medio rural, degradando la biodiversidad, contribuyendo a la desertización, contaminación de ríos y derroche en el consumo de agua.

Los efectos del cambio climático los estamos sufriendo ya incluso con catástrofes que están causando pérdida de vidas humanas y enormes daños El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha alterado los equilibrios climáticos. Esto ha venido acompañado de un incremento de las temperaturas más allá de lo que indica la variabilidad climática natural, y que la comunidad científica sólo puede explicar por la intervención de factores humanos.

La relación entre los recursos naturales que se utilizan y los que pueden soportar el territorio es en España de 2,6 y en Andalucía de 2,8. El modelo actual de desarrollo derrocha recursos y emite residuos en Andalucía casi tres veces más de lo que puede soportar nuestro territorio. Es necesario reconducir nuestro modelo, haciendo que gane en eficiencia para dimensionar nuestra huella ecológica a nuestro territorio.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • Presentamos este Programa como una propuesta estratégica para preparar la transición hacia otro modelo de producción y consumo que respete los límites del metabolismo de la naturaleza, hacia otro modelo de progreso que asegure el presente y el futuro de Andalucía, como contribución a nuestra tierra y a la sostenibilidad del Planeta.
  • Nos comprometemos a preparar en nuestros programas políticos la transición hacia otro modelo de producción y consumo que respete los límites del metabolismo de la naturaleza, hacia otro modelo de progreso que asegure el presente y el futuro de Andalucía, como contribución a nuestra tierra y a la sostenibilidad del Planeta.
  • Asumir la sostenibilidad ambiental nos compromete a preservar el capital natural a través de un consumo que no supere la capacidad de reponer recursos materiales, hídricos y energéticos renovables que se gasten, y que la velocidad del uso de éstos no supere el ritmo de sustitución por otros recursos más duraderos. La capacidad de degradación del planeta no puede superar la capacidad que tiene el aire, el agua o la tierra para absorberlos y renovarlos. Hay que priorizar la eficiencia, la reutilización y la restauración.
  • La revolución ecológica no es solo una necesidad, es también una gran oportunidad para los territorios que sepan aprovechar los nuevos retos creando empresas y formando personas cualificadas para afrontarlos: innovación, energías renovables, agricultura ecológica, profesiones solidarias y comercio justo, son importantes yacimientos de empleo para las PYMES, cooperativas y mutuas de producción y consumo.
  • En Andalucía el incremento de las temperaturas puede ser algo superior a la media global, y una de las principales amenazas la tenemos en la reducción de recursos hídricos disponibles: durante el siglo, y según qué emisiones se produzcan finalmente, la reducción de las precipitaciones en Andalucía oscilará entre el 7% y el 19%, planteando algunos escenarios el 26%, los riesgos para nuestro litoral por las subidas del nivel del mar o fenómenos no habituales (ciclones, temporales extremos) y para dos espacios tan únicos, singulares y representativos del magnífico patrimonio natural de Andalucía como Doñana y Sierra Nevada.

