Carmen Molina insiste en que el parque de vivienda público en Andalucía no responde a la demanda real

Tras la intervención del consejero de Fomento y Vivienda en el Parlamento andaluz. La coportavoz de EQUO Andalucía Verdes valora negativamente el plan estatal porque carece de financiación y no propone medidas de control.

 

 Falta de financiación, un parque público inestable, envejecido e insuficiente, y la ausencia de medidas específicas para colectivos especialmente vulnerables. Estas son las principales carencias que presenta, a juicio de nuestra coportavoz y diputada en el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Molina, la política pública de vivienda del Gobierno andaluz.

Carmen Molina hoy, en el pleno.

En su comparecencia tras la intervención del consejero de Fomento y Vivienda en el Parlamento andaluz, Molina ha reprochado que “la política de vivienda no se entienda como una política pública de carácter social, sino como algo eminentemente económico”, y ha criticado el nuevo Plan estatal de Vivienda 2018-2021 porque es un plan “ficticio, sin financiación. Resulta indignante que, en una situación de emergencia habitacional, el Estado apruebe un Plan de Vivienda que destina el 0,03 del PIB a posibilitar el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada; y todavía resulta más indignante si recordamos que ha sido la falta de control público del mercado inmobiliario y financiero el que ha provocado la crisis más grave que ha sufrido este país”, ha señalado.

La coportavoz de EQUO Andalucía Verdes ha analizado que este nuevo plan “sigue sin apostar por la creación de un parque público de alquiler. No se contemplan nuevas formas de promoción de alojamientos, por ejemplo, sobre suelo dotacional; ni se garantiza que en las operaciones de promoción el suelo siempre se quede en manos públicas”. Así, la diputada ha insistido, como viene haciendo reiteradamente en sus intervenciones en la Comisión, en que “no existe oferta suficiente de viviendas en alquiler a un precio razonable que responda a la demanda real. Es decir, no hay oferta de vivienda asequible, y por ello los recursos públicos deberían dirigirse a la producción de un parque estable y suficiente de vivienda pública en alquiler”.

Para Molina, la política actual no garantiza además alternativa habitacional en los desahucios de familias en riesgo de exclusión social; no dirige las ayudas de rehabilitación a los grupos sociales más vulnerables, sino a cualquier persona propietaria; y carece de medidas de control sobre las viviendas que disfrutan de subvenciones públicas.

“La oferta de vivienda protegida de titularidad pública en Andalucía es menor que en otras comunidades, concentrada en las capitales de provincia, de una antigüedad considerable, con regímenes de calificación posiblemente vencidos, y menguando por la venta sostenida de la misma”, ha abundado la parlamentaria, que ha concluido señalando que “el Gobierno ha aprobado un plan sin recursos, que confía de nuevo en el mercado libre de vivienda como fórmula de acceso a este bien de primera necesidad, sin regular adecuadamente el uso de las viviendas subvencionadas con dinero público, apostar por un parque de alquiler público, ofrecer respuesta ante los desahucios, o presentar medida alguna con perspectiva de género”.

 

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