Andalucía frente a la #EmergenciaClimática

EQUO VERDES y cómo afrontar la emergencia climática en Andalucía

EQUO VERDES Andalucía decidió en su IV Asamblea celebrada en el mes de febrero de 2019, en Granada, centrar nuestro discurso político y nuestras propuestas en torno a la respuesta al gran reto de nuestra época, la crisis climática, como expresión principal de las consecuencias de una civilización industrial que ha sobrepasado los límites del planeta. Una crisis que sólo puede encontrar solución reajustando la acción de la humanidad sobre la biosfera a sus límites y con justicia social. La Justicia Climática es el reto transversal de nuestro tiempo.

La razón de esta apuesta política es una reacción a la llamada de la comunidad científica internacional que, en las conclusiones del informe para la Cumbre Mundial del Clima, la COOP24, “Calentamiento Global 1,5ºC”, advierte de que tenemos un margen de tiempo extraordinariamente corto, de aquí a 2030, para emprender cambios sin precedentes que eviten cambios irreversibles de naturaleza catastrófica para ecosistemas vitales en el sostenimiento de la vida.

Esto lo cambia todo, como advertía Naomi Klein. Por otra parte, una advertencia de tal calibre ha estado absolutamente ausente en los grandes debates televisados entre los candidatos y candidatas de las elecciones andaluzas, estatales y europeas. No le han dado relevancia al problema, no han orientado por tanto sus propuestas a esta emergencia. Sencillamente han mostrado un punto de ceguera del tamaño de un agujero negro. La voz de la ecología política ha estado ausente en esos debates. Tras la asamblea, centramos nuestro trabajo en producir un documento que sirviera de base para articular nuestros programas municipales alineándolos con este reto: Municipios por el Clima es un marco de referencia que da respuesta a las principales causas de emisiones de CO2 desde la escala local, proponiendo una estrategia participativa y socialmente justa, desde la ética feminista de poner la reproducción de la vida en el centro.

Desde febrero, la ola verde europea ha empezado a llegar a España de la mano principalmente de los jóvenes, con el movimiento Fridays For Future. Y las declaraciones de emergencia climática, primer paso para hacer frente a Tierra en Llamas, han entrado en la agenda política. Equo Sevilla redactó y promovió la primera declaración de Emergencia Climática que se ha aprobado en una capital española. Parlamentos como el catalán y recientemente el español, han declarado la emergencia climática. Sin embargo, el riesgo de que estas declaraciones sean mero “Green washing” es evidente y no podemos permitírnoslo. Solo si son un paso para emprender medidas sin precedentes, con el imprescindible consenso social, serán útiles. Por ello Equo Andalucía ha organizado un encuentro para hablar de emergencia climática, en vísperas de las movilizaciones mundiales por el clima anunciadas del 20-27 de septiembre, al que seguirán otros, para ir debatiendo y construyendo alternativas en torno a cada una de las dimensiones que deben formar parte de los Planes de Acción frente a la emergencia climática. En este primer encuentro, tras un bloque introductorio a la emergencia climática, hemos debatido sobre un campo prioritario en la reducción de emisiones, la movilidad, y sobre la principal vía que tenemos para construir sumideros de carbono y adaptarnos al calentamiento globlal, el arbolado urbano y las políticas de reforestación.

 

1. POR QUÉ ESTAMOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

La comunidad científica acumula evidencias concluyentes que nos alertan de las consecuencias sobre el ecosistema global de haber superado los límites en cuanto a capacidad de extracción de recursos renovables y no renovables del planeta y en cuanto a capacidad de absorber los residuos. Como consecuencia de ello, los recientes informes de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) relativos el estado de la biodiversidad alertan de que estamos asistiendo a la sexta extinción masiva de especies provocada por la acción del ser humano. Cerca de un millón de especies planetarias se encuentran amenazadas y se está extendiendo la idea de que hemos entrado en una nueva era geológica a la que se llama Antropoceno. Estamos alterando gravemente el equilibrio de la atmósfera y del mar, fuente de la vida. La consecuencia más evidente de que hemos sobrepasado los límites es el calentamiento global por acumulación de CO2 y otros gases de efecto invernadero, del que el metano es especialmente relevante, que está provocando la Crisis Climática y que siguen creciendo año tras año, alcanzando niveles de acumulación muy superiores a los que ha conocido el ser humano desde que puebla la Tierra. En mayo se superó el límite de 415 ppm de partículas en la atmósfera, una concentración nunca conocida por la humanidad. Hay que recordar que antes de la Revolución Industrial la concentración de CO2 era de 280 ppm. Como consecuencia, ya tenemos 5 semanas más de verano, crece la frecuencia y la duración de las olas de calor y los 4 últimos años han sido los más calurosos desde que hay registros. Este mes de julio ha tenido la temperatura más alta jamás alcanzada en España, 47,3 °C en Montoro (Córdoba). La temperatura media de los océanos ha subido 2°C desde 1882 y las estimaciones para final de siglo son de una subida del nivel del mar superior a los 2 metros.

Andalucía en particular y España en general es una de las áreas geográficas más afectadas y vulnerables. Se ve sometida con alarmante frecuencia a fenómenos como las prolongadas sequías, devastadores incendios, lluvias torrenciales, etc; y además es el estado europeo en el que más crecieron las emisiones de efecto invernadero desde 1990. Frente a ello, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2021-2030 (PNIEC), solo prevé la reducción de emisiones un 20%, la reducción al final del periodo en un 40% de la importación de combustibles fósiles y duplicar las renovables para alcanzar el 42 % de nuestras demandas de energía. Objetivos muy poco ambiciosos comparados con los de la media de la UE, comprometida en reducir las emisiones en un 55% y que de media este año, solo ha importado un 50% de combustibles fósiles. El horizonte de extensión de la desertización supone una amenaza particularmente importante para nuestra soberanía alimentaria. Si los expertos vaticinan una caída a nivel global de un 30% en la producción de alimentos, en Andalucía se cierne una gran amenaza sobre nuestro olivar, las dehesas y la vid, al tiempo que la agricultura de regadío puede colapsar por la pérdida de precipitaciones y el agotamiento de nuestros acuíferos.

Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una crisis energética porque la creciente demanda de energía asociada al crecimiento de la economía mundial es superior ya a la capacidad de extracción de energías fósiles y al ritmo actual de crecimiento de las renovables, como nos alerta la Agencia Internacional de la Energía, que prevé un encarecimiento del precio del petróleo, con la consiguiente crisis económica.