C) MEDIDAS

  1. Plan de medidas urgentes de lucha frente al cambio climático que desarrolle las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 55% para el año 2030.
  1. Plan integral de protección de Doñana con exclusión expresa de las actividades incompatibles con el parque (dragados, extracción y depósitos de gas, extracción insostenible de agua, etc.). Doñana es uno de los lugares más especiales y singulares del mundo. Su catalogación como Patrimonio de la Humanidad y todas las distinciones concedidas por organismos internacionales hacen de este territorio un patrimonio natural y cultural único. Es un elemento fundamental de nuestra historia y nos recuerda que tenemos que coexistir con la naturaleza que nos rodea desde el respeto a la diversidad biológica. Es un símbolo de nuestra identidad colectiva lleno de vida Hoy Doñana se encuentra más amenazada que nunca por una actividad incompatible con su naturaleza e incluso con la actual normativa en vigor.
  1. Cambiar las relaciones entre el campo y la ciudad a través de una nueva estrategia territorial que permita fijar la población al territorio a través de tres ejes básicos: dotación de servicios, innovación y empleo verde y una movilidad sostenible que facilite las comunicaciones con las ciudades de tamaño medio de Andalucía como fuente de abastecimiento y apoyo a la vida rural.
  1. Demolición inmediata de El Algarrobico tal como exige la sentencia del Tribunal Supremo.
  1. Desarrollar un sistema de contabilidad energética global que recoja los costes de reposición de los recursos naturales e integre todos los productos derivados.
  1. Moratoria a la urbanización en Roquetas de Mar de la zona de las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida.
  1. Descontaminaremos la escombrera de residuos radiactivos de Andújar.
  1. Pacto contra la desertización y desarrollo de una estrategia de políticas transversales.
  1. Proteger el Arraijanal. La importancia medioambiental del lugar está en la singularidad de que es el último tramo de costa sin urbanizar en Málaga ciudad, y uno de los últimos en todo el litoral malagueño, a pocos metros de la desembocadura del río Guadalhorce, un entorno con un hábitat protegido de especies migratorias.
  1. Plan de reforestación de terrenos públicos con vegetación autóctona y su fomento en fincas privadas.
  1. Plan de recuperación de suelos contaminados.
  1. Establecimiento e impulso de la figura de Parques Agrarios en áreas metropolitanas de ciudades en progresivo deterioro, poniendo en valor las producciones agro-ganaderas del entorno periurbano y recuperando las vegas que tradicionalmente rodeaban las ciudades andaluzas, de manera que recuperen su función de suministradores de producción primaria de cercanía.
  1. Desarrollo de redes de plantas de compostaje a escala local que permitan mejorar la autosuficiencia de las explotaciones en la reposición de la fertilidad de los suelos (acceso a abonos orgánicos no industriales y reciclaje de residuos cosecha).
  1. Impulsar un Pacto Forestal Andaluz, con la participación de la ciudadanía y de todos los agentes económicos, sociales y políticos.
  1. Apoyar la Red de Reservas de la Biosfera y promover la correcta implantación de la Red Natura 2000 (planes de gestión, zonas ZEC, y financiación).
  1. Aprobar el Plan del Corredor del Litoral Andaluz y controlar y vigilar el buen estado de nuestras costas (depuración aguas, freno al urbanismo salvaje, furtivismo pesquero, etc.) y su conservación (franja de protección, ).
  1. Completar la Red Natura 2000 marina, y la Red de Áreas Marinas protegidas hasta alcanzar al menos el 10% de la superficie de nuestros mares antes de 2020 y que garantice la conservación de los ecosistemas y la recuperación de los caladeros.
  1. Plan de retirada de eucaliptos, incidiendo especialmente en los espacios naturales protegidos.
  1. Se impulsará la certificación forestal FSC para incentivar la compra responsable de productos forestales.
  1. Planificación con carácter anual de la prevención de incendios forestales, con información pública y dotación suficiente de recursos materiales y humanos.
  1. Revisión de la Ley de Suelo y ordenación del territorio con parámetros sostenibles. Promoviendo una legislación que revitalice las ciudades y que fomente un urbanismo más participativo donde la recalificación de nuevos terrenos como urbanizables se vincule a las necesidades reales.
  1. Se llevará a cabo un Plan andaluz de Ecobarrios basado en la creación de espacio público de calidad, arbolado, accesible, autosuficiente energéticamente, que den prioridad a los peatones, que almacene y reutilice las aguas pluviales, con apoyo a comercios de barrio.
  1. Creación de un Observatorio autonómico de Datos de Biodiversidad por poblaciones y territorios. Promover el control y erradicación de especies invasoras, sin maltrato sufrimiento animla.
  1. Aprobación de los planes sectoriales del Plan Estratégico Andaluz del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
  1. Completar la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (ENP) para los espacios más amenazados y llevar a cabo el Plan Director de los Parques Nacionales en el ámbito de las competencias andaluzas que le corresponda. Ampliar la Red ENP con la declaración de la Sierra Morena de Córdoba, la Sierra Sur de Jaén y la Sierra Lújar/ Granada como parques naturales y la inclusión de Sierra Bermeja como parte del parque natural Sierra de las Nieves.
  1. Declaración del Sistema de Cabezos de Huelva como Monumento Natural tanto por constituir un único sistema patrimonial del que no se pueden segregar sus cimas y laderas, como por su alto potencial científico y didáctico de acuerdo con la Ley de Conservación de Espacios Naturales. También por la definición de Monumento Natural establecida en la Ley 42/2007, en la que encaja perfectamente el Sistema de Los Cabezos de Huelva están actualmente catalogados como Georrecurso y el propio Ayuntamiento de Huelva en pleno, la Universidad de Huelva a través de más de una veintena de expertos, y la propia sociedad onubense han solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que aumente su protección declarándolos Monumento Natural de Andalucía. Los planes urbanísticos vigentes prevén el recorte, urbanización, y construcción de edificios en las laderas de los Cabezos de Huelva, incompatibles con amenazando su integridad y conservación, por lo que resulta urgente su Declaración como Monumento Natural.
  1. Elaborar en colaboración con Ayuntamiento y Colectivos de vecinos y vecinas afectados, un Plan Andaluz de Ecoaldeas, para encajar estas formas de vida y comunidad ecológicas, en las normativas que les afectan y que actualmente constituyen un obstáculo para la supervivencia de las existentes y la deseable creación de otras en Andalucía.
  1. Plan de Vigilancia e Inspección en el uso de venenos y otros medios no selectivos de caza. Se elaborarán protocolos de trabajo para homogeneizar las actuaciones de los agentes de medio ambiente.
  1. Impulsar el Programa de conservación del lobo en Andalucía.
  1. Ejecución de los Programas de Gestión de la Dehesa que pongan en valor la conservación de las especies autóctonas de flora y fauna que habitan en dichos espacios.
  1. Creación del Defensor de las generaciones futuras y elaboración de su estatuto de organización y funcionamiento como adjunto al Defensor del Pueblo. Hay al menos 15 Estado que cuentan con instituciones específicas dedicadas a defender formalmente los intereses de esas generaciones (Finlandia, Hungría, Bélgica, Escocia, Francia, Malta, Gales, Suecia, Alemania, Israel, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda).

