Consideramos un engaño a la ciudadanía que la Junta deje pasar la oportunidad de apostar por una Renta Básica Universal

No se puede vender la renta mínima de inserción recién aprobada como un gran logro cuando no deja de ser más burocracia y no llegará a muchas personas que realmente lo necesitan. La Renta Básica Universal es la única herramienta útil para garantizar unas condiciones de vida mínimas para todas las personas.

 

Desde EQUO Andalucía Verdes consideramos que la presentación por el Gobierno andaluz del proyecto de Renta Mínima de Inserción en lugar de una auténtica Renta Básica, como indica el Estatuto de Autonomía andaluz, es sencillamente un engaño a la ciudadanía. Así lo ha señalado nuestra coportavoz y parlamentaria, Carmen Molina, que ha reprochado que el Gobierno socialista “esté vendiendo esta renta mínima de inserción como un gran logro, cuando no deja de ser más burocracia que, además, no llegará a muchas personas que realmente lo necesitan”.

La nueva norma de la Junta obliga a los perceptores a estar asistiendo continuamente a cursos de inserción laboral y sólo dura un año, prorrogable a seis meses más, y no es compatible con trabajo alguno.

“La Renta Básica Universal que defendemos, junto a otros colectivos y economistas, es la única herramienta útil en este sentido”, ha señalado por su parte el también coportavoz andaluz, Francisco Sánchez Molina. “Para que se pueda considerar realmente una Renta Básica Universal debe llegar a todo el mundo, sin distinciones ni papeleo, garantizando a todas las personas la cobertura de sus necesidades básicas, dignificando de este modo el trabajo y la vida de la gente”.

EQUO Andalucía Verdes reivindica la RBU como lo que debe ser, un ingreso individual, incondicional, irrevocable y universal que deben recibir todas las personas por su condición ciudadana. Lo consideramos un derecho fundamental que, junto a los derechos a la educación, la sanidad, la vivienda, la información, la participación y un medio ambiente saludable, son necesarios para garantizar las condiciones formales y materiales de igualdad, independencia y dignidad de todas las personas. Como tales derechos fundamentales, todos ellos deben ser garantizados por los poderes públicos.

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