Carmen Molina señala que la liberalización de las autopistas de peaje “a quien sigue beneficiando es a las grandes empresas”

“Aunque consideramos que no se debe renovar ninguna de las concesiones que caducan en breve, el debate no se puede reducir a esta consideración únicamente”, ha defendido la coportavoz andaluza de EQUO y diputada. Molina ha recordado que los costes de mantenimiento que habrán de asumirse en los próximos años irán en detrimento de otras inversiones muy necesarias para cambiar el modelo de movilidad.

 

Carmen Molina durante el pleno.

 Estamos de acuerdo en que no se renueven las concesiones que van llegando a su fin, o incluso que se cancelen ya las que vencen pronto, pero habrá que resolver cómo se gestiona a partir de entonces su mantenimiento. Y desde luego lo que no puede ser es que se sigan construyendo mas vías de gran capacidad, con los costes asociados que llevan tanto económicos como ambientales y sociales”. Esta fue la conclusión de la coportavoz de EQUO Andalucía Verdes y diputada en el grupo parlamentario de Podemos, Carmen Molina, tras la comparecencia del consejero de Fomento sobre la incidencia de la liberalización de las autopistas de peaje en Andalucía.

Una liberalización que, tal y como señaló Molina, es “un buen negocio sobre todo para las grandes empresas concesionarias”, a las que los próximos gobiernos deberán pagar anualmente 350 millones en concepto de mantenimiento, lo que “irá en detrimento de otras inversiones muy necesarias para cambiar el modelo de movilidad o en políticas sociales cada vez más raquíticas”.

En este sentido, la coportavoz de EQUO Andalucía se refirió durante su intervención en el pleno del Parlamento andaluz al plan de carreteras de 5.000 millones con inversión privada anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Tras un mínimo análisis, se comprende que su principal objetivo fue beneficiar a determinadas empresas, cuyos beneficios han menguado tras el fin de las burbujas inmobiliaria y de infraestructuras”, insiste Carmen Molina, pues la propuesta del plan es dar una concesión por 30 años para la mejora y mantenimiento de esos 2.000 kilómetros de infraestructuras, en buena parte carreteras ya existentes y que probablemente incluirán las vías más usadas y rentables.

Así que “las empresas, adelantando un 20% del coste de la mejora, consiguen que el gobierno les dedique fielmente esos 350 millones al año actualizados, durante 30 años, o que sin duda es un muy buen negocio para ellas, no tanto para los futuros gobiernos a los que se deja hipotecados”, señaló la parlamentaria, insistiendo en que “aunque consideramos que no se debe renovar ninguna de las concesiones que caducan en breve, el debate no se puede reducir a esta consideración únicamente”, pues es la ciudadanía la que pagará, tras la externalización que se pretende, los costes de mantenimiento y mejora de esas vías.

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