Capítulo 10. INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

A) LA SITUACIÓN

La movilidad es una de las grandes cuestiones que no están en absoluto resultas en Andalucía. La imprevisión del desarrollismo urbanístico ha colapsado los accesos a las grandes ciudades andaluzas y aumentado de forma alarmante la contaminación.

En las últimas décadas no hemos tenido políticas de transporte, sino de infraestructuras. Las grandes obras públicas (pocas veces privadas) son las que han mandado sobre el territorio y la movilidad. Los proyectos y la cuantía de las inversiones han sido las principales variables que luego han condicionado la política de transporte. Sin embargo, el transporte es un sector fundamental para abordar muchos de los problemas y cuestiones a los que se enfrenta nuestra sociedad. Es determinante, por ejemplo, en cuanto a los retos ambientales: cambio climático –el transporte en España es el principal emisor de gases de efecto invernadero–, calidad del aire, ruido, biodiversidad, etc. Pero también ante los desafíos que se nos plantean frente al llamado pico del petróleo, la necesidad de afrontar una transición económica con parámetros de sostenibilidad, equidad y respeto al territorio.

Dentro de la política de infraestructuras apenas han tenido relevancia ni consideración los criterios ambientales; ni ha existido apenas coordinación entre administraciones.

También es patente la falta de transparencia con la que se adoptan decisiones de gran calado económico y territorial. Hay una ausencia casi absoluta de participación ciudadana, facilitando la capacidad de presión y de poder del sector de la construcción de infraestructuras, un oligopolio con enorme capacidad financiera y de influencia.