Pese a las innumerables Cumbres del Clima, redacción de leyes Contra el Cambio Climático y la elaboración de Planes de Acción por el Cima a nivel municipal, como es el caso de Sevilla, lo cierto es que estamos perdiendo la batalla y no estamos logrando reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, que siguen creciendo año tras año. Entre 2000 y 2015 se han incrementado en un 45% y, al ritmo actual, se prevé que seguirán aumentando globalmente. En España sólo han bajado como consecuencia de la crisis de 2007 y han vuelto a incrementarse a partir de 2013, con la relativa recuperación.

El informe del Panel Intergubernamental de Expertos Climático (IPCC) de la ONU, para la Cumbre Mundial del Clima de 2018, puso de manifiesto que, para evitar daños irreversibles sobre ecosistemas fundamentales para el sostenimiento de la vida y no alcanzar el denominado “punto de no retorno” del calentamiento global, cuyas consecuencias se prevén catastróficas, es urgente tomar medidas sin precedentes en un margen muy estrecho de tiempo. Para ello es fundamental evitar que la temperatura media del planeta supere el incremento de 1,5ºC de media –respecto al período pre-industrial-, revisando a la baja el límite de 2ºC establecido en París.

Partiendo de un contexto en el que todavía se incrementan año a año las emisiones de CO2, los científicos advierten que de aquí a 2030 estas emisiones deberían reducirse como mínimo en un 45% respecto al nivel de 2010, como paso previo al logro de equilibrio de emisiones en 2050, esto es, a igualar las emisiones a la capacidad de absorción de nuestros ecosistemas. Por tanto, el reto es de tal magnitud y el tiempo de acción tan limitado, que se ha generalizado el acuerdo en torno a que sólo decretando que estamos en situación de emergencia y actuando en consecuencia, tenemos posibilidad de alcanzar el objetivo. Las consecuencias de no hacerlo nos introducen en un círculo vicioso con repercusión en todas las variables fundamentales para sostener una vida digna y saludable, comenzando por un previsible recorte de la producción de alimentos global de hasta un 30% en 2050.

“Contamos con los recursos y el tiempo suficiente para evitar que el calentamiento global supere 1,5ºC, pero se necesita un esfuerzo
sin precedentes, en cuestión de energía, industria, transporte, agricultura, ciudades y edificios. Llegar a reducir alrededor de un 45% las emisiones globales de CO2 de origen humano en 2030, respecto a los niveles de 1990, y lograr el “cero neto” en 2050” I.P.C.C. 2018, Cumbre Mundial del Clima de Katowice.

Hasta ahora, la voz de la comunidad científica no ha sido escuchada o lo ha sido tomando medidas claramente insuficientes con acuerdos, como el de la Cumbre de Paris, no vinculantes para los Estados, que han presentado planes que, de aplicarse, incrementarían la temperatura media 3ºC a final de siglo; es decir, 1ºC por encima del límite acordado en la Cumbre de París y 1,5ºC de ese “punto de no retorno” fijado por el IPCC en 2018.

 

2. EL MOVIMIENTO POR EL CLIMA, SUS DEMANDAS Y NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL MISMO

Las luchas por la justicia social, la democracia o el medio ambiente han conseguido movilizar a millones de personas en todo el mundo con rotundos éxitos contra la segregación racial, la paz, la igualdad entre hombres y mujeres o las actividades que ponen en riesgo nuestra salud y condiciones de vida.

En España el movimiento antinuclear de los años ochenta del siglo pasado consiguió que solo se instalaran 7 centrales de las 25 previstas; la manifestación en 2015 de más de 200.000 personas en Madrid forzó al gobierno de Mariano Rajoy a firmar los compromisos de la Cumbre de París; y con las movilizaciones de 2018, por todo el país, se consiguió el compromiso del cierre de 9 centrales térmicas españolas de carbón en los próximos años.

Pero pese a que hace años que se producen manifestaciones y actos de protesta frente a la inacción en la lucha contra el cambio climático, se ha producido ahora un punto de inflexión.

La novedad es que las advertencias científicas han encontrado un altavoz en una parte de la sociedad que se está movilizando y rebelando contra la amenaza de extinción que se cierne sobre la humanidad por su propia acción irresponsable. A lo largo de 2019 y siguiendo el ejemplo de Gretta Thumberg, la juventud mundial, entre ella la española, se ha movilizado en muchas ciudades todos los viernes por el clima y ha realizado masivas manifestaciones el 15 de marzo, el 25 de abril, el 24 de mayo y el 5 de junio. Se están creando plataformas amplias que, en torno al lema 2020 Rebelión por el Clima, tienen convocado un calendario de olas de movilizaciones que comienzan precisamente, entre el 20 y el 27 de este septiembre. Durante esta semana, se ha convocado el 22 de septiembre el “Día Mundial Sin Coches”; el 23 tendrá lugar en Nueva York la “Cumbre sobre el clima de la ONU”; el 25 será la presentación del “Informe de expertos sobre el estado de los océanos” y el colofón será la Huelga Mundial por el Clima y las manifestaciones en todas las ciudades, el día 27, convocadas a nivel nacional por Fridays for Future, Plataforma por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y Reunión por el Clima; que aglutinan a más de 300 ONGs, grupos ecologistas, organizaciones sindicales y colectivos ciudadanos.

La única posibilidad de lograr el reto es a través de la concienciación y movilización social que empuje a la acción institucional, desde los ayuntamientos a los gobiernos regionales, nacionales y organismos internacionales, combinando acciones de abajo a arriba con acciones de arriba abajo que pongan límites a las malas prácticas y fomenten las iniciativas orientadas al bien común.

¿Qué puede hacer EQUO Verdes Andalucía como partido político?

  • Presentar mociones de declaración de la emergencia climática y ecológica en todos los municipios andaluces, en colaboración con los grupos políticos que quieran comprometerse con esta medida.
  • Llamar a la Huelga Mundial por el Clima y manifestaciones del viernes 27 de septiembre y a la Huelga Estudiantil del día 20, así como a la movilización durante toda esa semana. Dado que la primera no está convocada por las organizaciones sindicales, podemos recomendar hacer la huelga de otra manera: de consumo, de uso del coche, etc.
  • Requerir compromisos concretos a los gobiernos locales – municipios y diputaciones provinciales- y al de la Junta de Andalucía.
  • Participar en la Mesas por el Clima y todo tipo iniciativas y plataformas relacionadas con las medidas y actuaciones que han de adoptar los gobiernos de forma urgente.
  • Estar presentes en medios de comunicación y redes sociales con el discurso y la pedagogía de la emergencia climática.
  • Poner la emergencia climática en el centro de la política y, para ello, aspirar a llegar las instituciones.
  • Perseverar en la crítica al crecimiento. Hablar con valentía y claridad, como pide Greta Thumberg, y reiterar los datos, análisis y predicciones científicas. Aportar un discurso de alternativas y soluciones a la vida cotidiana de la gente que muestren que el decrecimiento no tiene que ser necesariamente lejano y negativo, sino todo lo contrario, una oportunidad para corregir los desajustes e injusticias de nuestro modelo actual, que es posible iniciar ya la “transición de una economía de mercado a una economía con mercado”.
  • Singularizar nuestro proyecto político, como el único que defiende un modelo eco-social de carácter netamente verde, y nuestro partido, como el único actualmente en España integrado en la federación del Partido Verde Europeo.

