Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía

EQUO VERDES ha presentado estas alegaciones al Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía

 

¿Qué puede llevar a un Gobierno autonómico a legislar fuera de sus competencias y presentar un decreto que es manifiestamente contrario a Derecho?

 

Ni se ha producido un debate acorde a la importancia del Decreto, ni éste ha tenido lugar en el momento adecuado, además de no haberse tenido en cuenta la necesaria preservación de posibles daños medioambientales, algo que está recogido y protegido por la legislación nacional.

Por ello en EQUO VERDES Andalucía hemos aprovechado el trámite de información que marca la tramitación reglamentaria para presentar alegaciones a este polémico Anteproyecto que si en algo consigue poner de acuerdo a todo el mundo es en su dudosa legalidad y su reprobable intento de aprovechar un momento especialmente delicado, como es la emergencia sanitaria provocada por la COVID19.

Con este Anteproyecto se pretende acabar con una figura tan importante como es la participación en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanística y de su evaluación ambiental, instrumento éste que está reconocido como de vital importancia por la legislación vigente tanto a nivel nacional como de la Unión Europea, y así lo hemos hecho constar en nuestras alegaciones.

Como dice nuestro coportavoz, Esteban de Manuel, el Gobierno de la Junta alega un motivo de seguridad jurídica, cuando este principio se configura como un principio de buena regulación, y ésta se encuentra directamente relacionada con que la iniciativa normativa se ejerza de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la U.E., para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas; por tanto, lo contrario a lo que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía que, aprovechando un periodo de emergencia sanitaria y en pleno periodo de alarma, ha tramitado y convalidado un Decreto que afecta a la modificación de 21 leyes y 6 decretos con un reducido número de parlamentarios.

El Gobierno del PP y C’s argumenta también que se pretende agilizar trámites administrativos, como si eso pudiera servir como excusa para eliminar la participación pública y mucho menos para acabar con la prevención de posibles repercusiones ambientales, cuando no directamente legalizar y dar por buenas edificaciones y planeamientos que han sido declarados nulos.

No podemos olvidar, y así lo hemos hecho constar en nuestras alegaciones, que el Anteproyecto modifica hasta 21 leyes y 6 decretos de gran importancia como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), Ley del Sector Público de Andalucía así como la Ley de medidas frente al cambio climático además de modificar el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados y el Reglamento de vertidos al dominio público hidráulico y al público marítimo-terrestre y del mismo modo se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de actuación en suelo no urbanizable. Y todo ello aprovechando un periodo de Emergencia Sanitaria.

Urbanismo en MarbellaAdemás no se ha perdido el tiempo y han decidido facilitar la regularización de edificaciones contrarias a la legalidad urbanística, algo que, como hemos destacado en nuestras alegaciones, resulta radicalmente opuesto a la doctrina del TS que es totalmente contrario a esta práctica, considerando que las obras llevadas a cabo seguirán siendo ilegales por disconformes con la ordenación urbanística aplicable y no puede admitirse la “sanación” de la ilegalidad por el mero transcurso del tiempo dado que se estaría admitiendo la adquisición de facultades urbanísticas contra norma.

Por otro lado la ley exige la necesaria evaluación ambiental estratégica para los planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos que se refieran a sectores básicos como son la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo, así como a aquellos que afecten a espacios comprendidos en la Red Natura 2000, algo que el ejecutivo andaluz ha pasado por alto y pretende obviar.

Si todo esto fuera poco, la pretendida exclusión por parte del Gobierno andaluz de ciertos planes urbanísticos es algo que está fuera de las competencias que le corresponden puesto que ha quedado acreditado por la máxima instancia judicial que los estudios y planes menores urbanísticos sí tienen efecto sobre el medio ambiente y éste es una competencia legislativa del Estado.

Con todas estas actuaciones y modificaciones lo que se pretende es la exclusión en la tramitación de esos planes de la evaluación ambiental estratégica, prescrita por las normas estatales, y supone, en la práctica, la reducción de los niveles mínimos de protección establecidos por la legislación básica, con la consiguiente vulneración de la competencia estatal en materia de medio ambiente.
Por todo ello queda demostrado en nuestras alegaciones el carácter manifiestamente contrario a Derecho de este Decreto y por ello hemos solicitado su anulación.

 

Puedes ver AQUÍ las alegaciones presentadas

 

 

¡Únete a EQUO VERDES Andalucía!

 

 

Deja una respuesta