B) LÍNEAS DE ACTUACIÓN

  • Articular Andalucía con redes de transporte público y bicicleta, impulsando su electrificación. El modo más eficiente y económico de movernos, tanto entre ciudades como dentro de nuestras comarcas y áreas metropolitanas, tiene que ser el transporte público limpio. Tenemos que aprovechar los grandes avances que se están produciendo en movilidad y ser punta de lanza de los mismos. El tren y los autobuses eléctricos de alta capacidad están llamados a revolucionar la forma en que nos movemos, apoyados por una amplia red viaria de prioridad ciclista y coches eléctricos compartidos. El sector del transporte limpio está llamado a ser uno de los pilares de la política de empleo que Andalucía necesita.
  • Defendemos un modelo de desarrollo equilibrado entre todos los territorios de Andalucía, planificando acciones que resuelvan las actuales diferencias internas que se observan en los niveles de infraestructuras y de progreso entre las provincias y comarcas
  • Propiciaremos que Andalucía se dote de las infraestructuras necesarias, priorizando los transportes públicos y menos contaminantes así como una estructura no radial de las mismas para vertebrar todas las comarcas andaluzas y potenciar la conexión con el
  • Necesitamos una inversión de choque en infraestructuras selectivas, respetuosas con el medio ambiente y que cohesionen nuestro territorio, como elemento decisivo para nuestro progreso económico.