 

3. GESTIÓN POLÍTICA DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA: RELATOS Y MEDIDAS POLÍTICAS DE EMERGENCIA

Desde el punto de vista político, es fundamental entender que es preciso asumir el reto de hablar claro a la población sobre la amenaza a la que nos enfrentamos, sobre sus causas y consecuencias así como sobre las enormes dificultades de todo tipo que nos vamos a encontrar para afrontarlas. Las resistencias van a venir de todos lados, de los intereses económicos afectados, muy poderosos e influyentes, hasta las de la propia población acomodada a un modo de vida que se va a haber afectado en sus pautas de consumo y movilidad. Por ello es muy importante plantear que es preciso producir un cambio social y hacerlo desde un marco de valores en torno a la cooperación y la solidaridad. La Gestión Social del Hábitat, con procesos participativos basados en la pedagogía social transformadora, nos sirven de referencia metodológica para plantear los problemas y construir los diagnósticos y las propuestas de acción con la gente.

Aquí es donde juega un papel clave las declaraciones de emergencia climática como punto de arranque de un proceso pedagógico de transformación social. Pero para ello, como advierte el Movimiento por el Clima, se tienen que dar las siguientes condiciones:

1. La declaración de emergencia climática tienen que ir acompañadas de una Campaña informativa que explique a la población por qué estamos en Emergencia, las causas y las posibles consecuencias de no emprender medidas sin precedentes para reducir las emisiones e incrementar la capacidad de absorción de CO2 de los ecosistemas

2. Paralelamente se debe emprender inmediatamente la elaboración de planes de acción contra la emergencia climática municipales, regionales, estatales y mundial, con amplios procesos participativos, puesto que toda la sociedad está llamada a cambiar sus hábitos de movilidad y pautas de consumo y las empresas sus formas de producción. Los planes de acción deben incluir medidas que garanticen la justicia climática, en particular medidas que den seguridad a los trabajadores y trabajadoras de los sectores que se puedan ver afectados negativamente por el recorte de actividades contaminantes (todo el sector de las energías sucias). Los planes de acción tienen que tener objetivos anuales medibles y evaluables en reducción de consumo de energías fósiles (7% anual), crecimiento de energías renovables (7% anual), tanto globales como sectoriales: es necesario emprender medidas de ahorro y eficiencia de energía en transporte, edificación, producción y distribución de alimentos y de todas las mercancías.

3. Estos planes deben incluir medidas urgentes de aplicación inmediata tras la firma de la declaración que no requieran, por ser ampliamente consensuadas, una mayor definición a través del plan de actuación o de otros planes sectoriales que lo desarrollen. Por ejemplo, para el caso de Sevilla, EQUO Verdes ha propuesto poner en marcha de manera inmediata la ordenanza de ciudades 30, aprobada en el periodo anterior pero no desarrollada, así como la red segregada de carriles bus aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana de 2006 pero nunca ejecutada. Ambas medidas tendrían un impacto inmediato en la mejora de la eficiencia del transporte público, en la pacificación del tráfico para hacerlo compatible con la movilidad activa y vehículos eléctricos de movilidad personal y, por consiguiente, en la reducción de emisiones. Por otra parte, propusimos un plan de choque para replantar los miles de alcorques vacíos que todos los grupos municipales coincidían en que es urgente replantar, pero en la práctica no sólo no se ha hecho sino que ha continuado aumentando en número respecto al del periodo anterior. Es una medida que tendría impacto inmediato en el incremento de la capacidad de captura de CO2.

4. Todo el proceso requiere crear estructuras de participación permanentes, lo que implica un desarrollo también sin precedentes de la democracia participativa, desde la fase de diagnóstico y elaboración del Plan de Acción hasta el seguimiento de su aplicación (de aquí a 2050).

Es necesario entender que estamos acometiendo un cambio de paradigma, el de la civilización industrial extractivista, productivista y consumista, individualista e hipercompetitiva, hacia otro paradigma postindustrial, ecológico, cooperativo y solidario. Por tanto, estamos hablando de una profunda transformación impulsada por un cambio de valores que tiene que operarse en nuestra civilización, impulsado por una ética política que ha de superar la dicotomía libertad-igualdad poniendo en el centro la fraternidad – o más bien la sororidad- fundada en la comprensión de que compartimos un único planeta y un mismo destino. No habrá transición ecológica hacia un mundo más habitable sin derechos humanos y sociales y sin justicia social: nuestro compromiso está en garantizar el justo reparto de unos recursos menguantes (los no renovables) dentro de un planeta finito, construyendo un relato esperanzador: podemos vivir mejor y de manera más saludable contaminando menos, despilfarrando menos, compartiendo más. Es un proyecto de destrucción de soledades y construcción de comunidades por un futuro común.

Como en todo proceso de cambio social, la pedagogía social es la vía para encontrar soluciones a nuestros problemas, frente a la vía populista que genera soluciones tan aparentemente sencillas como falsas.

Aunque el capitalismo es el problema, con su apuesta ciega por el crecimiento ilimitado y con el objetivo de maximizar el beneficio de las grandes empresas y los inversores internacionales, no hay tiempo para superar al capitalismo antes de hacer frente a la emergencia climática. Más bien, la respuesta a la emergencia climática ofrece una vía para construir alternativas que incrementen el espacio de la economía social y la pequeña y mediana empresa y reduzcan el poder de los monopolios y los inversores financieros, a través de un fortalecimiento de un estado basado en un gran acuerdo por el bien común, que pase la página del patriarcado e implante la efectiva igualdad entre hombres y mujeres.

Esto nos lleva al debate entre las dos vías planteadas desde la ecología política para hacer frente a la crisis climática y ecológica, la del decrecimiento, que aporta la nueva forma de pensar y los nuevos valores y los nuevos objetivos, y la del Green New Deal, que aporta el marco de políticas públicas imprescindible para hacer frente a la crisis. No son vías excluyentes, es posible hacerlas confluyentes.

