EQUO Andalucía apoya la iniciativa del Ejecutivo andaluz de legislar sobre el derecho a la vivienda

EQUO Andalucía aplaude este primer paso del ejecutivo andaluz en política de vivienda ante la grave situación de desahucios que se vive en la comunidad andaluza: según los datos de Censos de Población y Vivienda en Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías. Entendemos que el gobierno de coalición muestra así su intención de hacer efectivo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española y coincidimos en la necesidad de dar ese paso.

EQUO Andalucía apuesta claramente en su programa  por legislar sobre el derecho a la vivienda y por la función social de la propiedad, esto es, que se expropie el uso de viviendas vacías y una gestión del mismo a través de alquileres sociales. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recoge hoy el Decreto-ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Esta propuesta aprobada en Consejo de Gobierno es un primer paso en el territorio español para legislar un derecho que si bien es constitucional, no pertenece a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Esteban de Manuel, coportavoz de Equo Andalucía, ha participado en el asesoramiento técnico, como arquitecto, a la corrala La Utopía de Sevilla. Entiende que en la reunión que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha mantenido con miembros de dicha corrala de vecinos han influido los principios que la asesoría técnica entendía imprescindibles: legislar el derecho de vivienda y establecer alquileres sociales. Estas son propuestas que la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) también reivindica. Para Esteban de Manuel “estamos influyendo en vivienda aportando ideas que la iniciativa social hace suyas, las plantea al gobierno y el gobierno las desarrolla”. Sin embargo observamos demasiadas limitaciones para acogerse al nuevo decreto-ley, tal como pide la organización FACUA, pues entre otras propuestas se plantea la expropiación del uso de las viviendas durante un máximo de tres años, que se producirá sólo en determinados procedimientos de desahucio iniciados antes del 12 de abril de 2013, fecha de entrada en vigor del decreto-ley.

Para acogerse a la norma, las familias deberán reunir los siguientes requisitos económicos: que la hipoteca represente más de un tercio de sus ingresos, que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5 desde que se concedió el préstamo y que los ingresos de la unidad familiar no superen 1.597 euros brutos mensuales (19.164 anuales), esto es, el triple del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) sin considerar el número del núcleo familiar.

EQUO considera que la limitación en cuanto a ingresos es excesiva y excluirá a numerosas familias. Así, nos unimos a la petición de FACUA y reclamamos al Gobierno andaluz que modifique ese elemento y module los límites en función del número de miembros de la unidad familiar.

Igualmente si la hipoteca impagada que ha originado el procedimiento de desahucio no fue solicitada para la compra de la vivienda, las familias no podrán acogerse al decreto-ley. Se excluyen así injustamente hipotecas que las familias solicitaran sobre la vivienda para hacer frente a situaciones de sobreendeudamiento o la apertura de negocios, algo que también FACUA también reclama corregir.

Desde EQUO Andalucía seguiremos aportando ideas para resolver el conflicto de vivienda y desahucios y estaremos pendiente del desarrollo de este decreto- ley que sin duda nos parece una buena iniciativa, pero que no debe perder su objetivo: hacer efectivo un derecho que si bien está reconocido en la Constitución española no disfruta de las garantías jurídicas que le convertirían  en derecho fundamental. La regulación del derecho a la vivienda debe entenderse junto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Parlamento, y admitida a trámite, por la Plataforma Afectados por la Hipoteca.

En EQUO Andalucía entendemos que el Gobierno central tiene una buena oportunidad para resolver este conflicto que afecta a la ciudadanía española. Una ILP y un Decreto-ley en una comunidad autónoma  son el reflejo de que la ciudadanía y las autonomías quieren y pueden aportar soluciones.

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