C) MEDIDAS

  1. Coordinar con el Ministerio de Fomento así como con Renfe y Adif la transferencia de las competencias sobre los ferrocarriles con salida y destino en el territorio de la Comunidad autónoma, al objeto de crear un servicio ferroviario andaluz de cercanías y media distancia.
  1. Nueva conectividad; fomentar las conexiones ferroviarias internacionales, regionales y de cercanía; invertir la proporción del transporte de mercancías entre carretera y ferrocarril; limitar el tráfico pesado en carretera y autopistas; promover que los centros urbanos de todas las ciudades y pueblos estén “desmotorizados”: libres para peatones, ciclistas y transporte público, restringidos y prohibidos para el coche y que los centros de trabajo tengan planes de movilidad sostenible.
  1. Corredor mediterráneo. Es imprescindible el tramo andaluz del Corredor Mediterráneo, el llamado Eje Ferroviario Transversal (EFT), un eje estructurante contemplado en el estatal Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte 2020 (PEIT) desde Almería hasta Huelva pasando por Antequera, el equivalente ferroviario a la A-92. que incorpora las agrociudades andaluzas (Marchena, Osuna, Utrera, Arahal) al eje ferroviario de altas prestaciones como una apuesta por el desarrollo endógeno y la movilidad, priorizando la cohesión territorial de Andalucía y una conectividad colaborativa con el levante, frente a la actual conectividad orientada al “control remoto” de nuestra tierra, al “ida y vuelta” sucursalista a Madrid y a la instalación de delegaciones dependientes que vacían de valor agregado Andalucía.
  1. Infraestructuras digitales públicas.
  1. Sistema de seguridad público de internet.
  1. Promover la inversión pública para la dotación y mejora de redes de transporte público de cercanías en las áreas metropolitanas, con especial atención a carriles reservados y cercanías ferroviarias. Dichas redes deben cumplir con los criterios de accesibilidad.
  1. Impulsar la ejecución de las medidas y actuaciones contempladas en el Plan Andaluz de la bicicleta, favoreciendo las condiciones de intermodalidad en el sistema de transporte público, promoviendo la extensión de los carriles y vías de ciclistas tanto urbanos como interurbanos por todo el territorio andaluz, al igual que la construcción de aparcamientos de bicicletas. Establecer redes de movilidad sostenible mediante la alianza de la bicicleta y el transporte público.
  1. Renovación progresiva de la flota de vehículos públicos por vehículos eléctricos en Andalucía, mediante ayudas y bonificaciones fiscales.
  1. Reactivar la aprobación parlamentaria de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible “que establezca la planificación de la movilidad a nivel metropolitano, urbano y de empresa, para reducir el transporte individual contaminante e intentar alcanzar el 80% hasta el año 2035”.
  1. Finalizar la elaboración de los Planes metropolitanos de transporte. Planes de movilidad sostenible de las aglomeraciones urbanas que aún carecen de este instrumento de planificación. Aplicación de las medidas de racionalización, dotación de infraestructuras, mejora de los tránsitos recogidas en los Planes ya redactados.
  1. Mejorar la financiación de los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía, instrumento básico y necesario para favorecer el acceso a bienes y servicios de primera necesidad como empleo, sanidad, educación.
  1. Acelerar el proceso de renovación de las concesiones de transporte competencia de la Junta de Andalucía para adaptar las líneas a las necesidades actuales de la ciudadanía, estudiando la posibilidad de gestión pública directa de aquellas líneas consideradas de servicio público básico.
  1. Promover la contratación pública sostenible en materia de transporte y movilidad, tal que, los pliegos de condiciones técnicas recojan entre los criterios de valoración, la oferta de vehículos movidos con energías limpias y renovables.
  1. Iniciar el cambio del actual modelo de transporte de pasajeros y mercancías por carretera hacia un modelo de movilidad de media y larga distancia que prime el uso de los modos ferroviarios. En ámbitos urbanos y metropolitanos, tras haber estudiado en profundidad las necesidades de movilidad, incluyendo la opción por un modo de transporte público u otro, establecer una moratoria en la construcción de metros subterráneos y sustitución por redes de transporte ferroviario de superficie, teniendo siempre presente el retorno social de las inversiones en el territorio.
  1. Requerir del Estado inversiones en infraestructuras ferroviarias convencionales de media y larga distancia, frente al derroche de la Alta Velocidad en términos de relación inversión / números de usuarios. Cooperar con inversiones de la Comunidad Autónoma.
  1. Moratoria en la dotación económica para la construcción de vías rápidas para vehículos a motor. Revisión del PEIT con moratoria a las inversiones en autovías, AVE, aeropuertos y grandes infraestructuras portuarias.
  1. Plan de mejora de las carreteras convencionales, dotándolas, en todos los casos posibles, de carriles ciclo peatonales.
  1. Impulsar la elaboración e implantación de Planes Movilidad Sostenible Sectoriales para los diversos sectores productivos (turístico, la gestión de residuos especialmente los peligrosos, agricultura, industria, para municipios ubicados en espacios naturales protegidos, etc.). Especial importancia por su carácter estacional y masivo es promover la movilidad sostenible de actividades realizadas en zonas protegidas (El Rocío en Doñana o el esquí en Sierra Nevada).
  1. Impulsar el transporte marítimo de pequeños transbordadores, de cabotaje, etc. en las zonas costeras andaluzas que sea posible.
  1. Fomentar la accesibilidad de forma transversal en todas las políticas sobre movilidad y transporte haciendo de las ciudades zonas amables que permitan el mayor grado de autonomía posible a las personas diversas funcionales, mayores y población infantil (especialmente centros escolares, salud).
  1. Modificación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de forma que las actividades sometidas a instrumentos de prevención ambiental que tengan previsto el desarrollo de actividades de transporte implantarán por ley planes o medidas de movilidad sostenible.
  1. Avanzar hacia la peatonalización del espacio público con criterios de accesibilidad universal, de género y generación.
  1. Fomentar la electrificación del transporte con procedencia energética de fuentes renovables.
  1. Elaboración de un Plan de Transición de transporte interurbano por carretera al transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril.
  1. Revisión urgente del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte (PISTA) y adecuarlo a las necesidades de una transición del sistema de transporte andaluz.
  1. Recuperar para el uso y disfrute de la ciudadanía las vías pecuarias y caminos rurales públicos, muchos de ellos en riesgo de desaparición, por falta de cuidado mantenimiento y por ocupación ilegal de particulares. Endurecimiento de las sanciones por dichas ocupaciones ilegales y por la falta de actuación manifiesta de las autoridades municipales.
  1. Impulso a los Consorcios Metropolitanos de Transporte como agentes gestores de la movilidad y accesibilidad metropolitana. Establecimiento de tasas de circulación por vehículo privado en los centros metropolitanos. Los recursos económicos generados se destinarán a la mejora de los servicios de transporte público y al abaratamiento de los mismos. La tasa por vehículo propio se establecerá según masa y emisiones.
  1. Informar sobre la conveniencia y necesidad de reducir la cantidad de vehículos en propiedad, así como del aprovechamiento de todas las plazas de dichos vehículos en las ciudades. Informar sobre y fomentar el uso del vehículo (coche, bici, moto) compartido (carsharing) y del viaje compartido (carpooling). Promover y habilitar una red estratégica de aparcamientos exclusivos de carpooling como medio de complementar las deficiencias del transporte público interurbano, reducir consumo y emisiones, número de vehículos en circulación en la red viaria y la consiguiente reducción de accidentes circulatorios.
  1. Promover una red autonómica de recarga de vehículos eléctricos con un diseño estratégico en malla y con la participación de entidades públicas y privadas, facilitando y promoviendo la instalación de dichos puntos en establecimientos situados en la red viaria andaluza con una separación máxima de 100kms, facilitando pasillos verdes para vehículos eléctricos.
  1. Cumplimiento de las promesas de las distintas administraciones para dotar a la provincia de Granada de las conexiones que demanda.
  1. Red de transporte de cercanías para Córdoba (metrotren).
  1. Ampliación de los metros de Málaga y Sevilla con criterios de sostenibilidad.
  1. Tranvías de la bahía de Cádiz y Vélez –Málaga.
  1. Conexión del puerto de Algeciras con Bobadilla.
  1. Inversión para el mantenimiento y la rehabilitación de la red
  1. Restablecimiento del Tren Ruta de la Plata.
  1. Ley de financiación del transporte urbano que permita sostener los costes de funcionamiento y llevar a cabo un plan de inversiones que convierta al transporte colectivo de viajeros en una alternativa real al uso del coche particular mediante una actuación coordinada de los gobiernos: central, autonómico y locales para favorecer la integración de medios de transporte y la intermovilidad.