Equo Verdes Andalucía ya hizo este trabajo para la escala municipal con su documento Municipios por El Clima, programa marco con el que nos presentamos en las municipales, con las lógicas adaptaciones, organizado en torno a 12 líneas de actuación que constituyen un programa para avanzar en municipios bajos en carbono y altos en solidaridad, cooperación, con crecimiento de la economía social; para avanzar hacia el autoconsumo urbano con renovables, ciudades casi sin coches, con más espacio público para la interacción social, con redes de producción y consumo de alimentos de proximidad con manejo agroecológico, de residuos cero, con viviendas asequibles de consumo energético cero y equipamientos de proximidad, accesibles, con amplias redes de infraestructura verde, fiscalidad orientada al fomento del bien común, participativas, ecofeministas, ecoeducadoras y amigas de los animales.

Tan importante es hablar claro de los problemas, las graves amenazas a las que nos enfrentamos, como ofrecer políticas públicas alternativas, ensayadas con éxito y que sólo precisan ser escaladas y aplicadas en muy poco tiempo. Reducir el consumo de energía y recursos no renovables para lograr el equilibrio de los ecosistemas, redistribuir la riqueza para que todo ser humano cuente con los recursos suficientes para el buen vivir hoy, al tiempo que garantizamos un futuro saludable y habitable a nuestros hijos e hijas y su descendencia, es un reto que implica un cambio de civilización. Algo que supera a la política pero que requiere una acción política cooperativa que impulse la transición del modelo de producción y consumo y el cambio social y cultural. Y este reto pone en el centro valores que han sido relegados por la sociedad consumista, individualista y machista; valores de cooperación y solidaridad, de dedicación de tiempo y energía en favor del bien común.

 

4/ EL CAMBIO SOCIAL Y POLÍTICO TIENE QUE FUNDARSE SOBRE LOS VALORES ECOFEMINISTAS

En el contexto de la “ola verde” por el clima, tenemos que saber introducir el relato de ese cambio de valores.

La emergencia climática pone de manifiesto la invalidez de muchos de los valores de nuestras actuales sociedades, los del capitalismo basado en la cultura del consumismo depredador e irresponsable; no solo respecto a la destrucción de las bases de la vida humana de las generaciones futuras -al futuro de nuestra especie-, sino también respecto a las condiciones de vida de las generaciones presentes. La inmensa mayoría de la gente consumimos sin pensar en el medio ambiente o el cambio climático, pero tampoco sin pararnos a reflexionar sobre en qué condiciones están los trabajadores de los alimentos que consumimos o de la ropa que vestimos ni lo que supone la contaminación en número de enfermedades y muertes de personas.

Frente a los valores especulativos, consumistas, competitivos e insolidarios, EQUO tiene que reclamar los de igualdad, solidaridad, cooperación e inclusión social en cualquier acción de gobierno, de forma transversal.

En ese cambio de valores juega un papel fundamental el ecofeminismo. Universalizar la ética de los cuidados postgenérica y ecológica en todos los ámbitos de la vida, como propone Alicia Puleo en su libro “Ecofeminismo para otro mundo posible”. Un ecofeminismo crítico que denuncia las relaciones de poder opresivas o discriminatorias y rechaza los discursos edulcorados y retrógrados. Que va mucho más allá de la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres y amplia la trascendencia del feminismo como agente de transformación ecológica de la sociedad, la economía y la política.

Una nueva perspectiva de cuidarnos todas entre todas –cuidar de nuestros derechos y nuestros recursos naturales, de nuestra salud y nuestra educación, del medio ambiente y la biodiversidad, de los animales y sus derechos y de todo lo común-, es la que nos va a introducir en una senda de oportunidades para el progreso económico y social, con nuevas alternativas de empleo y con el incremento del bienestar social, gracias al desarrollo de proyectos y empresas relacionados con la transformación ecológica y social y gracias a la creación de instituciones de participación social, muy especialmente en la vida política municipal.

En conclusión, pomdremos el enfoque ecofeminista en todas las estrategias y medidas que propongamos en relación con la emergencia climática. Seleccionamos aquí, a modo de ejemplo, algunas de las que se desarrollan en el documento citado de “Municipios por el clima:”

  • Planes de Vivienda y Suelo con verdadera vocación de procurar el acceso a la vivienda a todas las personas que lo necesiten, incluyendo intermediación para el alquiler asequible de la gran bolsa de viviendas vacías, promoción de vivienda pública y cooperativa en alquiler y rehabilitación de vivienda y regeneración de barrios, con instalaciones de energía sostenible y medidas constructivas de eficiencia energética. Y con ello erradicar la pobreza energética o los “pisos cárcel”.
  • Dar prioridad al peatón en la mayor parte del espacio público y avanzar hacia la accesibilidad universal. Crear las condiciones de la movilidad activa – y promoverla- en ciudades y pueblos saludables e inclusivos.
  • Implantar la Economía del Bien Común (EBC) en y desde la gestión pública: claúsulas sociales, ambientales y de género en la contratación pública; código ético y ecológico para dicha contratación; certificado municipal de empresas de la EBC.
  • Configurar eco-barrios y promover las eco-aldeas.
  • Redes de centros educativos verdes, implicando a todos los colegios y otros centros educativos del municipio en la lucha contra el cambio climático mediante:
    • Puesta en marcha de caminos escolares y pedibuses: ir al cole andando.
    • Dotación de huertos solares: producir y autoconsumir la energía del sol.
    • Dotación de huertos agrícolas: mostrar el proceso de cultivo, producir alimentos y consumirlos en el cole.
    • Comedor escolar con productos ecológicos y de proximidad.
  • Planes participativos de ahorro de agua y energía y gestión responsable de los residuos.
  • Adecuación del edificio y sus instalaciones al ahorro y eficiencia energéticos.
  • Mejora de los patios escolares con diseño bioclimático.
  • Proyectos estables de educación ambiental que desarrollen una diversidad de programas para diferentes sectores de la población. En esto hay que anotar que no conseguiremos el gran cambio cultural que necesitamos solo con una educación ambiental científica. Es preciso que esta educación promueva una relación empática con la Naturaleza y que revise nuestra autoconsciencia como individuos y como especie, reconociendo la ideología opresiva en nuestro sistema de pensamiento como instrumento de dominación de género, raza, clase, orientación sexual y especie (Alicia Puleo, en la obra citada).
  • Cuidar de los derechos sociales a una vida digna: diseño para la accesibilidad universal, apoyo a la Vida Independiente; redes de intervención social; acogimiento y apoyo de las personas migrantes; cooperación y solidaridad internacional.
  • Cuidar de los mayores, los jóvenes y de las relaciones intergeneracionales. Articular su participación en las decisiones de gobierno. Crear la institución del Defensor de las GGFF.
  • Cuidar de los derechos de los animales. Una nueva ética colectiva se abre paso con fuerza creciente, en la que los animales son seres dotados de inteligencia, sentimientos y capacidad de sufrimiento y afectividad. Consecuentemente hay que otorgarles unos derechos que por sí mismos no pueden reclamar. Prohibir y penalizar su maltrato, establecer unas condiciones mínimas de vida digna y saludable para ellos, así como medidas de fomento y educación. Todo ello revertirá en una mejora moral de la sociedad andaluza y en una actualización de nuestra identidad colectiva que, sin renegar de sus raíces culturales, debe adecuarse a las bases éticas de la civilización contemporánea.
  • Gobernar con la gente. Normas de transparencia y participación más ambiciosas y convincentes, no meras operaciones aparentes. Y, sobre todo, crear las estructuras necesarias para posibilitar y fomentar la participación de la ciudadanía organizada y no organizada en la toma de decisiones y en el control de los gobiernos.

