Carmen Molina: ¿Dónde reside la soberanía de ciudadanos y territorios?

Tribuna por Carmen Molina, coportavoz de EQUO Andalucía y parlamentaria.

 

¿Quién ostenta en la actualidad la soberanía en todos los ámbitos en nuestros territorios?

Visto desde Andalucía, que es el Sur del Sur, y no me refiero al decirlo a una imagen poética sino geopolítica, y al margen de conflictos fronterizos y de refugiados, creo que hay datos suficientes para sostener que Andalucía en su relación económica con el resto del estado y con Europa tiene un papel, en no pocos aspectos, de Neo-colonia. Tercera por volumen de PIB en 2016 pero en la posición 18, a la cola y sólo delante de Extremadura, cuando dividimos ese PIB por las personas que vivimos en esta hermosa tierra. Vendemos nuestro buen tiempo y exportamos agua y suelo en forma de frutas y hortalizas al norte más rico y con más agua. Menos mal que el PIB no es un buen indicador del buen vivir o el bienestar de las personas.

Carmen Molina en un acto en Córdoba en el que habló sobre soberanía.

Se ha abierto, un importante debate: ¿es necesario abrir un proceso constituyente? Pues sí. Hay que abrir ese debate y reflexionar sobre cómo será nuestra convivencia en el futuro cercano. Y debiéramos abordarlo pensando en España y en Europa, como algo nuestro, que nos atañe. Desde lo emocional. Sólo si sentimos como nuestro el territorio que pisamos, no por poseerlo, sino porque nos acoge, tendremos un proyecto que valga la pena y que consideremos nuestro. Ese proyecto debe estar ligado al territorio, pero no entendido éste como superficie y divisorias sino como continente del paisaje y las personas que lo habitan. Ese paisaje, que mientras perdura, es testimonio de pasado y esperanza de futuro.

Como ciudadanos, somos sujetos titulares de derechos políticos a la vez que, estamos sometidos a leyes autonómicas, estatales y de instituciones supraestatales como la Unión Europea, además de otros marcos normativos globales como los tratados de libre comercio, que son limitadores de soberanía, sin duda. Porque la soberanía tiene distintas escalas.

La Soberanía Ciudadana está menos delegada, cuando los derechos y los deberes se concretan en un espacio próximo o local. Es más fácil ejercer nuestra soberanía y sentir como nuestro lo que conocemos en primera persona, lo que nos afecta a nosotros y lo que afecta a nuestros prójimos y vecinos. Y es aquí donde el MUNICIPALISMO es una herramienta esencial y un supuesto Contrato Constituyente debe incluirlo y protegerlo. Es imperativo potenciar y hacer efectiva la SOBERANÍA a nivel MUNICIPAL, asegurando la representación y la participación de los VECINOS (munícipes) para evitar hechos como los que se están viviendo en Madrid, que ve limitada su aplicación de políticas sociales a pesar de contar con superávit o en Carcaboso, (pueblo extremeño de 1200 habitantes), donde un alcalde puede acabar en la cárcel por facilitar el derecho a la vivienda en su pueblo. Son ejemplos en medio urbano y rural donde la soberanía se ha limitado por los instrumentos del Estado y judiciales, respectivamente. Así que esa imaginada “constitución” debe evitar estas limitaciones y potenciar las herramientas de participación y corresponsabilidad vecinales.

El debate sobre encaje territorial, se completa con el necesario también a nivel de Soberanía. Una parte significativa de los ciudadanos catalanes reclama su independencia, quieren ser soberanos y no depender de autoridades superiores, especialmente del Estado Español, aunque curiosamente, si manifiestan aceptación del marco normativo europeo que, objetivamente, en la actualidad, controla muchos aspectos, especialmente de índole económica, que les limita su plena Soberanía. Todos los Estados de la UE, en mayor o menor grado y a pesar de que la soberanía que prima todavía es la soberanía nacional, han cedido una parte de ella a esta Institución que, lamentablemente, todavía carece de un parlamento que haya alcanzado la mayoría de edad. Recordad que como europeos no tenemos aún una constitución.