Resumen del COMPROMISO de EQUO VERDES – INICIATIVA ANDALUCÍA para cuidar nuestra tierra y cuidarnos entre todos:

Andalucía tiene el potencial necesario para emprender un ambicioso proyecto de transición ecológica que genere empleo transformando nuestra tierra en una comunidad verde y solidaria, inclusiva y equitativa, de raíces profundamente democráticas. Tenemos sol y viento para generar nuestra propia energía limpia, mover nuestros transportes públicos y alimentar nuestros hogares y fábricas. Tenemos suelo fértil y una sabia y rica tradición agrícola que son la garantía de nuestro sustento. Podemos fabricar y producir en nuestra tierra la mayor parte de lo que necesitamos, con industrias limpias. Tenemos una cultura mediterránea del buen vivir, acogedora y solidaria, creativa y emprendedora.

Necesitamos un proyecto que nos movilice, empezando por nuestra juventud, que merece tener un futuro en nuestra tierra, trabajando para ello y encontrando una vivienda asequible dónde fundar su vida.

Para hacer todo esto posible, la cooperación es el camino. La cooperación entre todas las sensibilidades políticas. No podemos permitirnos que la mayor parte de nuestras discusiones se malgasten en enfrentamientos estériles. Necesitamos una política del bien común con amplio consenso social. Cooperar en torno a objetivos compartidos ampliamente por la sociedad. El papel de la política, y eso es lo que nos anima a trabajar, es dar el impulso necesario para hacer posibles los principales anhelos de la sociedad. Ayudar a señalar el camino que merece la pena ser caminado, haciendo camino al andar. Caminos que ya están andando tantas y tantos andaluces.