 

  1. NUEVO MODELO DE MOVILIDAD FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA: TRANSPORTE PÚBLICO, COHESIÓN SOCIAL Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL

Movilidad y externalidades del transporte

 El mundo contemporáneo se caracteriza por unas altas demandas y ofertas de movilidad, tanto a escala local como regional y mundial. Si bien la movilidad puede considerarse un derecho de ciudadanía pues es necesaria para acceder a otros servicios de primera necesidad como estudios, sanidad, trabajo…, supone la causa de múltiples costes externos, desde la siniestralidad al deterioro de la salud, que son producto de unos sistemas de transporte basados en vehículos movidos por motores con alto consumo de energías fósiles, co-responsables del incremento de las emisiones de gases con efecto invernadero y de la polución del aire con especial incidencia en los ámbitos urbanos.

En Andalucía, como en el resto de España, se percibe un proceso acelerado en los últimos decenios de concentración de población en la franja costera y en grandes aglomeraciones urbanas coincidentes con las capitales provinciales y con el Campo de Gibraltar. La dotación de infraestructuras ha ido a remolque de este proceso, provocando desigualdades territoriales y, aunque parezca paradójico, des-cohesión social por la postergación de las zonas rurales periféricas, a las que se ha ido vaciando de servicios por la falta de rentabilidad económica y convertido en el lugar donde depositar aquellas actividades las aglomeraciones urbanas y las ciudades costeras no quieren ver. Éstas, desde el punto de vista medioambiental, se han transformado en unas consumidoras de recursos rodeadas de hábitats fragmentados y degradados, en cuyo interior se ha privilegiado al transporte motorizado tanto en los viarios como en la ocupación del espacio público.

La propia Unión Europea, en la revisión del Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea titulado “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transporte competitiva y sostenible” reconoce que el sistema de transporte no es sostenible y defiende un cambio de paradigma.

 

Modelos de gestión del transporte público interurbano

 Ese cambio de paradigma pasa, en Andalucía y en España, por un cambio en el modelo de gestión del transporte. En Europa podemos señalar tres modelos de gestión que, como todo modelo, no son puros, sino que tienden a adoptar características de otras formas: liberalización total, control público y modelo concesional. No obstante, es preciso señalar que la tendencia general impulsada por la Unión Europea en aras de asentar el mercado único es a la liberalización de la prestación de servicios de transporte.

Históricamente el transporte de personas y mercancías era un negocio privado, sometido en muchas ocasiones a monopolio con el respaldo de los gobiernos. Tras la Segunda Guerra Mundial los ferrocarriles, medio prácticamente universal de transporte, pasaron a control estatal. Pero tras la reacción neoliberal de los años 80 del siglo XX, se abandonaron los modelos de control público para pasar a los modelos de liberalización total y concesional.  España ha optado por este último sistema, en el que las competencias sobre el transporte público corresponden a los poderes públicos que ofrecen en licitación la explotación en exclusiva de un determinado servicio, como un tipo particular de contratación del sector público.

En Andalucía, la explotación de estos servicios se presta bien por empresas privadas bien por empresas públicas, estas últimas exclusivamente en los servicios urbanos de ciudades como Sevilla y Málaga. Las concesiones competencia de la Junta de Andalucía son operadas por empresas privadas de muy diverso tamaño que, en los últimos años, están experimentando un proceso de concentración empresarial que, a corto plazo, se plasmará en una situación próxima al oligopolio con lo que conlleva de control del mercado y de exclusión de las PYMEs locales y regionales.

Problemas de la movilidad en Andalucía y alternativas desde el ecologismo y la ecología política

 El histórico proceso de concentración de la población, acelerado en los últimos decenios ha dado como resultado que los municipios de las aglomeraciones urbanas de Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla acumulen más del setenta por ciento de la población andaluza.

Este proceso tiene causas múltiples que tienen que ver con la fijación de la oferta de empleo y de los servicios públicos y privados en las ciudades centrales, potencia de atracción que es contrarrestada por la fuerza centrífuga que suponen el precio del suelo y el gusto por la vivienda en las afueras que da lugar al fenómeno de la “suburbanización”. En los límites entre la metrópoli y los municipios satélites es donde tienden a situarse pequeños centros con altas demandas de movilidad –hospitales, estadios de deporte, macrocentros comerciales- que vienen a añadir complicación a los sistemas de transporte al configurar un ámbito disperso y especializado.

De esta forma, las actividades humanas requieren desplazamientos cotidianos muy numerosos de personas y mercancías entre los diversos municipios de la aglomeración, pero principalmente desde el exterior hacia la ciudad central y viceversa en razón del día y de la hora del día. Una movilidad forzada y caracterizada por el uso intensivo de motocicletas, automóviles y camiones debido a que el incremento de las distancias, las limitaciones del transporte público colectivo y las dificultades para el tránsito peatonal o ciclista impiden el cambio de modelo.

 Equo Verdes Andalucía coincide con los centros de investigación y las organizaciones ecologistas defensa de la bicicleta, de los peatones, de las personas usuarias del transporte público o de las personas con diversidad funcional, en poner de manifiesto las barreras que entorpecen un cambio de paradigma. Entre ellas, destacamos:

  • El recurso prioritario a la movilidad particular motorizada y un transporte basado en motores alimentados por combustibles fósiles,
  • La fragmentación territorial y de los hábitats naturales por nuevas infraestructuras para ese modelo prioritario de movilidad y transporte.
  • Las barreras a la accesibilidad universal independientemente del lugar de residencia, nivel de renta o limitaciones físicas o psíquicas.
  • El cuestionamiento de la cohesión y solidaridad interterritorial por los costes y calidad del transporte.
  • Creciente privatización del transporte público. Recortes a su financiación y consecuente incremento de las tarifas.
  • Modelo de gestión concesional e inadecuación del mapa concesional a las necesidades de movilidad.

