Aspiramos a avanzar hacia una ley que garantice los derechos de las personas con diversidad y cumpla la Convención de la ONU

Votamos a favor de la nueva Ley de derechos de personas con discapacidad como un paso que hace avanzar hacia un objetivo aún no conseguido con esta ley recién aprobada. Pero aspiramos a más.

 

EQUO Andalucía ha valorado esta semana la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, una norma que afectará a más de 720.000 personas en la comunidad autónoma y que fue aprobada la semana pasada. Así, pese a que consideramos que la norma dista aún mucho del objetivo a conseguir, que no es otro que igualar los derechos de las personas con diversidad funcional a los del resto de la ciudadanía, no podemos negar que la nueva ley mejora lo que existía, aunque “tenemos la obligación de seguir subsanando sus carencias”.

Así lo ha señalado nuestra coportavoz y diputada, Carmen Molina, que en el marco de su grupo parlamentario, que logró incluir varias enmiendas para mejorar el texto original, votó a favor de la nueva ley andaluza de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, “aunque ello no quiere decir que nos conformemos y que vayamos a dejar de reivindicar nuevas mejoras. Tenemos que seguir avanzando hacia nuevos máximos, sí, y también impedir que esta ley quede finalmente sin aplicación, algo que nos tememos ante la ausencia de dotación presupuestaria específica y de plazos de ejecución”.

Coincidimos y apoyamos plenamente las reivindicaciones de organizaciones que se manifestaron ante las puertas del Parlamento y que han mostrado su rechazo a esta norma por considerar que mantiene el concepto de discapacidad frente al de diversidad, no apuesta por una atención temprana para el entorno del niño, promueve la educación especial cuando lo que debe hacerse es avanzar hacia una escuela inclusiva, y no cumple la declaración de la ONU de Derechos de las personas con discapacidad.

Desde EQUO Andalucía, el también coportavoz, Francisco Sánchez, ha criticado esta ley porque “no regula ni pone plazos sobre asistencia personal y vida independiente. Sigue siendo una ley asistencialista que nos deja en manos de las empresas y no empodera a las personas. No es una ley de derechos, mantiene lo que había con el agravante de que se ha perdido una oportunidad para aprobar una ley que se acoja realmente a la Convención de la ONU”.

“Asumimos que se ha malogrado esta oportunidad de lograr una buena ley, pero desde nuestra clara voluntad de continuar el camino iniciado, seguiremos trabajando para conseguir las modificaciones necesarias en un futuro próximo”, ha concluido por su parte Carmen Molina.

 

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