El programa que proponemos a la sociedad andaluza descansa en:

Doce grandes líneas de acción:

1
Impulsar la TRANSICIÓN ENERGÉTICA para lograr producir el 100% de la misma de forma limpia, con nuestro sol, nuestro viento y nuestros saltos de agua. Esta transición tiene que ser impulsada por la Junta de Andalucía, promoviendo una cooperativa de servicios públicos propia, en colaboración con diputaciones y municipios y con las empresas cooperativas energéticas andaluzas. Tenemos los centros de investigación y las tecnologías necesarias para ello, y tenemos el tejido empresarial de base que necesitamos y que es preciso impulsar. La energía es la base de la economía y la energía renovable es la única con futuro.

2
Impulsar la TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE NUESTRA AGRICULTURA Y GANADERÍA, para generar alimentos sanos y de alta calidad, generando empleo en nuestro campo y devolviéndole el papel que merece como sustento de la sociedad, apoyando a nuestras empresas agro-ganaderas transformadoras de alimentos, creando canales cortos de comercialización que incrementen su renta.

3
ARTICULAR ANDALUCÍA CON REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y BICICLETA, impulsando su electrificación. El modo más eficiente y económico de movernos, tanto entre ciudades como dentro de nuestras comarcas y áreas metropolitanas, tiene que ser el transporte público limpio. Tenemos que aprovechar los grandes avances que se están produciendo en movilidad y ser punta de lanza de los mismos. El tren y los autobuses eléctricos de alta capacidad están llamados a revolucionar la forma en que nos movemos, apoyados por una amplia red viaria de prioridad ciclista y coches eléctricos compartidos. El sector del transporte limpio está llamado a ser uno de los pilares de la política de empleo que Andalucía necesita.

4
Impulsar la TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA INDUSTRIA ANDALUZA, basada investigación y desarrollo para impulsar la economía circular de residuos cero. Nuestras universidades y centros de investigación están llamadas a impulsar, con la financiación adecuada, esta crucial tarea que puede hacer de Andalucía referente del sur de Europa de la nueva revolución industrial. Este programa de apoyo a la industrialización limpia de Andalucía tiene que estar equilibrado por nuestras provincias y comarcas, diversificándose para aprovechar los mejores recursos naturales y sociales de cada una de ellas.

5
Impulsar una RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, como base para garantizar la autonomía y libertad de todas las personas y permitirles emprender con libertad su propio proyecto económico. El avance en la robótica ha abierto el debate sobre el futuro del empleo a nivel mundial y la Renta Básica emerge como mecanismo necesario para lograr la inclusión social y la propia base que sustente la economía. La Renta Básica Incondicional, ampliamente estudiada y desarrollada en el mundo académico será el pilar del nuevo contrato social. Con Renta Básica es posible redistribuir y reducir el tiempo de trabajo, algo que va ser imprescindible y que al mismo tiempo es una oportunidad para vivir mejor, haciendo que los avances tecnológicos en lugar de ser una amenaza se conviertan en fuente del buen vivir de la sociedad. Vamos a impulsar un amplio debate social sobre este elemento que consideramos clave para impulsar el proyecto de futuro que Andalucía necesita.

6
REFORMA VERDE Y REDISTRIBUTIVA DE LOS IMPUESTOS para impulsar la transición ecológica de la economía y avanzar en equidad social. La industria y medios de
transporte actuales, altamente contaminantes tienen que dejar paso y financiar una industria y transporte limpios. La parte andaluza de la declaración de la renta tiene que servir para poner en marcha un programa de ingresos mínimos y máximos cuyos objetivos sean resultado de un amplio debate y consenso social. La desigualdad extrema no sólo destruye la cohesión social, sino que afecta de forma negativa a la democracia, dando excesivo poder a quiénes disponen de recursos muy por encima de lo que en justicia les corresponde.