 Equo Verdes Andalucía, como actor del ecologismo político, propone soluciones viables y factibles para instaurar un modelo de movilidad universal, inclusiva, cohesionadora y respetuosa con el territorio y el medio ambiente. Nuestras medidas de cambio pasan por:

  • Favorecer la reducción movilidad forzada a través de fórmulas como el teletrabajo, los servicios públicos de proximidad, el comercio de barrio, las cadenas cortas de comercialización, etc.,
  • Apoyar activamente los modos no motorizados y devolver los espacios públicos ocupados por el coche a los usos peatonales de diseño universal.
  • Potenciar el transporte público colectivo, con diseño universal y optimización de su eficacia, mediante una adecuada y bien planificada inversión de las administraciones públicas.
  • Completar la ejecución del Plan Andaluz de la bicicleta e implementarlo con nuevas redes urbanas e interurbanas.
  • Ampliar los programas de des-carbonización a través de iniciativas que prioricen los modos ferroviarios, los vehículos movidos por energías limpias, los carriles exclusivos para autobuses…,
  • Aprobar una Ley andaluza de áreas metropolitanas al objeto de, entre otras cosas: transformar los Consorcios de transporte metropolitano en auténticas autoridades independientes e innovar los modelos de gestión y crear redes metropolitanas de transporte de alta capacidad, con tarjeta única, que integren cercanías, metro, tranvías, metro-buses (con sistema BTR -Bus Rapid Transit preferentemente electrificados), y que conecten los principales espacios productivos, residenciales y de servicios.
  • Prestar la atención que merecen los ámbitos rurales y con menor densidad de población: mejorar las infraestructuras y servicios existentes y construir nuevas líneas de ferrocarril convencional y de tranvía.
  • Planificar ciudades concentradas con menos demanda de movilidad.
  • Establecer una moratoria para nuevos viales destinados al vehículo privado.
  1. ¿ES UN PROBLEMA DE CÓMO NOS MOVEMOS ÚNICAMENTE?. JAEN: UNA CIUDAD MEDIA DEL INTERIOR DE ANDALUCÍA.

Lo apuntado anteriormente nos permite responder a esta pregunta negativamente: no, no lo es. La ciudad en la que EQUO celebra este encuentro es un buen ejemplo de los problemas y alternativas a las que nos hemos referido en el apartado anterior.

Jaén ha crecido en estas últimas décadas sin una idea de ciudad, sin un proyecto colectivo de cohesión y articulación social y territorial, a golpe de reclasificaciones urbanísticas y operaciones inmobiliarias, construyendo miles de viviendas nuevas. Una gran expansión hacia el norte, con una urbanización muy deficiente, sin los servicios y equipamientos necesarios, pero que ha dado grandes beneficios a los bancos y a algunas conocidas empresas promotoras que han acaparado la casi totalidad del suelo urbanizable de la ciudad.

La población de la ciudad creció, entre los años 1991 al 2011, en 12.000 personas, pero en ese mismo periodo se construyeron 14.200 viviendas nuevas, muy por encima de las necesidades reales, cifra que no incluye los miles de viviendas que ocupan el entorno natural de Jaén. Esto ha provocado el abandono y el deterioro de la ciudad histórica y de una parte importante del patrimonio construido de la ciudad. El ladrillo ha sido el único sector productivo de la economía local, junto a la Administración Pública.

Hay que cambiar, por tanto, nuestro modelo urbano. Para ello, para construir el futuro, hay que romper con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 2014, ya declarado nulo por el Tribunal de Justicia de Andalucía, para abrir una nueva etapa en la ciudad y repensar el desarrollo urbano. El PGOU representa un modelo agotado, sin participación social, hecho para la especulación y el beneficio de las empresas constructoras. En lugar de tomar nota de la crisis inmobiliaria y del estallido de la burbuja, y de pensar en cómo dar respuesta a las necesidades de la ciudad existente y de las personas que la habitan, continuó con la idea absurda de crecer por crecer, de seguir con la expansión de la ciudad hacia el norte, para lo cual propone duplicar el espacio urbanizado de la ciudad en toda su historia, declarando urbanizable la friolera de 13 millones de metros cuadros, con el objetivo de seguir manteniendo la ficción, en algunas capas sociales propietarias de terrenos, del enriquecimiento por la revaloración de los precios del suelo. Un Plan que lleva al extremo absurdo la zonificación, colocando equipamientos y servicios en la periferia de la ciudad (Ciudad de la Justicia, Ciudad Sanitaria, Estación Intermodal, Centros Comerciales…), para hacer una ciudad inviable en términos sociales y medioambientales.

Pero ¿Cómo nos movemos y qué consecuencias tiene?

Jaén se encuentra entre las 7 ciudades más contaminadas de España y, por tanto, que más contribuyen al cambio climático, debido a la preponderancia y densidad del tráfico rodado privado. A ello sin duda contribuyen varias cuestiones, entre ellas las dificultades para el uso de los modos de movilidad no motorizados, desde la bicicleta hasta el simple caminar, la progresiva dispersión de la ciudad, o la circunstancia de que el transporte público colectivo, en este caso el servicio de autobuses urbanos, es deficiente hasta lo intolerable.

Como se dice en el documento de Equo Verdes Andalucía antes citado, Municipios por el Clima, nuestros espacios productivos, centros educativos, deportivos y sanitarios, no están conectados con redes de transporte público urbano con la calidad y capacidad que se requiere para que constituyan una alternativa. El servicio de autobuses urbanos es caro e ineficaz y a ello hay que añadir las dificultades para el uso de los modos de movilidad no motorizados, desde la bicicleta hasta el simple caminar, debido a la propia configuración del espacio público, pensado desde hace décadas para dar prioridad al coche.

Según estudios del Instituto de Salud Carlos III, entre 2000 y 2009, en Jaén se produjeron 118 muertes prematuras atribuibles a la contaminación por ozono troposférico y 1912 atribuibles a la contaminación por óxidos de nitrógeno.

Lecciones que aprender: supuestas soluciones de movilidad que no lo son

Caso del tranvía de Jaén. 120 millones de euros en una infraestructura que no conecta los barrios de la ciudad, sin integrar con el resto del transporte público y con un coste de operación y mantenimiento que el Ayuntamiento de Jaén difícilmente puede asumir, motivo por el que ha ocasionado una pugna política que ha provocado que lleve 8 años sin uso, utilizándose como aparcamiento.