Cercana la fecha del 4D, fecha relevante en Andalucía, hemos de constatar que No somos ni PARCIALmente SOBERANOS, a pesar de contar con instituciones de gobierno propias como el Parlamento Andaluz y una administración descentralizada. Desde un punto de vista económico nos ha tocado jugar el papel en que, el dinero que generamos es el resultado de vender y estropear los recursos de los que disponemos, hipotecando nuestro futuro y el de los andaluces que nos seguirán. En este sentido creo que está justificado decir que somos una tierra sin soberanía y que en el contexto socioeconómico global nuestra situación es la de colonia del siglo XXI. Nuestras variables económicas están más próximas a lo que llamamos países del Sur que a nuestra pertenencia geográfica a la élite mundial de la que forma parte Europa. Y asumo que los ciudadanos andaluces somos poco conscientes de ello. No se trata de un “España nos roba”, ni de pelearnos por balanzas fiscales desiguales, tampoco de si somos una nación o no, se trata de que ese Contrato Constituyente defina los mecanismos y formas de gobierno territoriales que permitan y aseguren a los ciudadanos unos mínimos para disfrutar de un buen vivir en libertad y ejerciendo la solidaridad. Buen vivir significa asegurar el disfrute efectivo de derechos como la educación, la sanidad, el techo, acceso a la energía, al agua y a alimentación sana, el cuidado de los mayores y los refugiados entre otros. Esto significa concretar en el marco constituyente otras soberanías, como la alimentaria o la energética. Algunos de estos derechos se pueden concretar desde el ámbito municipal, pero otros encuentran mejor encaje en estructuras de gestión de nivel autonómico, federal o confederal, según sea la forma que resultase del proceso constituyente. Más importante que la forma final que se proponga de encaje territorial, es asegurar los derechos y el bienestar de las personas allí donde vivan, es decir facilitar que sean soberanas.

De nuestro propio pasado reciente y el de estados como Portugal y, especialmente, Grecia ha quedado bien a las claras que, en una Europa sin constitución y con un parlamento limitado, la soberanía ha estado en manos del poder económico y que los Estados se han plegado a él, supeditando los derechos de los ciudadanos a dar “prioridad absoluta” al pago de la deuda, algo que lamentablemente se incluyó en la constitución vigente, sin preguntar a los depositarios directos de la soberanía que somos los ciudadanos.

Así que la soberanía, en realidad la ejerce el poder económico de las élites mundiales y no los ciudadanos. La globalización ha potenciado aún más este hecho y los tratados internacionales de comercio lo están normalizando. Hay un Gobierno Global Soberano sin rostro, nada representativo, que ostenta cada vez más poder y resta soberanía. El hecho de que la riqueza a nivel mundial se acumule cada vez en menos manos es la manifestación clara de este hecho. La Globalización económica está permitiendo intercambios financieros y comerciales sin límites de fronteras, mientras impide movimientos de personas y deja que se mueran los pobres y los que huyen de conflictos bélicos y de gobiernos injustos.

Hay que romper el paradigma de que el crecimiento económico permanente sea condición necesaria e incuestionable para progresar. Permitidme la parte ecologista, no se puede crecer ilimitadamente en un planeta finito del que ya hemos extraído y consumido recursos físicos, que nunca más volverán a estar disponibles. No podemos seguir extrayendo soberanamente recursos finitos para impulsar la economía asumiendo que es la única manera de generar empleo. El crecimiento económico debe estar supeditado a los derechos de los ciudadanos que viven hoy, a los que están por llegar y a los límites planetarios.

No estaría de más que la hipotética nueva constitución y los tratados europeos que vengan incluyeran alguno de estos aspectos que facilitaran una transición ordenada hacia un modelo de economía estacionaria donde impere sobre todo el bien común.

En conclusión, hay que recuperar la soberanía económica y dársela a los ciudadanos. Supeditando la economía a dar respuesta a la crisis social y ambiental que enfrentamos. ¿Cómo empezar a hacerlo?: incluir en nuestro nuevo marco constituyente el que no se antepongan los intereses comerciales y financieros a los derechos de las personas. Un Anti 135, dicho sin rodeos. Para conseguir objetivos de este tipo se requiere que el marco constituyente también se dé a nivel europeo, no solo estatal. Al menos, un nuevo tratado que complete el poder del parlamento, y con un núcleo de países que realmente crean en esa Europa con identidad ciudadana y no sólo de los mercados.

Así que necesitamos un proceso constituyente en España, pero también lo necesitamos en Europa, sí de verdad queremos que sea una Europa de los ciudadanos.

Resumiendo, planteo un marco constituyente que potencie la soberanía a distintos niveles, desde lo más local hasta lo europeo, acercándola lo más posible a las personas. Un marco enfocado al aseguramiento de los derechos de todos los ciudadanos/as y la preservación de los recursos naturales de los que dependemos, por encima de los intereses comerciales y financieros. Es decir, blindar los derechos y potenciar las Soberanías Alimentaria y Energética.

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