7
Impulso a la DEMOCRACIA REAL, PROPICIANDO LA VERDADERA PARTICIPACIÓN CIUDADANA en el proyecto de transición ecológica de Andalucía, tanto a nivel autonómico como municipal. Este impulso precisa de una reforma de la ley electoral para que todos los votos valgan lo mismo y el parlamento represente proporcional y fielmente la voluntad de las andaluzas y andaluces. La Universidad de Granada tiene elaborada una propuesta que EQUO Andalucía Verdes ha defendido en el parlamento y que lo permitiría. Es necesario, como también hemos defendido, dotar de contenido al escaño 110, convirtiéndolo en un escaño permanente desde el que la ciudadanía pueda trasladar directamente, sin mediación de partidos políticos, sus propuestas. La ley de participación ciudadana será la base que articule de forma cotidiana la participación día a día de los andaluces en la gestión de sus municipios y de la propia institución autonómica

8
Ley de ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN. El impulso de la transición ecológica de la economía necesita una ley que reconozca y apoye a las empresas que más contribuyen al bien común, tanto en la producción y distribución limpia, como en la retribución justa y equitativa de sus trabajadores y trabajadoras, por contar con programas de igualdad y de conciliación familiar y por estar dotadas de mecanismo de participación en el devenir de las empresas. Para eso es necesario un etiquetaje que haga reconocibles a aquellas empresas que realizan el balance del bien común y un programa de incentivos fiscales para las mismas.

9
Acometer una verdadera TRANSICIÓN ECO FEMINISTA DE LA VIDA EN ANDALUCÍA. El programa que presentamos, en su conjunto, evidencia que ninguna decisión o medida será efectivamente transformadora si no adoptamos una mirada global verde y violeta. La economía también de los cuidados – y su universalización-, la gestión participada de lo público, la inclusión de todas y cada una de las personas que hacemos Andalucía, así como la sostenibilidad del medio natural que nos da vida y cobijo, constituyen la perspectiva desde la que emprender la transición que nos hemos propuesto. Por esta razón, consideramos también imprescindible auditar, en primer lugar, el carácter y estructura de las instituciones públicas, valorando en su diagnóstico los elementos que en la actualidad no se corresponden con los principios de equidad, inclusión, cuidado y respeto por las personas y el planeta; claves del ecofeminismo, seña de identidad de EQUO ANDALUCÍA VERDES.

10
PACTO ANDALUZ POR LA EDUCACIÓN, fruto de un amplio debate en el que participe toda la comunidad educativa andaluza, para consensuar los valores, los conocimientos y las actitudes que precisamos para hacer frente a los grandes retos del presente y futuro inmediato. Una educación para toda la vida, en la que nuestros centros educativos cuenten con los recursos necesarios y estén abiertos a su entorno para ser agentes de cambio en los modos de vida, promoviendo la cultura de la igualdad, del cuidado y la responsabilidad, de la creatividad y de la fraternidad universal.

11
ESTATUTO VERDE DE LAS CIUDADES Y MUNICIPIOS. Corresponde a las ciudades y municipios ser los motores de la transición ecológica de Andalucía. Para ello es necesario dotarlos de un estatuto propio, fundado en el derecho a la ciudad, que permita a sus habitantes tomar parte activa de la transformación de nuestras ciudades en ciudades verdes, inclusivas, accesibles, sin malos humos, saludables, mitigadoras del cambio climático y adaptadas al mismo, con viviendas asequibles, un derecho reconocido en nuestra propia Constitución, y sistemas de transporte modernos y eficientes movidos por energía renovable. Nuestras ciudades pueden ser referentes en Europa por producir su propia energía en los techos de sus edificios, por mover con centrales eléctricas propias sus redes de transporte y por marcarse objetivos de residuos cero. Están llamadas a dinamizar la economía verde para auto-abastecerse con bienes de fabricación propia, empezando por los alimentos. Vamos a impulsar que todas nuestras ciudades tengan proyectos de transición ecológica siguiendo estos pilares, y siendo reconocidas por contar con anillos verdes y parques agrarios metropolitanos.

12
LEY DE BIENESTAR ANIMAL. Los animales tienen sentimientos, no son meras cosas al servicio de la producción como los trata habitualmente la industrialización. No pueden reclamar sus derechos, pero una humanidad buena puede otorgárselos, reconociéndoles el servicio que nos prestan y el cariño que nos aportan. Esta ley debe prohibir el maltrato animal y generar unas condiciones mínimas de vida digna y saludable para nuestra cabaña ganadera.

 

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