 

Propuestas para el necesario y urgente cambio de modelo

  • Una nueva forma de entender la planificación y la construcción de ciudad. Recuperar una visión global, no parcelada, que ponga en el centro las necesidades de las personas. Una ciudad cohesionada e igualitaria, que tenga en cuenta los limites ecológicos y evite el despilfarro de recursos y que, por tanto, se base en los siguientes criterios y objetivos:
    • La prioridad debe ser la mejora, rehabilitación y puesta en uso de la ciudad existente. Detener el crecimiento sin sentido, urbanizando nuevos suelos solo cuando esté estrictamente justificado para satisfacer necesidades sociales.
    • Una ciudad más compleja y menos fragmentada, lo que significa introducir mezcla de usos y diversidad social en todas las zonas urbanas.
    • Una ciudad más próxima, para reducir las distancias físicas y las necesidades de movilidad, de manera que los servicios y equipamientos básicos se distribuyan por toda la ciudad, priorizando el transporte público y los desplazamientos a pie. Es preciso crear centralidades de barrios, donde los vecinos puedan satisfacer sus necesidades cotidianas.
    • Eliminar las barreras y los obstáculos existentes en el espacio público o en el acceso a los servicios y equipamientos, que impiden a muchos colectivos de personas, una vida autónoma, segura y plena en la ciudad. Y en los nuevos desarrollos o adecuaciones emplear el diseño universal, inclusivo.
  • Un nuevo sistema de movilidad, integrado, que coordine y dignifique los transportes públicos municipales, que garantice la accesibilidad y la conexión de todos los barrios y fomente los modos no motorizados y menos contaminantes. Para ello proponemos:
  • Municipalización del servicio de autobuses. Mediante la gestión de directa – de control público-, la mejora del servicio ha de emprender una reorganización y adecuación de las rutas y horarios, su coordinación con el sistema tranviario, el fomento de la inter-modalidad entre unos y otros servicios y la progresiva electrificación.
  • Puesta en marcha de una tarjeta única de transporte que incorpore todos los transportes públicos y el establecimiento de tarifas económicas adecuadas a la situación socioeconómica de la mayoría de la población.
  • Red de aparcamientos disuasorios gratuitos para usuarios del transporte público (park and ride).
  • Adecuación del espacio público para su uso peatonal y/o en bicicleta u otros medios sin motor de combustión (eliminando barreras arquitectónicas, mejorando iluminación, generando zonas con sombra, agua y elementos para el descanso, construyendo y conectando carriles bici/ciclovías).
  • Puesta en marcha de caminos escolares seguros y pedibuses escolares (al cole andando acompañados por personas adultas que recogen a niños y niñas en paradas y horarios preestablecidos), en colaboración con las AMPAS y Consejos escolares.

 

  1. LA GESTIÓN DEL ARBOLADO EN EL ESTADO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

Dejando al margen el uso agrícola, el papel que asignamos a los árboles en las políticas públicas ha variado a lo largo del tiempo y en función de momento socioeconómico. En el contexto urbano el objetivo ha sido esencialmente ornamental y ocasionalmente generar algo de sombra. En el contexto forestal, tradicionalmente, el arbolado como recurso forestal, se ha usado principalmente para la obtención de madera y la producción de pasta de papel, quedando en segundo plano, aunque localmente de gran importancia, otros usos como el resinero, obtención de corcho, producción de carbón o el aprovechamiento de frutos forestales como la bellota o la castaña. Más recientemente, especialmente a partir de la última década del siglo pasado, se empieza a considerar la restauración de ecosistemas forestales y el papel de la vegetación en la lucha contra la pérdida de suelo y la desertificación.

Arbolado urbano

Desde hace algún tiempo se ha producido, entre los ciudadanos, una toma de conciencia de la importancia del arbolado urbano para un adecuado desenvolvimiento ambiental y paisajístico de la vida en la ciudad. “El arbolado es el fragmento de naturaleza más al alcance de sus espacios vitales: un vecino vivo que nos acompañará a lo largo de la vida, contribuyendo a una ciudad más saludable y habitable y evidenciando, entre otros, los espacios de relación y convivencia, los cambios de estación o el paso del tiempo”, tal como lo expresa por el “Plan director del arbolado de Barcelona 2017-2037”. Por otra parte, el arbolado urbano contribuye significativamente a la reducción de los contaminantes atmosféricos, especialmente de las partículas, por lo que el efecto positivo en la salud es patente. Recordamos de nuevo el importante número de muertes prematuras debido a la contaminación atmosférica.

En una situación de emergencia climática el principal papel del arbolado urbano ha de ir decididamente más allá de lo expuesto anteriormente. Un árbol en crecimiento es un sumidero de CO2 y un árbol desarrollado es un importante almacén de carbono que, caso de ser retirado del espacio público, volverá a la atmósfera más pronto que tarde también en forma de CO2. Por tanto, hemos de considerar de especial relevancia el papel del arbolado urbano en la mitigación del calentamiento global y la consecuente dislocación general del clima. La OMS estima que el mínimo saludable en cuanto a arbolado de alineación, (considerando aparte el presente en zonas verdes y ajardinadas) ha de ser de uno por cada tres habitantes. En la mayoría de nuestros municipios no nos acercamos siquiera a esa cantidad. Como ejemplo, en la ciudad de Granada hay según datos del propio ayuntamiento 46000 árboles de alineación, es decir, un árbol por cada 5,2 personas, estimándose que se requieren unos 34000 árboles más para llegar al mínimo recomendable. Este déficit está directamente con algunos de los problemas señalados en el apartado anterior: la asignación del espacio público prioritariamente al vehículo particular motorizado. Transitar hacia núcleos urbanos casi sin coches, va de la mano con dedicar más espacio a la plantación de arbolado de alineación y al establecimiento de nuevas zonas ajardinadas.

El arbolado urbano además tiene un efecto amortiguador de las altas temperaturas en la ciudad. El sombreado reduce la temperatura de la calzada, las aceras y las fachadas, reduciendo también la temperatura general de la calle arbolada. En una calle arbolada la energía para climatizar las viviendas se reduce significativamente. Los árboles de la ciudad también reducen el efecto “isla de calor” urbana que, además de incrementar la temperatura localmente, evita la dispersión de los contaminantes.

A pesar de todo en nuestras poblaciones cada año se talan miles de árboles. En Granada, más de 500 ejemplares de porte y edad, según los datos suministrados por el mismo Servicio de Parques y jardines, además de haberse consolidado un tipo de poda (el desmoche y el terciado) que todos los estudios actuales recogen como especialmente contraproducente. Es perfectamente comprensible la alarma que la población comienza a manifestar.

En el foco del problema está la externalización (privatización) de la gestión del arbolado urbano. En esta gestión prima el interés comercial frente al bien común. La mayoría de los árboles talados lo son con la excusa de estar enfermos. ¿Por qué un árbol enfermo se tala y se sustituye en lugar de tratarlo? Lo segundo es más costoso y además no se tiene en consideración al árbol como ser vivo, sino más bien como un elemento más del “mobiliario” urbano, de forma que cuando “se estropea” se sustituye como es costumbre hacer con todo lo que se estropea en esta sociedad del usar y tirar. No se tienen en cuenta los servicios ambientales del árbol retirado y que el nuevo tardará décadas en proporcionar.  Normalmente la externalización del servicio lleva aparejada no solamente una reducción de personal con respecto a la gestión pública, sino también una merma en la cualificación del mismo para ahorrar costes. Un desmoche o un terciado requieren menos tiempo (en consecuencia, menos personal) y cualificación que una poda minuciosa y ajustada a la necesidad particular de cada ejemplar en concreto.

Frente a esto, la mayoría de los municipios solo cuentan con una Ordenanzas de Uso y Protección de Zonas Ajardinadas o similares, que apenas se detienen en los árboles de alineación. Son, a todas luces, una ordenanzas anticuadas e insuficientes, considerando especialmente que generalmente no existe en el acervo normativo local ningún otro documento relativo a esta cuestión. Significa ello, entre otras cosas, que ni las empresas adjudicatarias del mantenimiento de los árboles, ni los técnicos municipales del servicio correspondiente, encuentran respaldo alguno en instrumentos actualizados y suficientemente contrastados, que establezcan criterios o directrices de cómo incardinar su trabajo en una visión global, urbana, ambiental y paisajística, del papel del árbol en la ciudad.

La visión del árbol urbano ha cambiado sustancialmente en estas últimas décadas. Son ya muchas las ciudades que han elaborado nuevos documentos de referencia para abordar su mantenimiento, tratamiento y entronque con la ciudad, considerándose en términos urbanísticos como sistemas de primer nivel, como un sistema de soporte de la vida que crea una fuerte unión entre los árboles y las personas. Es más, para el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, “las ciudades deben tener un Plan de Gestión del Arbolado Urbano, tanto del arbolado viario como el de los parques y jardines. Este Plan debe ser fruto de un trabajo multidisciplinar y con participación pública, que incluyan necesariamente una evaluación del arbolado, protocolos de actuación para su conservación y correcto mantenimiento, y planes de gestión del riesgo y del peligro”. Ciudades como Barcelona, Madrid o Vitoria han aprobado ya sus planes de arbolado urbano.

En nuestro actual contexto de “emergencia climática” es muy urgente dotar a nuestros municipios de estos documentos de planificación y organización, para tratar y valorar nuestro patrimonio arbóreo con una visión moderna y sostenible, primando el interés público y  ambiental, y dirigidos a hacer nuestros pueblos y ciudades mejores y más vivibles.

Proponemos que se elaboren Planes Directores de Arbolado urbano que deberán cumplir con lo siguiente:

  • Abarcar un periodo mínimo de veinte o treinta años, para que pueda ser concebido desde una perspectiva de ciudad futura
  • Recoger previsiones de incremento de nuevas plantaciones con el objetivo de mejorar la ratio de árboles por ciudadano, que está muy por debajo de lo recomendado por la OMS.
  • Incluir como mínimo los siguientes documentos: Catálogo de árboles destacados; Documento de evaluación del arbolado de alineación; Protocolo de actuación para la conservación del arbolado; Protocolo de Mantenimiento del Arbolado; Plan de Gestión de Riesgos y Seguridad del Arbolado; Normativa técnica que regirá los pliegos de condiciones de los proyectos de edificación y rehabilitación de obra urbana relativa a la materia que nos ocupa.

Arbolado forestal

La política forestal en España, como decíamos más arriba, ha estado tradicionalmente enfocada a la producción de madera y papel. Durante la mayor parte del siglo XX las plantaciones forestales fueron realmente cultivos forestales de pinos y eucaliptos que en muchas ocasiones se implantaron sobre masas de arbolado o matorral autóctono. Se estima que aproximadamente un millón de hectáreas de bosque de frondosas, principalmente quercíneas, fueron sustituidos por cultivos forestales a lo largo del pasado siglo. Como forma de protección de la cabecera de los embalses, también se realizaron numerosas plantaciones, sobre todo de diversas especies de pino. La forma de hacer estas plantaciones se aleja mucho de la estructura de los bosques autóctonos de coníferas o frondosas. La plantación es muy compacta, para lograr “buenos fustes” que dan buenos tablones. Esto tiene como consecuencia la desestructuración de la vegetación, la pérdida de suelo y a la larga (de 30 a 50 años tras la plantación), el favorecimiento de las condiciones idóneas para la propagación de incendios forestales. También se ha observado cómo entre especies menos propensas a los incendios que los pinos y eucaliptos, como el alcornoque, se incrementan los incendios en las épocas en las que los productos del bosque, en este caso especialmente el corcho, bajan de precio.

En las dos últimas décadas del siglo pasado, las administraciones y en concreto la andaluza, empieza a asumir el papel ecológico de las masas forestales y su importancia en la lucha contra la desertización que en esa época gira en torno al proyecto LUCDEME (lucha contra la desertización del mediterráneo) Se elaboran planes que cambian completamente la filosofía de la política forestal, priorizando la regeneración de los ecosistemas forestales y la conservación del suelo frente a la producción de madera, que queda relegada principalmente a determinadas zonas de Andalucía Occidental. El Plan Forestal Andaluz, aprobado en 1989, recoge estos nuevos objetivos y marca el cambio de rumbo de la política forestal andaluza. Por su parte, la Unión Europea impulsa en la última década del siglo y la primera del S XXI, en el contexto de la Política Agraria Comunitaria (PAC) ayudas para la transformación de lo que se considera cultivos marginales, sobre todo de cereal, en zonas forestales. Se impulsa así el Plan de Forestación de Tierras Agrarias (PFA) con subvenciones a la repoblación forestal de cultivos marginales. Este plan, que prima más el uso de especies autóctonas en las reforestaciones impulsa el sector privado forestal que se expande y diversifica, generando empleo en el mundo rural durante el tiempo que estuvo vigente. El estallido de la “crisis” puso fin a las subvenciones para la reforestación de la PAC haciendo que el sector tuviese que reconvertirse, mientras que 30 años después de la aprobación del PFA, a mitad de su recorrido (programado para un periodo de 60 años) parece evidente que no se están cumpliendo sus objetivos, fundamentalmente porque los recursos se están empleando en la prevención y extinción de incendios en lugar de en la reforestación y mejora de las masas forestales.

Al igual que con el arbolado urbano, la sensibilización ciudadana por la reforestación de nuestros montes está en un momento pujante. Son muy numerosas las iniciativas y las organizaciones que se dedican a la reforestación, en muchos casos con un importante componente educativo. Los modelos de reforestación que estas organizaciones están llevando a cabo, son exitosos y deberían impulsar a la administración a retomar la inversión en el sector forestal.

En el contexto de la crisis climática es imprescindible reactivar el Plan de Forestación de Tierras Agrarias, dotándolo de presupuesto más allá de la prevención y extinción de incendios y reformulando los objetivos para adecuarlos al actual estado de emergencia climática y la previsible evolución de las condiciones ambientales en Andalucía.

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